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Investigamos la situación del personal funcionario interino de la Junta de Andalucía, afectado por el Decreto Ley 5/2013

Actuación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en el expediente 17/2618 dirigida a Consejería de Hacienda y Administración Pública, Secretaria General para la Administración Pública

A finales del mes de abril, mantenemos reunión en esta sede institucional con varias personas incluidas en el ámbito de aplicación del art. único apartado 2, del Decreto Ley 5/2013, de 2 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas sobre el empleo del personal funcionario interino en la Administración General de la Junta de Andalucía, para el mantenimiento de la calidad y eficiencia de los servicios públicos a la ciudadanía.

En su exposición nos trasladan la situación socio-laboral en la que se encuentran (en desempleo, desde hace más de nueve meses), y manifiestan que no se estarían cumpliendo los objetivos que motivaron la aprobación de dicho Decreto- Ley, por cuanto no han sido aún convocados para la cobertura de puestos de trabajo en la Administración General de la Junta de Andalucía y más cuando la justificación de las medidas adoptadas han sido marcadas por la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

En ese sentido, nos remitimos al contenido del preámbulo del Decreto Ley 5/2013, que nos dice, entre otros, lo siguiente:

Las medidas de racionalización del gasto y reducción del déficit público adoptadas con carácter general por las Administraciones Públicas están sometiendo a éstas a un proceso de redimensionamiento de sus recursos humanos que afecta, en ocasiones, a personal que por su edad plantea especiales problemas de reinserción en el mundo laboral...”

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La Junta de Andalucía no puede ser ajena, en su política de personal, a la actual coyuntura de crisis que afecta al mercado de trabajo en general y que contribuye a que la edad sea un obstáculo para el acceso al empleo y la ocupación....”

Por los antecedentes que deben constar en esa Secretaria General, con motivo de las actuaciones llevadas a cabo con ocasión del expediente de queja Q13/4535, trasladamos por primera vez nuestra preocupación por el personal afectado por el Decreto-Ley 5/2013, de 2 de abril, y la necesidad de su reincorporación al servicio activo, instándole a la adopción de las medidas oportunas para facilitar su nombramiento como funcionario interino.

Por otra parte, este Comisionado ha tenido conocimiento de la iniciativa adoptada por las organizaciones sindicales (Csif-Andalucía, Iniciativa Sindical Andaluza y UGT- Andalucía), y que comparte plenamente, contenidas en la petición dirigida a la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, con fecha 30 de enero pasado, sobre la cobertura de puestos de nivel básico de los diferentes cuerpos y escalas de funcionarios que resultan desiertos tras su ofrecimiento para provisión al amparo del artículo 30 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía y una vez entrado en vigor la aplicación de la jornada laboral ordinaria de 35 horas semanales, la puesta en marcha de lo previsto en el art. 13 de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2017, sobre autorización de contratación de personal funcionario interino.

Por ello, hemos procedido abrir queja de Oficio, en aplicación de lo establecido en el art. 1.1, en relación con el art. 10.1 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre del Defensor del Pueblo Andaluz, ante la Secretaria General para la Administración Pública, con objeto de conocer la situación en la que se encuentra la iniciativa presentada por las organizaciones sindicales antes reseñada.

Lo anterior por cuanto posibilitaría incrementar el número de puestos de trabajo al personal afectado y con ello dar solución de continuidad, evitando interrupciones prolongadas por cese entre los sucesivos nombramientos como personal funcionario interino más vunerable acogidos al Decreto Ley 5/2013.

