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Investigamos la situación del personal funcionario interino de la Junta de Andalucía, afectado por el Decreto Ley 5/2013

Actuación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en el expediente 17/2618 dirigida a Consejería de Hacienda y Administración Pública, Secretaria General para la Administración Pública

A finales del mes de abril, mantenemos reunión en esta sede institucional con varias personas incluidas en el ámbito de aplicación del art. único apartado 2, del Decreto Ley 5/2013, de 2 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas sobre el empleo del personal funcionario interino en la Administración General de la Junta de Andalucía, para el mantenimiento de la calidad y eficiencia de los servicios públicos a la ciudadanía.

En su exposición nos trasladan la situación socio-laboral en la que se encuentran (en desempleo, desde hace más de nueve meses), y manifiestan que no se estarían cumpliendo los objetivos que motivaron la aprobación de dicho Decreto- Ley, por cuanto no han sido aún convocados para la cobertura de puestos de trabajo en la Administración General de la Junta de Andalucía y más cuando la justificación de las medidas adoptadas han sido marcadas por la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

En ese sentido, nos remitimos al contenido del preámbulo del Decreto Ley 5/2013, que nos dice, entre otros, lo siguiente:

Las medidas de racionalización del gasto y reducción del déficit público adoptadas con carácter general por las Administraciones Públicas están sometiendo a éstas a un proceso de redimensionamiento de sus recursos humanos que afecta, en ocasiones, a personal que por su edad plantea especiales problemas de reinserción en el mundo laboral...”

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La Junta de Andalucía no puede ser ajena, en su política de personal, a la actual coyuntura de crisis que afecta al mercado de trabajo en general y que contribuye a que la edad sea un obstáculo para el acceso al empleo y la ocupación....”

Por los antecedentes que deben constar en esa Secretaria General, con motivo de las actuaciones llevadas a cabo con ocasión del expediente de queja Q13/4535, trasladamos por primera vez nuestra preocupación por el personal afectado por el Decreto-Ley 5/2013, de 2 de abril, y la necesidad de su reincorporación al servicio activo, instándole a la adopción de las medidas oportunas para facilitar su nombramiento como funcionario interino.

Por otra parte, este Comisionado ha tenido conocimiento de la iniciativa adoptada por las organizaciones sindicales (Csif-Andalucía, Iniciativa Sindical Andaluza y UGT- Andalucía), y que comparte plenamente, contenidas en la petición dirigida a la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, con fecha 30 de enero pasado, sobre la cobertura de puestos de nivel básico de los diferentes cuerpos y escalas de funcionarios que resultan desiertos tras su ofrecimiento para provisión al amparo del artículo 30 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía y una vez entrado en vigor la aplicación de la jornada laboral ordinaria de 35 horas semanales, la puesta en marcha de lo previsto en el art. 13 de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2017, sobre autorización de contratación de personal funcionario interino.

Por ello, hemos procedido abrir queja de Oficio, en aplicación de lo establecido en el art. 1.1, en relación con el art. 10.1 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre del Defensor del Pueblo Andaluz, ante la Secretaria General para la Administración Pública, con objeto de conocer la situación en la que se encuentra la iniciativa presentada por las organizaciones sindicales antes reseñada.

Lo anterior por cuanto posibilitaría incrementar el número de puestos de trabajo al personal afectado y con ello dar solución de continuidad, evitando interrupciones prolongadas por cese entre los sucesivos nombramientos como personal funcionario interino más vunerable acogidos al Decreto Ley 5/2013.

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29 Comentarios
Precarizados+50AGJA (no verificado) | Febrero 16, 2018

¿POR QUÉ LOS INTERINOS LONGEVOS DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA SOMOS DISCRIMINADOS Y PRECARIZADOS RESPECTO A OTRO PERSONAL INTERINO EN IGUALDAD DE CONDICIONES?

Decreto 302/2010, de 1 de junio, por el que se ordena la función pública docente y se regula la selección del profesorado y la provisión de los puestos de trabajo docentes.

