A examen la nueva gestión de los centros de educación infantil de 0 a 3 años

En 2017 se ha implementado un nuevo modelo de gestión de los centros educativos del primer ciclo de educación infantil que no ha dejado indiferente.

Desde la entrada en vigor del Decreto-ley 1/2017, de 28 de marzo, de medidas urgentes para favorecer la escolarización en este ciclo, se han repetido las muestras de descontento por los profesionales del sector, sindicatos y familias.

La primera crítica es haber sido elaborada sin consulta ni consenso de los principales afectados, imponiendo unas nuevas condiciones que consideran perjudiciales desde el punto de vista económico.

La norma introduce un novedoso sistema de bonificaciones a las familias por el coste de los servicios, así como un nuevo modelo de gestión de las escuelas de titularidad municipal y centros de titularidad privada.

Ahora las familias acceden a la ayuda pública por un procedimiento de concurrencia competitiva cuya concesión está limitada por las disponibilidades presupuestarias de cada convocatoria. En principio, se prevé una convocatoria ordinaria, coincidente con el procedimiento ordinario de escolarización, y otra extraordinaria para cuando el niño o la niña no hubiese alcanzado las 16 semanas de vida a 1 de septiembre y, por tanto, no hubiese podido participar en el procedimiento ordinario.

Por su parte, cualquier escuela o centro específico de educación infantil que no sea de titularidad de la Junta de Andalucía, podrá adherirse al nuevo sistema convirtiéndose desde entonces en entidades colaboradoras de la Agencia Pública Andaluza de Educación para la entrega y distribución de los fondos públicos a las personas bene-ficiarias y para la gestión y colaboración en la gestión de las ayudas.

“ En cuanto a las ayudas a las familias, se han aumentado los tramos de renta subvencionables y de porcentajes de bonificación”

En cuanto a las ayu-das a las familias, se han au-mentado los tramos de renta subvencionables y de porcentajes de bonificación, por lo que, también en principio, deberían ser más los niños que puedan beneficiarse de alguna de ellas.

Pero no ha sido así. El nuevo sistema -critican patronal y sindicatos- discrimina a los centros adheridos frente a las escuelas de titularidad de la Junta de Andalucía por la existencia de presupuestos diferenciados. Aunque la cuantía de ambas partidas presupuestarias es idéntica (175.385.433 € para el ejercicio de 2017), en la actualidad son unas 800 las escuelas de titularidad de la Junta de Andalucía mientras que la cifra de los centros adheridos se eleva a 1.800. Una misma cantidad para distintos divisores.

También el acceso al sistema de ayudas para las familias es radicalmente diferente: quienes acceden a una plaza en un centro público pueden beneficiarse de las bonificaciones en cualquier momento del curso, mientras que aquellas familias con plaza en centros colaboradores sólo se benefician si concurren a las respectivas convocatorias, en el plazo establecido, y supeditadas a la disponibilidad presupuestaria.

Según datos facilitados por los propios centros, puede hablarse de que esta incidencia ha afectado a un 40% de las familias, y que muchas de ellas han tenido que renunciar a la plaza, asegurando que, en al menos un 80% de los centros colaboradores algunas plazas se han quedado vacantes por no poder hacer frente las familias al coste.

Otro problema del nuevo sistema tiene como protagonista a los niños en situación de grave riesgo y a aquellos otros que son víctima de violencia de género o víctimas de terrorismo.

Ahora para que estos menores puedan disfrutar de la gratuidad y del comedor escolar, se han de matricular necesariamente en un centro público. De hacerlo en un centro adherido deberán matricularse obligatoriamente cuando esté abierto el plazo para concurrir a una convocatoria de ayudas, puesto que de lo contrario, al no haber disponible presupuesto específico para ellos, no hay posibilidad de financiar su plaza al 100%.

Según denuncian una vez más, patronales y sindicatos, se están produciendo las circunstancias de que menores que se encuentran en esta situación vulnerable están en lista de espera de las escuelas de educación infantil de la Junta de Andalucía porque no hay plazas, mientras que existen plazas vacantes en centros colaboradores a las que no pueden acceder de manera gratuita al pretenderse su matriculación en momentos en los que no existía convocatoria (queja 17/6670).