10 Comentarios
Interinos desam... (no verificado) | Agosto 9, 2017

A la Directora General de Recursos Humanos y Función Pública, Dª Concha Becerra Bermejo, no le ha temblado el pulso a la hora de firmar la Resolución de 22 de noviembre de 2016 por la que se acuerda la reubicación del personal laboral indefinido no fijo que pudiese verse afectado al ocuparse sus plazas en los concursos de traslados. Probablemente, esta actitud tan conciliadora y deseosa de alcanzar dicho acuerdo adoptada por la titular de la Dirección General se deba a que este colectivo ha regularizado su situación laboral por la vía judicial tras demandar a la Administración autónoma por fraude de ley y cesión ilegal de trabajadores.
En cambio, la Sra. Becerra no se ha dignado durante más de cuatro años ni tan siquiera en recibir en su despacho a los funcionarios interinos afectados por el Decreto 5/2013 que se encuentran desempleados y en riesgo de exclusión social tras cesar en sus puestos. Esas son las distintas varas de medir de la Directora General y su equipo: para unos empleados públicos no fijos la reubicación inmediata aplicándoles una simple Resolución; y para otros con más de 50 años de edad y 30 de antigüedad amparados por un Decreto-Ley, el desempleo indefinido.
Las leyes y los principios en los que se fundamentan se aprueban para cumplirlos. ¿Qué interpretación es la que hacen la Sra. Becerra y su equipo del preámbulo que fundamenta el Decreto-Ley 5/2013? Mientras en su opaca bolsa de interinos incluidos en el Decreto 5/2013 figuren los mismos “disponibles” durante años estarán incumpliendo dicha norma legal.

Discriminados (no verificado) | Agosto 9, 2017

La investigación abierta por el Defensor del Pueblo Andaluz ante la Secretaría General para la Administración Pública con objeto de conocer la situación en que se encuentra el personal funcionario interino de la Junta de Andalucía afectado por el Decreto Ley 5/2013, no debería limitarse a la iniciativa presentada por los sindicatos sobre autorización de contratación de dicho personal, a la que las responsables de Función Pública han hecho caso omiso.
La mayoría de los grupos parlamentarios y organizaciones sindicales andaluzas ya han denunciado que por parte de nuestra Administración se está incumpliendo flagrante e impunemente el Decreto Ley 5/2013. Porque es evidente que mientras haya uno solo de los interinos incluidos en el ámbito de aplicación del mismo en situación de paro de larga duración y, por tanto, en riesgo de exclusión social –actualmente son varios los trabajadores que llevan así entre uno y cuatro años- el citado Decreto Ley se estará incumpliendo en sus respectivos casos, y estos empleados públicos con más de 50 años de edad y 30 años de servicios prestados en la Junta de Andalucía estarán siendo víctimas de trato vejatorio y discriminatorio por parte de Función Pública. Las graves y dramáticas consecuencias de este injustificable incumplimiento legal también deberían ser investigadas por esa institución.

Interinos excluidos (no verificado) | Agosto 4, 2017

Los funcionarios interinos del Decreto-Ley 5/2013 en riesgo de exclusión social por cese manifestan al Defensor del Pueblo Andaluz su máxima preocupación, incertidumbre e inseguridad sobre su futuro laboral y sus fundamentadas dudas sobre el procedimiento que se está siguiendo para los llamamientos correspondientes a su cuerpo y especialidad, que está impidiendo que los órganos gestores puedan contar con dicho personal. A ello se une las graves dificultades económicas que esta situación impone a las familias de los afectados, algunas incluso bajo amenaza de desahucio, y el irreparable daño moral que les supone el hecho de sentirse excluidos de su condición de empleados públicos tras tres décadas de servicio en la Junta de Andalucía.

Interinos excluidos (no verificado) | Agosto 4, 2017

No se entiende que la Administración se limite a justificar que la poca entidad del número de personas incluidas en la bolsa regulada por el Decreto-Ley 5/2013 demuestre que su aplicación sea la correcta. Si con el Decreto-Ley se trata de dar solución a un grupo concreto y determinado de funcionarios interinos, esta solución no puede ser en modo alguno el formar parte de una bolsa en la que llevan en algunos casos más de cuatro años sin ser llamados en una situación de precariedad e inseguridad jurídica sin precedentes . De este modo se incumple de plano la finalidad excepcional de la creación de una bolsa de las características de las previstas en el Decreto-Ley, ya que el período transcurrido es anormalmente dilatado como para que se hubieran propiciado los llamamientos de los integrantes de un colectivo calificado por la propia Administración Pública en una norma de rango legal como prioritario y en riesgo de exclusión social.

Precarizados AGJA (no verificado) | Agosto 4, 2017

Estamos ante una situación manifiestamente discriminatoria, que vulnera claramente el respeto al principio de igualdad en los procedimientos de personal interino previsto en el citado Artículo Único del Decreto-Ley 5/2013. Por tanto, los trabajadores afectados se preguntan por las razones de este trato vejatorio y por las causas objetivas que concurren en su caso para que cumpliendo las mismas condiciones que todo el personal interino mayor de 45 años y con nombramiento anterior a 1 de enero de 2005 incluido como colectivo prioritario en el Decreto 5/2013, estén padeciendo estas circunstancias tan injustas y desfavorables y el desamparo más exceptico y cruel por parte de la Administración.