Disposición transitoria primera. Personal funcionario interino mayor de cincuenta y cinco años.
1. De conformidad con lo establecido en la disposición transitoria segunda de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, se garantiza la estabilidad laboral al personal funcionario interino asimilado a los distintos cuerpos y especialidades docentes que, durante los años de implantación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, haya cumplido cincuenta y cinco años de edad y tenga reconocido, al menos, cinco años de servicio en las bolsas de trabajo de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Precarizados+50AGJA (no verificado) | Febrero 8, 2018

LOS INTERINOS LONGEVOS MAYORES DE 50 AÑOS TAMBIEN PIDEN A LA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA UN DECRETO "URGENTE E INMEDIATO" QUE PONGA FIN A SU SITUACION DE PRECARIEDAD

Susana Díaz reclama la equiparación salarial de Policía Nacional y Guardia Civil "por decreto urgente si no hay PGE"

EuropaPress Sevilla - Viernes, 02/02/2018

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha reclamado este viernes al Gobierno la equiparación salarial de Policía Nacional y Guardia Civil con las policías autonómicas a través de un decreto "urgente e inmediato" en el caso de que no vaya a haber Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018.

Precarizados+50AGJA (no verificado) | Febrero 6, 2018

LOS FUNCIONARIOS INTERINOS DE LA ADMINISTRACION GENERAL MAYORES DE 50 AÑOS SON LOS PRIMEROS EMPLEADOS PÚBLICOS VÍCTIMAS DEL ERE ENCUBIERTO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA, 6 Feb. (EUROPA PRESS)
Sindicato ISA se movilizará y pedirá dimisiones en la Junta al no detallar la oferta para Administración General

La Iniciativa Sindical Andaluza (ISA) ha pedido la dimisión de la directora general de Función Pública, o en su caso cese por parte de la consejera de Hacienda y Administración Pública, si no se soluciona la ausencia de información detallada acerca de la oferta extraordinaria de empleo público de la Junta relativa a la Administración General, ante lo que ha anunciado que convocará movilizaciones provinciales y autonómicas durante febrero.
El sindicato ha explicado que está en marcha las convocatorias del personal sanitario y educativo, "pero las de Administración General siguen sin saberse en qué términos se producirán ni qué bases regirán para que las 1.744 personas que actualmente prestan sus servicios como personal interino en Administración General puedan acceder a la función pública andaluza".
La central sindical ha advertido de que "las expectativas de esas 1.744 personas están sufriendo una situación contradictoria, pues, por un lado, se anuncia su posible estabilización o consolidación, y, por otra, se encuentra con la oferta de muchas de esas plazas en otros procesos selectivos, lo que conllevaría a la eliminación de ese número de plazas, quedando la anunciada oferta extraordinaria en una reducción encubierta de las mismas, dejando sin efecto el acuerdo firmado en el Estado, y el de Mesa General de Negociación de la Junta de Andalucía, y encontrándose con cientos de ceses a corto plazo, contraviniendo lo establecido por sentencia, dejando a estas personas al borde de la exclusión".

Precarizados AGJA (no verificado) | Diciembre 18, 2017

En el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA Núm. 597, de 15 de diciembre de 2017) se ha publicado la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN:

10-17/PNLC-000191, Proposición no de ley relativa a la situación de la precariedad de
los funcionarios interinos de la Administración General de la Junta de Andalucía mayores
de 50 años y en riesgo de exclusión social por cese tras 30 años de servicios prestados
(Aprobada por la Comisión de Hacienda y Administración Pública en sesión celebrada
el 13 de noviembre de 2017)

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a:

a) Adoptar las medidas oportunas para que se produzca la inmediata reincorporación al servicio activo de los trabajadores y trabajadoras afectados, en cumplimiento de los compromisos adquiridos con la publicación del Decreto Ley 5/2013, de 2 de abril, tendentes a evitar el riesgo de exclusión social de los funcionarios interinos incluidos en su ámbito de aplicación como colectivo prioritario cuando se produzcan sus ceses.

b) Garantizar el desarrollo y ejecución del Decreto Ley 5/2013, de 2 de abril, y de la Directiva 2000/78/CE en la que se fundamenta, en los términos aprobados.

c) Eliminar los obstáculos y trabas técnicas o administrativas que puedan impedir la agilidad y eficacia en la gestión y funcionamiento de las bolsas de trabajo correspondientes al personal incluido en el ámbito de aplicación del Decreto Ley 5/2013 como colectivo prioritario, según lo dispuesto en el apartado 2 del artículo único del mismo, evitando la demora en los llamamientos de todos los cuerpos y especialidades sin excepción.

d) Asumir el compromiso y adoptar las medidas necesarias para eliminar la precariedad de este colectivo y apostar por el empleo público sostenible como mecanismo de inclusión social. Se trata de regular la situación de inestabilidad del personal funcionario interino de mayor edad, ofreciéndole un empleo más estable y sostenible que evite el riesgo de exclusión social hasta su jubilación, dándole solución de continuidad y evitando interrupciones prolongadas por cese entre los sucesivos nombramientos del personal funcionario interino más vulnerable acogido al Decreto Ley 5/2013.

