En nuestra condición de Defensor del Menor de Andalucía, hacemos un nuevo llamamiento para que predomine el interés superior del menor en cuantas actuaciones se lleven a cabo para garantizar los derechos humanos de las cientos de miles de personas que están llegando a nuestras fronteras europeas
En septiembre pasado, la Defensora del Pueblo y los nueve Defensores Autonómicos firmamos una Declaración donde alertábamos del drama que supone la guerra, el hambre, la intolerancia y la insolidaridad, que estaba provocando lo que muchos no dudan en identificar ya como la mayor crisis de refugiados vivida por Europa desde la II Guerra Mundial.
Hoy, esta crisis europea de migrantes y refugiados que huyen de la guerra y la intolerancia sigue creciendo y se ha recrudecido ante la alerta internacional dada por el posible aumento de la trata y el tráfico de personas, especialmente de niños y niñas que tras huir de torturas y abusos siguen expuestos a la explotación por parte de las mafias.
Los problemas para controlar el desplazamiento de miles y miles de estos menores ha provocado la voz de alarma de fuerzas internacionales que han denunciado la posibilidad de que sean objeto de organizaciones de tráfico de personas. En concreto, según las últimas noticias, Europol calcula que unos 10.000 niños y niñas refugiados han desaparecido al llegar a Europa. La Oficina Europea de Policía (europol) teme que muchos de esos menores a los que se ha perdido el rastro estén en manos de traficantes de personas.
La explotación de los niños y niñas víctimas de trata atenta frontalmente contra los valores superiores del ordenamiento jurídico, y supone una grave vulneración de los derechos contra la infancia porque atenta contra la dignidad, la libertad y el derecho a la protección. Estas prácticas, además, contravienen cuatro principios generales de la Convención de los derechos del niños, ya que ponen en peligro su supervivencia y desarrollo; refuerzan la discriminación; niegan a la infancia toda participación significativa en asuntos que le afectan; y, por supuesto, atentan contra el principio del interés superior del menor.
La especial situación de vulnerabilidad de estos menores exige un esfuerzo de todas las Administraciones que intervienen en el proceso, acompañados de los recursos que sean necesarios, para otorgarles la protección que les reconocen las normas internacionales, nacionales y autonómica. Urge prestar una especial atención a estos menores por la situación de riesgo y vulnerabilidad a la que están expuestos.
Es por ello que, en nuestra condición de Defensor del Menor de Andalucía, hacemos un nuevo llamamiento a los poderes públicos para que predomine el interés superior del menor en cuantas actuaciones se lleven a cabo para garantizar los derechos humanos de las cientos de miles de personas que están llegando a nuestras fronteras europeas, en la atención de las ingentes y apremiantes necesidades que presentan estos colectivos ciudadanos, sobre todo en los ámbitos habitacional, sanitario y alimentario, y con especial atención a las necesidades de los menores.
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