Precarizados AGJA (no verificado) | Agosto 4, 2017

El no funcionamiento de los mecanismos previstos en el Decreto-Ley o la incapacidad de la Administración para dar a estos trabajadores la continuidad en el empleo público prevista en esta norma legal debería ser objeto de intervención por parte del Defensor del Pueblo Andaluz, pues estamos ante una disposición de carácter general declarativa de derechos respecto a los destinatarios-beneficiarios cuyo objetivo fundamental se está incumpliendo, puesto que aún permanecen en las bolsas que se crearon personas que continúan sin ser empleadas, perdiéndose por tanto parte de las razones tanto sociales como personales que dieron lugar a la publicación de la citada norma. Esta situación, aunque no es la única, es especialmente grave en el caso de los trabajadores integrantes de las bolsas de cuerpos y especialidades en los que no se han producido los llamamientos a los que Función Pública está obligada, que ya han agotado total o parcialmente las prestaciones a las que tuvieron derecho, encontrándose en estos momentos algunos de ellos en riesgo de exclusión social, situación que expresamente se intentaba evitar con el Decreto-Ley.

Precarizados AGJA (no verificado) | Agosto 4, 2017

El Decreto-Ley 5/2013 se aprobó para preservar los puestos de trabajo de un personal con amplia experiencia, conocimientos y formación que, sin duda, debería contribuir a la calidad en la prestación de servicios a la ciudadanía, a reforzar los servicios esenciales y a disminuir los efectos del desmantelamiento de los servicios públicos en nuestra Comunidad Autónoma. Con la publicación de dicho Decreto-Ley se hizo, sucintamente, justicia social y reconocimiento a unos trabajadores que han realizado su labor de servidores públicos por encima de todos los ataques peyorativos de que han sido objeto durante un largo y tortuoso proceso de consolidación al que aún no se ha puesto fin. Esta norma legal avala la trayectoria del personal interino que desde los comienzos de la Administración General de la Junta de Andalucía contribuyó a la base de nuestra administración autonómica, pretendiendo en primera instancia que estos empleados públicos con alrededor de treinta años de servicios prestados a la ciudadanía no caigan en la exclusión social por cese en sus puestos de trabajo.

Interinos Mayor... (no verificado) | Agosto 3, 2017

La Junta de Andalucía no puede ser ajena, en su política de personal, a la actual coyuntura de crisis que afecta al mercado de trabajo en general y que contribuye a que la edad sea un obstáculo para el acceso al empleo y la ocupación. No puede obviar la prolongada y amplia experiencia profesional de su personal interino que ha dado lugar a que este colectivo haya adquirído en muchas ocasiones importantes conocimientos y habilidades en la gestión de materias que se consideran prioritarias para la Administración General de la Junta de Andalucía.

Interinos Mayor... (no verificado) | Agosto 3, 2017

Los funcionarios interinos de la Junta de Andalucía pertenecientes tanto al Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Administración General, A2.1100, como al Cuerpo Auxiliares Técnicos Informática, C2.2002, que fueron cesados en sus puestos de trabajo con fecha 3 de mayo de 2016 y 4 de abril de 2013, respectivamente, constituyen un reducido grupo de trabajadores y trabajadoras que están siendo afectados por unas circunstancias manifiestamente adversas y discriminatorias, incluso en el ámbito de su propio colectivo, que alcanzan edades comprendidas entre los 50 y 63 años y una media cercana a los treinta años de servicios prestados en la Administración autonómica: están abocados, desde hace más de cuatro años en algunos casos y más de un año en otros, a una precariedad, inseguridad jurídica e incertidumbre sin precedentes, y se encuentran desamparados por una Administración andaluza que ética y moralmente no debería ser ajena a su dramática situación.

Interinos Mayor... (no verificado) | Agosto 2, 2017

FUNCIONARIOS INTERINOS DE 53 A 63 AÑOS DE EDAD EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL
POR CESE TRAS 30 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA JUNTA DE ANDALUCIA

INTERINOS Junta de Andalucía Mayores de 50 años en paro y en desamparo
30 años al servicio de la ciudadanía = Exclusión Social

NO AL EMPLEO PUBLICO DE USAR Y TIRAR

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