Dicha PNLC se ha aprobado por unanimidad de los grupos parlamentarios, incluido el G.P. Socialista, del que forma parte Dª. María Jesús Montero Cuadrado, a su vez, Consejera de Hacienda y Administración Pública y miembro del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
Sería inexplicable y muy grave que la Consejera competente en este asunto no adoptara las medidas que establece la Proposición no de Ley aprobada por el Parlamento de Andalucía para solucionar la situación de precariedad de este colectivo de empleados públicos andaluces.

Precarizados AGJA (no verificado) | Noviembre 27, 2017

De la comunicación del Presidente Autonómico Sector AGJA CSIF-Andalucía a la Directora General de Recursos Humanos y Función Pública de fecha 21 de febrero de 2017 sobre los llamamientos de la bolsa del personal interino incluido en el ámbito de aplicación del Decreto-Ley 5/2013, de 2 de abril, se extrae textualmente:

" CSIF considera que es totalmente injusto que estas personas, como el resto de las que están en situación de DISPONIBLE en el resto de los Cuerpos de la citada bolsa, no hayan sido aún convocados para la cobertura de puestos de trabajo en la Administración General de la Junta de Andalucía y más cuando la justificación de las medidas adoptadas han sido marcadas por la Consejería de Hacienda y Administración Pública en varios momentos:

1. PREAMBULO DECRETO LEY 5/2013: “Las medidas de racionalización del gasto y reducción del déficit público adoptadas con carácter general por las Administraciones Públicas están sometiendo a éstas a un proceso de redimensionamiento de sus recursos humanos que afecta, en ocasiones, a personal que por su edad plantea especiales problemas de reinserción en el mundo laboral.”

2. “El Gobierno andaluz hace del empleo una apuesta decidida, como objetivo básico y prioritario de su política, constituyendo el principal compromiso programático del Acuerdo por Andalucía firmado el 18 de abril de 2012 entre las formaciones políticas PSOE-Andalucía e IULV-CA, tras la celebración de las últimas elecciones al Parlamento andaluz.”

3. “Por todo lo expuesto, la Junta de Andalucía no puede ser ajena, en su política de personal, a la actual coyuntura de crisis que afecta al mercado de trabajo en general y que contribuye a que la edad sea un obstáculo para el acceso al empleo y la ocupación”

4. “Las razones que avalan esta medida de discriminación positiva son, esencialmente, la edad y el valor añadido de su experiencia profesional, criterios ambos considerados por la anteriormente citada Directiva Europea como suficientes para establecer unas condiciones mínimas, generadoras de diferencia de trato en el acceso al empleo y en las condiciones del mismo.”

5. DIRECTIVA 2000/78/CE:” (7) El Tratado CE incluye entre sus objetivos el fomento de la coordinación de las políticas de empleo de los Estados miembros. A tal efecto, se ha incorporado al Tratado CE un nuevo título sobre empleo como medio para desarrollar una estrategia europea coordinada para el empleo, con el fin de potenciar una mano de obra cualificada, formada y adaptable.”

6. “(8) Las Directrices para el empleo del año 2000, aprobadas por el Consejo Europeo de Helsinki los días 10 y 11 de diciembre de 1999, subrayan la necesidad de promover un mercado de trabajo favorable a la integración social, mediante la formulación de una serie coherente de políticas dirigidas a combatir la discriminación respecto de grupos como las personas con discapacidad. Subrayan asimismo la necesidad de prestar especial atención al apoyo concedido a los trabajadores de más edad, a fin de prolongar su participación en la población activa.”

7. SGAP: “La Administración andaluza no es ajena a la especial situación que afecta al personal funcionario acogido a las disposiciones del Decreto Ley 5/2013 mencionado, que fueron los que motivaron su aprobación”.

