Los derechos humanos siempre han sufrido riesgos y peligros sobre los mismos, sin dejar de ser el instrumento indispensable para alcanzar la aspiración innata de los seres humanos de convivir en paz y en condiciones de dignidad y bienestar.
Desde el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos, y contamos desde entonces con un documento que reconoce y proclama los derechos inalienables que corresponden a toda persona como ser humano, independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
En el aniversario que hoy celebramos, nuevos retos amenazan el efectivo cumplimiento de los derechos humanos y los valores que lo sustentan, como son la equidad -que implica la igualdad de oportunidades y la erradicación de la pobreza y la exclusión social- y el ideal de bienestar, -entendido como la efectividad y la calidad de los servicios públicos colectivos, como la educación o la sanidad-. La crisis sanitaria por la irrupción de la COVID-19, como lo hiciera la crisis económica la pasada década, amenaza el disfrute de estos derechos y nos obliga a aceptar el desafío de adaptarnos a los cambios sociales.
En este sentido, tienen un papel esencial las instituciones garantes de derechos, como es el Defensor del Pueblo andaluz. Nos obligamos a una mejora continua de la gestión, para que incorpore innovación, modernidad, digitalización, orientación a resultados y búsqueda de excelencia, siempre desde la transparencia y la cercanía, ante retos como la brecha digital, la transición energética, los problemas de salud mental o los cambios en la atención y protección de la infancia y adolescencia. Todo, con el fin de dar una respuesta ajustada a las necesidades de la ciudadanía.
Porque la defensa de los derechos y libertades de la ciudadanía supone una obligación inaplazable.
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