Presentación

Un año más, me complace presentarles nuestra revista informativa, con una recopilación de los temas que más nos han preocupado en 2017 o que han requerido una atención especial de esta Institución en su tarea de control de la actuación de las administraciones para la defensa y protección de los derechos humanos fundamentales de la ciudadanía.

Esta revista supone, sin duda, un fiel reflejo del ejercicio de referencia, que, nuevamente, se ha caracterizado por advertir de las consecuencias de la crisis económica en importantes sectores de la población, los más vulnerables, que se han visto afectados por la pérdida de sus derechos y el incremento de la desigualdad.

Así, en nuestra sección A debate recordamos el desafío al que nos enfrentamos para conseguir la integración real en nuestra sociedad de las personas migrantes y refugiadas. Un desafío que tiene mucho que ver con el modelo de ciudad que estamos construyendo, cuyas pautas han quedado recogidas en la Nueva Agenda Urbana y su apuesta por ciudades inclusivas, sostenibles e inteligentes.

Dos grandes retos que se suman a otros muchos que conforman nuestro día a día, por lo que su definición y garantía de desarrollo es el punto de inflexión para nuestra labor. A ellos les hemos dedicado un espacio en el capítulo Nuestras Propuestas, donde hemos querido llamar la atención por la protección de Doñana, los continuos retrasos en las ayudas al alquiler de vivienda o la necesidad de que se cumplan los principios de la Ley de Transparencia como mejor garantía de una buena gobernanza, más accesible, transparente y justa.

También hemos querido denunciar otras muchas situaciones que afectan a nuestros mayores -plazas residenciales, exclusión financiera-; a los menores -alumnado con discapacidad, escolarización, infraestructuras escolares-; a nuestros universitarios -becas y pruebas de acceso a la Universidad-, a las personas reclusas andaluzas, dentro y fuera de nuestra Comunidad, y mayor protección de las personas dependientes y de las mujeres, víctimas de violencia de género.

Hemos reclamado más recursos para acabar con el colapso en los juzgados, sobre todo para las cláusulas suelo, o para resolver la atención extrahospitalaria urgente en el ámbito rural, cuando el tiempo es salud.

Y hemos llamado la atención sobre el bono social eléctrico, el transporte público urbano, la necesidad de reciclar, un mejor control del fraude eléctrico que no suponga una mayor indefensión del consumidor y medidas para evitar los lanzamientos judiciales de vivienda a familias con mayores necesidades.

También hemos continuado con la visita a las distintas comarcas andaluzas para pulsar las preocupaciones de la ciudadanía in situ. Y, con una mediación profesionalizada, que ha ampliado su servicio prácticamente a todos nuestros ámbitos de actuación; empleo, vivienda, salud, educación, etc.

En nuestro apartado de Informes Especiales, y bajo el título Morir en Andalucía. Dignidad y Derechos, hemos impulsado un debate social que favorezca la adopción de las medidas necesarias para que la garantía del derecho de las personas a vivir con dignidad su proceso de muerte sea plena.

Y seguimos trabajando con el objetivo de que nuestras intervenciones tengan una repercusión positiva en la conducta de las administraciones, y así lo contamos en el capítulo de Datos, con detalle de las quejas y consultas gestionadas, fiel testimonio de las voces de las más de 170.000 personas que han acudido a la Institución

Sirva este trabajo para acercarnos un poco más a la realidad de nuestra comunidad autónoma, insistiendo, como ya adelantábamos el año pasado, en la necesidad de reforzar el sistema de protección social y el Estado de Bienestar de cara a las décadas venideras en las que madurarán riesgos sociales asociados al envejecimiento, la exclusión laboral, la discapacidad y la integración de la segunda generación de personas inmigrantes.

Como siempre, en esa tarea pueden encontrarnos.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada

Defensor del Pueblo Andaluz