3.2 Vivienda
En el apartado de vivienda reiteramos la necesidad de superar la cultura basada en la propiedad, permitiendo así que se abran paso nuevas políticas públicas orientadas al alquiler, a la rehabilitación y a la regeneración y renovación urbanas, que respondan a las necesidades reales que presenta la población de cada lugar.
Asimismo demandamos el impulso de iniciativas legislativas que vayan orientadas a garantizar la efectividad del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, incluidas las de índole presupuestaria habida cuenta la dotación insuficiente con la que se cuenta en la actualidad.
Junto a ello, abogamos por las siguientes medidas que se nos antojan especialmente relevantes:
Que de forma inmediata las viviendas que gozan de algún tipo de protección y que se encuentran vacías o desocupadas, se destinen al fin por el que fueron construidas.
Entendemos que ha llegado el momento de apostar por un gran parque de viviendas protegidas en régimen de alquiler, con un mayor control de su uso y ocupación, y engrosado en buena medida por inmuebles existentes convenientemente rehabilitados y, cómo no, por una parte sustancial del enorme parque de viviendas vacías tituladas por entidades financieras, dándoles salida en un plazo determinado y de manera eficiente. Y, en su caso, sancionar, si no se destinan a la función social que justificó su construcción.
No puede darse la paradoja de que existan viviendas construidas con ayuda pública que se encuentran vacías y sin ocupar mientras que muchas familias no pueden pagar la hipoteca o el alquiler e incluso son desahuciadas por estas causas.
Que se reserve un porcentaje de estas viviendas a los colectivos más vulnerables y a personas con especial necesidad de un techo digno.
Que se agilicen los sistemas de adjudicación de viviendas, donde consideramos más justo que se realice por un sistema de baremación basado en criterios sociales y no por sorteo.
Que se adopten medidas para superar las disfunciones detectadas en la gestión de las ayudas a la vivienda, de tal forma que se eviten los retrasos en la resolución de las convocadas y en el pago de las ya reconocidas.