8. “Está en el ánimo de la Administración que estas personas vuelvan a prestar servicios en cuanto sea posible”

Si transcurrido casi 10 meses -en la fecha de la comunicación, ahora ya más de 18 meses en un cuerpo y cinco años en otro- desde el cese de este personal, no se ha podido dar solución, excepto a algunas personas que tienen también a corto plazo el regreso a la situación de desempleo por cumplir el Plan de Choque para lo que fueron nombrados, debemos concluir que muy buenas palabras pero pocas acciones, y que es necesario PREDICAR CON EL EJEMPLO".

Precarizados AGJA (no verificado) | Noviembre 27, 2017

La Secretaría General de la Unión de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de Andalucía (USTEA) remitió con fecha 19 de mayo de 2017 un escrito a la Directora General de Recursos Humanos y Función Pública del que extraemos textualmente lo siguiente:

“Hemos recibido en esta organización sindical escrito de un grupo de interinos acogidos al colectivo prioritario regulado en el apartado 2 del articulo Único del Decreto Ley 5/2013, de 2 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas sobre el empleo del personal interino en la Administración General de la Junta de Andalucía, para el mantenimiento de la calidad y eficiencia de los servicios públicos a la ciudadanía, en el que denuncian que fueron cesados en sus puestos de trabajo, en unos casos, hace más de cuatro años (cuerpo de informáticos) y, en otros, hace más de 1 año (cuerpo de gestión administrativa), y todavía no han sido llamados para cubrir nuevos nombramientos de funcionarios interinos de su categoría laboral.

USTEA, como organización sindical que promovió y negoció en la Mesa Sectorial de Negociación de la Administración General el citado Decreto Ley 5/2013, considera que se está incumpliendo tanto el espíritu de dicha norma contenido en la Exposición de Motivos como la fundamentación legal que dió origen a la misma, que es la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, ya que es inadmisible que dicho grupo de interinos (teniendo en cuenta que en algunos casos han prestado servicios en la Administración General de la Junta de Andalucía más de 30 años) se encuentren actualmente en paro o incluso sin prestación por desempleo al haber transcurrido más de 4 años desde que cesaron en sus puestos de trabajo, lo que plantea problemas laborales en dicho colectivo prioritario si consideramos la edad y circunstancias familiares de dichos trabajadores”.

La Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública sigue precarizando e ignorando a los afectados y desoyendo a la mayoría de grupos parlamentarios y organizaciones sindicales andaluzas. ¿Hasta cuándo va a permitir el Gobierno andaluz el incumplimiento del Decreto-Ley 5/2013?

Anónimo (no verificado) | Noviembre 16, 2017

SEVILLA, 15 (EUROPA PRESS)

Susana Díaz anuncia planes de empleo industrial para mayores de 45 y 55 años y ayudas a la contratación estable

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha anunciado este miércoles que en 2018 se aprobará un decreto de fomento del empleo industrial, con un presupuesto total de 308 millones de euros, que incluirá planes de choque específicos para desempleados mayores de 45 y 55 años.

La Sra. Presidenta podría empezar por arreglar su propia "casa". Por ejemplo, con sus funcionarios interinos mayores de 50 años y con más de 30 años de antiguedad en la Junta de Andalucía (acogidos al Decreto-Ley 5/2013) a los que se cesa sin derecho a indemnización y se les sentencia al paro de larga duración y a la exclusión social.

Anónimo (no verificado) | Noviembre 16, 2017

SEVILLA, 15 Nov. (EUROPA PRESS)

Susana Díaz ha incidido en que los Presupuestos de la Junta para el año que viene tienen "un marcado carácter social", están "orientados a que la recuperación económica llegue directamente a los ciudadanos y las familias andaluzas" y suponen "la plasmación de las grandes líneas de actuación del Gobierno andaluz", de modo que buscan una "revitalización de servicios públicos y creación de empleo digno, estable y de calidad".

¿La misma dignidad, estabilidad y calidad en el empleo que la Junta de Andalucía está ofreciendo a sus propios trabajadores mayores de 50 años y con 30 años de servicios prestados a los que cesa y aboca al paro de larga duración, algunos durante más de cuatro años?

Precarizados AGJA (no verificado) | Noviembre 14, 2017

En el día de ayer, 13 de noviembre de 2017, en la Comisión de Hacienda y Administración Pública del PARLAMENTO DE ANDALUCIA SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE TODOS LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS la iniciativa 10-17/PNLC-000191: Proposición no de ley relativa a la situación de precariedad de los funcionarios interinos de la Administración General de la Junta de Andalucía mayores de 50 años y en riesgo de exclusión social por cese tras 30 años de servicios prestados.

