Balance del Defensor

2.4 Servicios Sociales

En este apartado reseñamos las problemáticas más destacadas sobre colectivos específicos como son las personas con discapacidad, mayores, personas sin hogar, en situaciones de vulnerabilidad, usuarias de los servicios sociales comunitarios, o a prestaciones sociales concretas como es el programa de Solidaridad de los Andaluces para la erradicación de la marginación y desigualdad en Andalucía, recientemente derogado.

Desde su aprobación en los años anteriores a la crisis, el derecho a la dependencia se ha visto muchas veces privado de su auténtica naturaleza jurídica, por la vía de la infradotación presupuestaria, sin que éste acabe de ocupar el sitio que le corresponde por su trascendencia social y por su configuración legal.

Así, nos siguen denunciando retrasos en la tramitación del procedimiento administrativo. Estas dilaciones siguen afectando por igual a cualquiera de los momentos del expediente administrativo, ya se trate de la valoración y reconocimiento del grado de dependencia, ya de la elaboración y aprobación del recurso prescrito o propuesto en el PIA, o bien de su revisión o replanteamiento. El incumplimiento administrativo de los plazos genera una tramitación media de hasta dos años, cuadriplicando con ello el máximo legal.

En estrecha conexión con el apartado dedicado a la inobservancia del deber legal de resolver en plazo los expedientes de dependencia, se encuentra el de la insuficiencia de plazas residenciales públicas y concertadas. Subyace en ambos el recurrente argumento de la limitación de la disponibilidad presupuestaria. La problemática es mayor cuando se trata de recursos residenciales destinados a perfiles específicos de personas dependientes, debido a su escasez.

También hemos detectado un incremento significativo, con respecto a años anteriores, de quienes denuncian una situación de indigno trato residencial de nuestros mayores dependientes. Algunos de estos relatos procedían incluso de profesionales sanitarios que, por razón de su oficio, visitaban asiduamente a los mayores residentes. En cuanto a la defensa de los derechos de las personas mayores, colectivo que en gran medida ha servido de sostén de muchas familias en los últimos tiempos, seguimos investigando las actuaciones que ofrecen las administraciones públicas a las personas mayores que viven solas.

Las personas con discapacidad son otro de los colectivos a los que dedicamos especial atención. Esta Institución debe requerir a las Administraciones públicas a que cumplan con los mandatos constitucionales, estatutarios y legales en favor de la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Y, aunque los condicionantes de índole presupuestaria hayan dificultado dicho cumplimiento, es necesario que por parte de estas entidades públicas se adopten las medidas de acción positiva necesarias que permitan hacer efectivo los derechos de estas personas en el ámbito público. Esperemos que la Ley 4/2017, de 25 de septiembre de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, contribuya a corregir estas desigualdades.

En cuanto a la producción normativa, a finales del año 2016 entró en vigor la nueva Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, que respondía a la demanda existente de un nuevo marco jurídico para esta cuestión. Entre las principales novedades que aporta la citada ley al Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía se encuentra la universalización de los derechos de todas las personas a prestaciones y servicios como los de información, valoración, orientación y asesoramiento, la ayuda a domicilio, la atención en urgencia social, los servicios de protección de menores en situaciones de riesgo o desamparo, las prestaciones económicas contra la exclusión y para la erradicación de la marginación y la desigualdad, la protección jurídica y social de personas con capacidad limitada, las prestaciones ligadas a las situaciones de dependencia o servicios relacionados con programas de drogodependencias, entre otros.

A pesar de contar con una nueva Ley de Servicios Sociales en Andalucía, hasta tanto no se desarrollen reglamentariamente aspectos esenciales como el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales, y sobre todo se mejore la dotación económica en las partidas presupuestarias correspondientes, no se materializará una mejora sustancial en los preocupantes datos de pobreza en nuestra comunidad.

Una de los recursos más demandados para evitar la pobreza es la concesión de unos ingresos mínimos o renta de inserción. En Andalucía hemos contado desde 1991 con el Programa de Solidaridad de los andaluces para la erradicación de la marginación y desigualdad, que considerábamos obsoleto y que en este año 2017, se ha derogado. Estaremos atentos a la consignación presupuestaria anual y a la ejecución de la recién aprobada Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, dado que se trata de una prestación garantizada, por lo que no deben volver a darse situaciones como las del pasado: miles de solicitudes en espera de consignación presupuestaria para ser aprobadas.

También nos preocupan las políticas, y por ende la financiación, de las medidas para la defensa de las mujeres víctimas de violencia de género. Las estadísticas siguen mostrando que todavía persisten importantes desigualdades entre hombres y mujeres, al igual que en los países de nuestro entorno. Es evidente que, en muchos ámbitos, se han eliminado discriminaciones y que las desigualdades también han disminuido, pero aún quedan otros en donde la falta de igualdad se sigue manifestando con toda su crudeza, como es el caso de la violencia contra las mujeres. Hemos iniciado una voluminosa queja de oficio en la que investigamos la aplicación práctica de los protocolos y si la gestión de la coordinación es adecuada. Nos hemos dirigido a las Consejerías de Justicia, Educación, Salud e Igualdad y Políticas Sociales, así como a todos los entes locales.