Balance del Defensor

2.3 Educación

Una de las consecuencias más preocupantes de la crisis en el ámbito de la educación es, a nuestro juicio, el de aumentar la desigualdad entre el alumnado, con mayor riesgo al tratarse de menores de edad. En este sentido, quienes continúan teniendo problemas para una inclusión real, más allá de proclamas y principios teóricos, son los alumnos y alumnas afectados por algún tipo de discapacidad. Las quejas sobre educación especial siguen creciendo, en este ejercicio, un 12% más que en el año anterior.

Es cierto que se han realizados avances. Se ha apostado de manera decidida por la inclusión de este alumnado en los centros ordinarios, al igual que se han ido adaptando muchos inmuebles donde se ubican colegios e institutos para eliminar barreras arquitectónicas, permitiendo una accesibilidad plena para el alumno con discapacidad física.

Sin embargo, advertimos con preocupación la no dotación de estos recursos personales a los centros educativos. La Administración educativa la fundamenta en cuestiones presupuestarias u organizativas, dejando en un segundo plano el interés superior de los alumnos con discapacidad.

A nuestro criterio, el éxito en una política que dice propugnar la integración educativa del alumnado con discapacidad debe medirse por la capacidad de la Administración de solventar los déficits educativos de estas personas sin acudir a medidas de discriminación o limitación de derechos que no estén absolutamente justificadas en términos de satisfacción del interés superior del menor.

Nada que argumentar respecto a la necesidad de que exista una distribución equilibrada de los recursos públicos. Ahora bien, nunca esa aludida distribución puede servir de fundamento para no proporcionar a los centros educativos los apoyos materiales y personales que precisen.

Nos seguimos encontrando con la ausencia o escasez de profesionales técnicos de integración social (antiguos monitores escolares). Han sido muchas las quejas -a instancia de parte o de oficio- que denuncian la ausencia de estos profesionales en los colegios de Enseñanzas infantil y primaria o en los Institutos de Educación Secundaria para atender al alumnado con algún tipo de discapacidad. Asimismo, un año más hemos realizado un seguimiento del Plan de actuación de los centros específicos de educación especial 2012-2015. La vigencia del mencionado Plan concluyó en 2015, si bien todavía restan por poner en marcha medidas de suma trascendencia: ratio profesor-alumno, infraestructuras y servicios complementarios.

En cuanto a la desigualdad, mención aparte debemos hacer a los casos de acoso escolar en las aulas. El informe especial elaborado por esta Institución titulado Acoso Escolar y Ciberacoso: Prevención, Detección y Recuperación de las Víctimas, presentado en marzo de 2017 en la Comisión de Educación del Parlamento de Andalucía, ha tenido una importante repercusión en todos los ámbitos educativos, así como en los distintos medios de comunicación social. En nuestro informe constatamos que, si bien afirman algunos expertos en psicología no existe un perfil único de víctima, se evidencia que tienen mayores probabilidades de ser atacados por sus compañeros los alumnos y alumnas que de alguna manera son “diferentes” o que “se comportan de manera diferente”. En este Informe aludimos a las peculiaridades de este fenómeno cuando la víctima resulta más vulnerable por padecer una discapacidad.

En otro orden de cosas, a numerosas familias les sigue preocupando el estado en el que se encuentran algunas infraestructuras escolares, con la irrupción este año de protestas por problemas de climatización, en concreto, por la ausencia de aire acondicionado en las aulas donde eran necesarias.

Tampoco ayuda a la igualdad en la educación que alumnos que necesitan ayudas públicas sufran demoras en el abono de las mismas. Es el caso de las becas 6000, concebidas expresamente para alumnos en riesgo de exclusión social. En materia universitaria, el problema principal de este ejercicio ha estado en que la aportación complementaria del Estado por la beca Erasmus no está siendo pagada a los centros docentes andaluces por no contar con NIF propio, así como otros premios o cantidades en distintos conceptos.