Con dicha iniciativa, el Parlamento de Andalucía insta textualmente al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a:

a) Adoptar las medidas oportunas para que se produzca la inmediata reincorporación al servicio activo de los trabajadores y trabajadoras afectados, en cumplimiento de los compromisos adquiridos con la publicación del Decreto-Ley 5/2013, de 2 de abril, tendentes a evitar el riesgo de exclusión social de los funcionarios interinos incluidos en su ámbito de aplicación como colectivo prioritario cuando se produzcan sus ceses.

b) Garantizar el desarrollo y ejecución del Decreto-Ley 5/2013, de 2 de abril, y de la Directiva 2000/78/CE en la que se fundamenta, en los términos aprobados.

c) Eliminar los obstáculos y trabas técnicas o administrativas que puedan impedir la agilidad y eficacia en la gestión y funcionamiento de las bolsas de trabajo correspondientes al personal incluido en el ámbito de aplicación del Decreto-Ley 5/2013 como colectivo prioritario, según lo dispuesto en el apartado 2 del Artículo Único del mismo, evitando la demora en los llamamientos de todos los cuerpos y especialidades sin excepción.

d) Asumir el compromiso y adoptar las medidas necesarias para eliminar la precariedad de este colectivo y apostar por el empleo público sostenible como mecanismo de inclusión social. Se trata de regular la situación de inestabilidad del personal funcionario interino de mayor edad, ofreciéndole un empleo más estable y sostenible que evite el riesgo de exclusión social hasta su jubilación, dándole solución de continuidad y evitando interrupciones prolongadas por cese entre los sucesivos nombramientos del personal funcionario interino más vulnerable acogido al Decreto-Ley 5/2013.

Siguiendo esta premisa, los empleados públicos afectados solicitan al Defensor del Pueblo Andaluz que en la Resolución definitiva de su actuación de oficio respecto a este asunto se una a esta iniciativa parlamentaria e inste a la Administración Autonómica a que se cumplan dichas medidas.

Precarizados AGJA (no verificado) | Noviembre 6, 2017

El sindicato ISA, en su comparecencia en el Parlamento de Andalucía de 31 de octubre de 2017, concluye:

"Por todo ello proponemos la adopción de medida legislativa para garantizar la estabilidad laboral del personal en circunstancias especiales. En todo caso, y como medida autónoma debería adoptarse una medida legislativa análoga a la que existe en el ámbito de la función pública educativa. Así, de la disposición transitoria segunda de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, establece que se garantiza la estabilidad laboral al personal funcionario interino asimilado a los distintos cuerpos y especialidades docentes que, “durante los años de implantación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, haya cumplido cincuenta y cinco años de edad y tenga reconocido, al menos, cinco años de servicio en las bolsas de trabajo de la Comunidad Autónoma de Andalucía.”
Las mismas razones que han llevado al legislador a dar estabilidad en el ámbito educativo deben dar lugar a que se reconozca el mismo derecho a los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía".

Anónimo (no verificado) | Noviembre 6, 2017

El sindicato ISA en su comparecencia en el Parlamento de Andalucía de 31 de octubre de 2017 expone:

"La Jurisprudencia Constitucional indica que “la finalidad de consolidar el empleo público temporal no puede considerarse a priori constitucionalmente ilegítima, ya que pretende conseguir estabilidad en el empleo para quienes llevan un período más o menos prolongado de
tiempo desempeñando satisfactoriamente las tareas encomendadas”; “la valoración como mérito de la antigüedad o experiencia previa no puede estimarse, pues, como una medida desproporcionada, arbitraria o irrazonable con relación a esa finalidad de consolidación del empleo temporal y, aunque efectivamente establece una desigualdad, ésta viene impuesta en atención a un interés público legítimo y no responde al propósito de excluir a nadie de la posibilidad efectiva de acceso a la función pública”. La STC 27/1991, señala que “la experiencia es, desde luego, un mérito, y conferir relevancia a su disfrute no sólo no es contrario a la igualdad, sino que, en tanto que cualidad susceptible de justificar una diferencia de trato, se cohonesta perfectamente con el art. 14 de la Constitución y es condición de obligada relevancia en atención a criterios tales como los de eficacia en la prestación de servicios por parte de la
Administración pública”.

