Imprimir2.1 Empleo
El año 2015 ha estado marcado por la caída registrada del desempleo y por el aumento habido en el número de ocupados.
Así, según se desprende de la Encuesta de Población Activa correspondiente al cuarto trimestre del año, el paro bajó en España en 678.200 personas, un 12,4% por debajo a 2014, logrando de este modo un tercer decremento anual consecutivo y la mayor caída de la serie histórica.
Por su parte, el empleo creció en 525.100 personas, cerca de un 3% más, lo que supone el segundo aumento anual consecutivo y el más elevado desde el comienzo de la crisis. De esta forma, al cierre del ejercicio se registraron 18.094.200 ocupados, su nivel más alto desde el cuarto trimestre de 2011, y 4.779.500 parados, la cifra más baja desde finales de 2010. La tasa de desempleo fue del 20,9% al finalizar el año, un 2,8% menor que 2014 y su nivel más bajo desde el segundo trimestre del año 2011.
En el caso particular de Andalucía el paro ha bajado a lo largo del año 2015 en 197.400 personas, lo que supone un 14,15% menos de desempleados que en 2014 y la mayor bajada en términos absolutos con respecto al resto de Comunidades.
Por consiguiente, el número total de desempleados se sitúa en 1.198.300 parados y la tasa de paro en el 29,3%, cerca de 5 puntos porcentuales menos que a finales de 2014 y 7 por debajo de la tasa de paro registrada en el año 2013.
En lo que a creación de empleo se refiere, la EPA correspondiente al cuarto trimestre de 2015 también ofrece datos positivos para nuestra Comunidad.
Así, durante el año 2015 ha habido 137.500 ocupados más, un 5,13% por encima de 2014, llegando a los 2.819.400 de personas ocupadas. Y es que, no en vano, durante el cuarto trimestre del año Andalucía se ha situado por delante de las demás comunidades autónomas en cifras absolutas de creación de empleo.
Sin embargo, estos datos que en sí mismos resultan positivos y esperanzadores, llevan aparejado un hondo problema que, a nuestro juicio, merece ser afrontado con el máximo rigor y con la mayor celeridad. Nos referimos a la precarización del mercado laboral y a la escasa calidad de los nuevos puestos de trabajo.
En este sentido, la mayoría de los nuevos contratos son temporales y su duración es cada vez menor. En efecto, los datos indican que la tasa de temporalidad va en aumento, situándose en el 25,6%, un 1,4% más que en 2014, de tal forma que mientras el empleo indefinido crece al 1,5%, el temporal lo hace tres veces más deprisa. 
Por su parte, los contratos a tiempo parcial aumentan de forma ostensible, al mismo tiempo que la remuneración de los nuevos empleos se ve notablemente reducida. Y, los nuevos empleos se registran mayoritariamente en sectores de la economía en los que se genera menor valor añadido.
Estas circunstancias, unidas al debilitamiento de la negociación colectiva, son las que han llevado a alertar desde diversos sectores sobre la existencia de trabajadoras y trabajadores pobres.
Pues bien, con la finalidad de hacer frente a esta situación, especialmente en materia de desempleo, el Gobierno andaluz ha puesto en marcha entre los años 2014 y 2015 todo un conjunto de medidas.
Las mismas se contienen en el Decreto-ley 6/2014, de 29 de abril, por el que se aprueba el Programa Emple@Joven y la Iniciativa @mprende+; el Decreto-ley 9/2014, de 15 de julio, por el que se aprueba el Programa Emple@30+, así como en el Decreto-ley 2/2015, de 3 de marzo y en la más reciente Ley 2/2015, de 29 de diciembre, ambos de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo, conjunto normativo con el que se pretende dar una respuesta al grave problema del desempleo juvenil así como a los desempleados mayores de treinta o más años.
Pese a ello, estas Políticas Activas de Empleo auspiciadas desde la Administración autonómica se siguen viendo enormemente lastradas por los severos y consolidados recortes presupuestarios impuestos desde el Gobierno de la nación, de tal forma que en el ejercicio 2015 el Estado ha destinado tan sólo un 36% de los fondos que destinaba en 2011, y ello a pesar de la inasumible tasa de paro que, pese a la reducción habida del desempleo, se sigue registrando hoy día en Andalucía.
A estas dificultades se une también la demora registrada en las transferencias de fondos y en los pagos comprometidos, que ocasionan evidentes efectos colaterales en la actividad que en este sector prestan las entidades colaboradoras, que se ven abocadas a graves dificultades financieras cuando no al cierre; circunstancias éstas a las que se añade a su vez el hecho de que los fondos estatales afectos a las políticas activas de empleo se abonen en el ejercicio presupuestario siguiente, lo que viene a dificultar aún más la gestión eficaz de tales políticas.
Asimismo, en el ámbito específico de los programas de Formación Profesional para el Empleo se constata la ingente incidencia que está teniendo la concurrencia de la fiscalización operada por la Cámara de Cuentas de Andalucía y por la intervención general de la Junta de Andalucía, de los procesos judiciales por presuntos supuestos de fraude en subvenciones y el doble proceso de reestructuración administrativa llevado a cabo en este ámbito en los últimos 3 años que ha supuesto el traspaso de competencias de la Administración de Empleo a la Administración Educativa para su posterior reversión.
Igualmente destacable en este ámbito resulta la problemática analizada a lo largo del ejercicio atinente a las Escuelas de Formación para el Empleo.
En este sentido, a través de numerosos expedientes de queja y de la personación de distintos colectivos afectados se evidenció la práctica paralización de la actividad formativa de los Consorcios Escuela, el deterioro de los centros como consecuencia de su cierre y la demora padecida por trabajadores y trabajadoras para la percepción de sus sueldos; una problemática derivada de la regulación contenida en las leyes estatales de racionalización y sostenibilidad del sector público y de la Administración local, que impide la participación de las entidades locales en la red formativa autonómica.
En lo atinente al sector público debe significase la enorme pérdida de empleo público habida a lo largo de los últimos años, que se cifra en unos 35.000 empleos públicos en Andalucía, en el periodo 2010-2015, para las tres Administraciones territoriales.
No obstante lo anterior, en el año 2015 se ha apreciado un tímido punto de inflexión a partir de la aprobación de las leyes de Presupuestos del Estado y de la Comunidad Autónoma de Andalucía para dicho ejercicio, toda vez que las mismas excepcionan la prohibición general de incorporación de nuevo personal al sector público en determinados sectores, autorizando en los mismos una tasa de reposición de hasta el 50 por ciento de las jubilaciones producidas en el ejercicio precedente.
En este sentido, en el ámbito de Administración sanitaria autonómica se ha ofertado un total de 1.875 plazas (de acceso libre y promoción interna); en el ámbito educativo, un total de 1.810 plazas; en el ámbito de la Administración General un total de 540 plazas; y en menor número, las correspondientes a la Administración de Justicia e instrumental.
Esta circunstancia ha tenido su correspondiente traslación a la Encuesta de Población Activa correspondiente al cuarto trimestre del año, a partir de la cual se constata un incremento en la tasa de creación de empleo público que, en términos globales, alcanza el 2,5% anual; un dato esencialmente positivo aunque, a nuestro juicio, insuficiente para garantizar los niveles de calidad que requiere la prestación de los servicios públicos, en clara consonancia con el derecho a la buena administración prevenido en el artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.