Este año, la Institución del Defensor del Pueblo Andaluz ha celebrado sus primeros 40 años de existencia con un mensaje muy potente a la ciudadanía: No asumas como normal lo inaceptable. De esta manera hemos advertido sobre el riesgo de pérdida o retroceso en el disfrute de los derechos sociales, a la par que hemos alentado a utilizar esta herramienta para seguir reivindicando los derechos que nos protegen en una sociedad democrática.

En mi opinión, el mensaje ha cumplido con el objetivo propuesto y ha calado en los testimonios recibidos de los ciudadanos y ciudadanas. En estas cuatro décadas nunca antes se habían alcanzado cifras similares en la confianza depositada en esta Institución por la ciudadanía. Se han rebasado por primera vez las 10.000 quejas nuevas iniciadas en un año. Sumados los expedientes procedentes de ejercicios anteriores y que se tramitaron en este ejercicio; otras 70 investigaciones elaboradas de oficio a instancias de la propia Institución, y las 16.400 consultas atendidas, el Defensor del Pueblo andaluz acometió más de 31.000 actuaciones en 2024, 85 al día, a las que habría que añadir las acciones de promoción de la propia Institución para redondear en casi un centenar el trabajo diario de este comisionado parlamentario para beneficiar a las más de 46.000 personas que acudieron a esta Oficina en el ejercicio de referencia.

Finalizado mi segundo y último mandato de cinco años tras su renovación en 2019, conozco bien el compromiso de esta Institución con los andaluces, tanto de cercanía y dedicación en el acompañamiento de tantas personas que intentan recuperar sus derechos, como de su ordenamiento jurídico como instrumento para satisfacer la preservación de la dignidad de las personas. De hecho, las actuaciones que han tenido este objetivo como principal cometido han supuesto el 58% del total, consolidándose como el primero de nuestros ejes en línea con los principios de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Le han continuado las acciones en beneficio del Planeta y la Prosperidad (37%), así como el trabajo por la garantía de los derechos humanos, en pro de una cultura de paz y de justicia (5%).

De hecho, la salud, la dependencia y la vivienda -junto a las actuaciones planteadas por los trabajadores y trabajadoras del sector público- han acaparado una de cada tres actuaciones del Defensor del Pueblo andaluz en 2024.

Parece evidente que nos enfrentamos a una brecha entre las necesidades sociales y la capacidad de los servicios públicos para dar respuesta a estas. Por ese motivo, mantenemos el compromiso de acercarnos a la ciudadanía y a los agentes sociales, entre otras, con las visitas a las comarcas (Levante de Almería; La Janda de Cádiz; Campiña sur de Córdoba; Campiña de Jaén; Condado de Huelva; Torremolinos y Fuengirola) para paliar la sensación de olvido o inaccesibilidad que muchos andaluces manifiestan sentir por vivir en un entorno rural. También hemos celebrado más de 270 mediaciones para propiciar el diálogo, la cooperación y la solución de problemas entre la ciudadanía y las administraciones públicas, con un notable porcentaje de acuerdos. Asimismo, las XXXVII Jornadas de Coordinación de Defensorías del Pueblo organizadas por el Ararteko vasco el pasado octubre se ocuparon de La labor de las defensorías en la promoción del derecho a la buena Administración.

Todas estas acciones son necesarias, más aún cuando una parte de la ciudadanía tienen pocas expectativas de que las administraciones resuelvan sus problemas. En respuesta, los defensores actúan como dique de contención con una convicción clara: las instituciones de garantía de derechos son útiles y eficaces por sí mismas, como voces vivas de reafirmación del Estado social y democrático de derecho y voz de muchas personas que viven situaciones de desigualdad, que carecen de otra forma de hacerse oír y de hacer valer sus derechos.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada

Defensor del Pueblo andaluz en funciones.