Anónimo (no verificado) | Noviembre 6, 2017

El sindicato ISA en su comparecencia en el Parlamento de Andalucía de 31 de octubre de 2017 expone:

"Desde INICIATIVA SINDICAL ANDALUZA siempre hemos reivindicado el valor de la experiencia adquirida por el trabajo desarrollado supone un capital tanto laboral como humano innegable para la propia Administración en la calidad de la prestación del servicio público. Es por todo lo expuesto que creemos necesario y urgente que en este momento se tenga n en consideración cuestiones que creemos importantes para preservar el empleo de personas que por sus circunstancias están protegidas por el Derecho de la Unión Europea. Nos estamos refiriendo a
los funcionarios interinos de la Administración General de la Junta de Andalucía que llevan prestando servicios desde cierto tiempo y que tienen cierta edad. Son personas que tienen una edad que hace muy difícil encontrar un empleo fuera de la Administración, situación que la Directiva 2000/78/CE permite tutelar mediante una política de acceso al empleo público con una discriminación positiva".

Precarizados AGJA (no verificado) | Noviembre 6, 2017

El sindicato ISA en su comparecencia en el Parlamento de Andalucía de 31 de octubre de 2017 expone:

"El Parlamento Andaluz no puede ser ajeno a que la edad, entre otras circunstancias personales, y el valor añadido de una larga experiencia profesional, (treinta años dedicados a la administración andaluza en muchos casos), criterios ambos considerados por la Directiva
Europea 2000/78/CE como suficientes para establecer unas condiciones mínimas, generadoras de diferencia de trato en el acceso al empleo y en las condiciones del mismo, puedan ser la justificación para que se establezcan esas medidas adicionales, avaladas, además, por las
afirmaciones contenidas en diversas sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de público conocimiento y que han cuestionado el encadenamiento de nombramientos en interinidad.
Hay que tener en cuenta que han sido circunstancias excepcionales las que han mantenido a estos empleados, en claro fraude de ley, durante muchos años de dedicación, formación y de trabajo al servicio de la administración autonómica. Por sus peculiaridades, tienen difícil acceso al mercado de trabajo, particularmente los correspondientes a los grupos de menor cualificación, con el consiguiente peligro de caer en la marginación y la exclusión social.
En este sentido, el ordenamiento jurídico español no tiene ninguna respuesta a las situaciones de fraude prolongado en las relaciones de interinidad y, entendemos, sería admisible desde la
perspectiva del Derecho de la UE y de la jurisprudencia del TJUE el establecimiento de las medidas adicionales que solicitamos".

Precarizados AGJA (no verificado) | Noviembre 6, 2017

El sindicato Iniciativa Sindical Andaluza (ISA), tercero con representación en la Mesa Sectorial de Administración General, en su comparecencia el 31 de octubre de 2017 en la Comisión de Hacienda del Parlamento de Andalucía en relación con la tramitación del proyecto de ley de presupuestos generales de la Junta de Andalucía para el año 2018, expuso respecto a la situación de los interinos del Decreto 5/2013:

"Se continúa en 2018 con las limitaciones de nombramiento de personal interino, salvo urgente necesidad. En este contexto debemos recordar el contenido del Decreto Ley 5/2013 y la contradicción que supone con lo estipulado en el mismo, que haya personal de Cuerpos de Informática y Cuerpo de Gestión Administrativa esperando llamamiento, en el primer caso más de 4 años, en el segundo más de 18 meses, aún teniendo peticiones de los Servicios Provinciales para cubrir plazas, no son autorizadas por la Dirección General de Función Pública.
El objetivo de este DL en 2.013 fue evitar la exclusión social, cuatro años más tarde hay personas actualmente en situación de precariedad.
Pedimos que el objetivo de creación de empleo pase porque se revitalicen los nombramientos
de personal funcionario interino y laboral temporal, que componen las bolsas de trabajo, respetando el objetivo para el que fueron creadas , así la atención a la ciudadanía mejoraría".

El DPA responde | Octubre 30, 2017

Para todos los interesados.

 

En relación con la investigación que anunciamos en esta página web, informamos que en los próximos días publicaremos una recomendación dirigida a la, Secretaria General para la Administración Pública de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, donde nos posicionamos en sobre la situación del personal funcionario interino de la Junta de Andalucía afectado por el Decreto Ley 5/2013 y que creemos que responderá a los diferentes comentarios que nos habéis trasladado en esta misma página.

Gracias y un saludo

Precarizados AGJA (no verificado) | Diciembre 18, 2017

Desde su comunicación de 30 de octubre de 2017 no hemos recibido más información sobre la publicación de la recomendación dirigida por esa institución a la Secretaría General para la Administración Pública de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, donde el Defensor del Pueblo Andaluz se posicionaría sobre la situación del personal funcionario interino de la Junta de Andalucía afectado por el Decreto Ley 5/2013, que esperamos con ansiedad dada nuestra precaria situación.

Gracias y saludos

El DPA responde | Diciembre 20, 2017

Esta es la Resolución

Maltratados AGJA (no verificado) | Octubre 26, 2017

Si con el Decreto-Ley 5/2013, de 2 de abril, se trataba de dar solución a un grupo concreto y determinado de funcionarios interinos, los de mayor edad y con más antigüedad en la Junta de Andalucía cuando fueran cesados en sus puestos, esta solución no puede ser en modo alguno el formar parte de una bolsa en la que llevan en algunos casos más de cuatro años sin ser llamados. Según los hechos, esta situación responde más bien a un intento de la Junta de Andalucía de deshacerse impunemente de unos empleados públicos vulnerables a los que se niegan todos los derechos adquiridos, se les precariza despiadadamente y se les pone en riesgo de exclusión social.
De este modo se incumple de plano la finalidad excepcional de la creación de una bolsa de las características de las previstas en el Decreto-Ley, ya que el período transcurrido es anormalmente dilatado como para que se hubieran propiciado los llamamientos de los integrantes de un colectivo calificado por la propia Administración Pública en una norma de rango legal como prioritario y en riesgo de exclusión social.

Precarizados AGJA (no verificado) | Octubre 26, 2017

Es evidente que los argumentos esgrimidos por la Administración se alejan intencionadamente de las medidas de acción positiva que para este determinado colectivo establece el Decreto-Ley 5/2013, incluso justificando actuaciones administrativas que se están produciendo con una finalidad contraria, o al menos distinta, que la pretendida en dicha norma y despreciando el contenido ético de los preceptos en que se ampara. Esta desviación de la actuación administrativa puede incluso perseguir un interés público, no se pone en duda, pero este sería distinto al que señala el Decreto-Ley como medida activa para el mantenimiento del empleo del personal funcionario interino de la Administración General de la Junta de Andalucía mayor de 45 años y con nombramiento anterior a 1 de enero de 2005 incluido en el mismo como colectivo prioritario.

Interinos desam... (no verificado) | Agosto 9, 2017

A la Directora General de Recursos Humanos y Función Pública, Dª Concha Becerra Bermejo, no le ha temblado el pulso a la hora de firmar la Resolución de 22 de noviembre de 2016 por la que se acuerda la reubicación del personal laboral indefinido no fijo que pudiese verse afectado al ocuparse sus plazas en los concursos de traslados. Probablemente, esta actitud tan conciliadora y deseosa de alcanzar dicho acuerdo adoptada por la titular de la Dirección General se deba a que este colectivo ha regularizado su situación laboral por la vía judicial tras demandar a la Administración autónoma por fraude de ley y cesión ilegal de trabajadores.
En cambio, la Sra. Becerra no se ha dignado durante más de cuatro años ni tan siquiera en recibir en su despacho a los funcionarios interinos afectados por el Decreto 5/2013 que se encuentran desempleados y en riesgo de exclusión social tras cesar en sus puestos. Esas son las distintas varas de medir de la Directora General y su equipo: para unos empleados públicos no fijos la reubicación inmediata aplicándoles una simple Resolución; y para otros con más de 50 años de edad y 30 de antigüedad amparados por un Decreto-Ley, el desempleo indefinido.
Las leyes y los principios en los que se fundamentan se aprueban para cumplirlos. ¿Qué interpretación es la que hacen la Sra. Becerra y su equipo del preámbulo que fundamenta el Decreto-Ley 5/2013? Mientras en su opaca bolsa de interinos incluidos en el Decreto 5/2013 figuren los mismos “disponibles” durante años estarán incumpliendo dicha norma legal.

Discriminados (no verificado) | Agosto 9, 2017

La investigación abierta por el Defensor del Pueblo Andaluz ante la Secretaría General para la Administración Pública con objeto de conocer la situación en que se encuentra el personal funcionario interino de la Junta de Andalucía afectado por el Decreto Ley 5/2013, no debería limitarse a la iniciativa presentada por los sindicatos sobre autorización de contratación de dicho personal, a la que las responsables de Función Pública han hecho caso omiso.
La mayoría de los grupos parlamentarios y organizaciones sindicales andaluzas ya han denunciado que por parte de nuestra Administración se está incumpliendo flagrante e impunemente el Decreto Ley 5/2013. Porque es evidente que mientras haya uno solo de los interinos incluidos en el ámbito de aplicación del mismo en situación de paro de larga duración y, por tanto, en riesgo de exclusión social –actualmente son varios los trabajadores que llevan así entre uno y cuatro años- el citado Decreto Ley se estará incumpliendo en sus respectivos casos, y estos empleados públicos con más de 50 años de edad y 30 años de servicios prestados en la Junta de Andalucía estarán siendo víctimas de trato vejatorio y discriminatorio por parte de Función Pública. Las graves y dramáticas consecuencias de este injustificable incumplimiento legal también deberían ser investigadas por esa institución.

Interinos excluidos (no verificado) | Agosto 4, 2017

Los funcionarios interinos del Decreto-Ley 5/2013 en riesgo de exclusión social por cese manifestan al Defensor del Pueblo Andaluz su máxima preocupación, incertidumbre e inseguridad sobre su futuro laboral y sus fundamentadas dudas sobre el procedimiento que se está siguiendo para los llamamientos correspondientes a su cuerpo y especialidad, que está impidiendo que los órganos gestores puedan contar con dicho personal. A ello se une las graves dificultades económicas que esta situación impone a las familias de los afectados, algunas incluso bajo amenaza de desahucio, y el irreparable daño moral que les supone el hecho de sentirse excluidos de su condición de empleados públicos tras tres décadas de servicio en la Junta de Andalucía.

Interinos excluidos (no verificado) | Agosto 4, 2017

No se entiende que la Administración se limite a justificar que la poca entidad del número de personas incluidas en la bolsa regulada por el Decreto-Ley 5/2013 demuestre que su aplicación sea la correcta. Si con el Decreto-Ley se trata de dar solución a un grupo concreto y determinado de funcionarios interinos, esta solución no puede ser en modo alguno el formar parte de una bolsa en la que llevan en algunos casos más de cuatro años sin ser llamados en una situación de precariedad e inseguridad jurídica sin precedentes . De este modo se incumple de plano la finalidad excepcional de la creación de una bolsa de las características de las previstas en el Decreto-Ley, ya que el período transcurrido es anormalmente dilatado como para que se hubieran propiciado los llamamientos de los integrantes de un colectivo calificado por la propia Administración Pública en una norma de rango legal como prioritario y en riesgo de exclusión social.

Precarizados AGJA (no verificado) | Agosto 4, 2017

Estamos ante una situación manifiestamente discriminatoria, que vulnera claramente el respeto al principio de igualdad en los procedimientos de personal interino previsto en el citado Artículo Único del Decreto-Ley 5/2013. Por tanto, los trabajadores afectados se preguntan por las razones de este trato vejatorio y por las causas objetivas que concurren en su caso para que cumpliendo las mismas condiciones que todo el personal interino mayor de 45 años y con nombramiento anterior a 1 de enero de 2005 incluido como colectivo prioritario en el Decreto 5/2013, estén padeciendo estas circunstancias tan injustas y desfavorables y el desamparo más exceptico y cruel por parte de la Administración.

Precarizados AGJA (no verificado) | Agosto 4, 2017

El no funcionamiento de los mecanismos previstos en el Decreto-Ley o la incapacidad de la Administración para dar a estos trabajadores la continuidad en el empleo público prevista en esta norma legal debería ser objeto de intervención por parte del Defensor del Pueblo Andaluz, pues estamos ante una disposición de carácter general declarativa de derechos respecto a los destinatarios-beneficiarios cuyo objetivo fundamental se está incumpliendo, puesto que aún permanecen en las bolsas que se crearon personas que continúan sin ser empleadas, perdiéndose por tanto parte de las razones tanto sociales como personales que dieron lugar a la publicación de la citada norma. Esta situación, aunque no es la única, es especialmente grave en el caso de los trabajadores integrantes de las bolsas de cuerpos y especialidades en los que no se han producido los llamamientos a los que Función Pública está obligada, que ya han agotado total o parcialmente las prestaciones a las que tuvieron derecho, encontrándose en estos momentos algunos de ellos en riesgo de exclusión social, situación que expresamente se intentaba evitar con el Decreto-Ley.

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