El Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, ha reclamado hoy una normativa específica que contemple las peculiaridades de los colegios rurales. “La normativa está orientada a los colegios ordinarios. En este tipo de colegios estas normas fracasan; necesitan una adaptación, hagámoslo y no seamos tan inflexibles”, ha señalado Jesús Maeztu en la comisión de Desarrollo Educativo y Formación Profesional celebrada hoy en el Parlamento de Andalucía, y en la que ha presentado el informe titulado La atención educativa al alumnado en los colegios públicos rurales de Andalucía: retos y propuestas.
El Defensor ha afirmado que los colegios rurales en Andalucía “funcionan, y con algunas mejoras lo harán mucho mejor; tienen un grado de satisfacción de las familias por encima del 90%, y ayudan a frenar la despoblación junto a otras medidas en sanidad o contra la exclusión financiera”. Para el Defensor, se debe reconocer y garantizar el derecho de todos los niños y niñas a recibir educación en su propio entorno social y geográfico.
En cuanto a la reclamación de una normativa específica, el Defensor ha señalado que se aplican medidas numéricas estrictas propias de los centros ordinarios en cuanto al número de alumnos que deben estar escolarizados. “O se matriculan 15 ó 12 niños exactamente, según si se comparten ciclos o etapas educativas, o no hay aula, sin excepciones”, ha señalado Maeztu.
El Defensor de la Infancia ha extendido esta falta de adaptación a la normativa para los servicios educativos complementarios, “que no se acomodan a las características de los colegios públicos rurales y provoca que la presencia de dichos servicios es muy escasa”. Según los datos oficiales, el número de alumnado que utiliza el aula matinal en estos centros es del 10%; el comedor, 23%; el transporte escolar, el 43%; las actividades extraescolares, el 56%, y residencia escolar solo hay una, en Granada.
Esta falta de regulación también la he echado en falta el Defensor en las infraestructuras, y ha demandado una norma reguladora de los requisitos mediante mecanismos de colaboración y cooperación permanente para mantener y mejorar las infraestructuras de estos singulares recursos educativos.
Maeztu ha advertido de desigualdades para el alumnado en relación a la brecha digital y en la atención al alumnado con necesidades educativas especiales. Asimismo, ha considerado necesario medidas de bioclimatización y, para mantener al alumnado, un estudio que aborde la conveniencia de extender todos los cursos de la ESO y medidas para conseguir la estabilidad del profesorado, para quienes ha sugerido medidas de incentivos económicos para mantener el trabajo en zona rurales y mejorar la retención en esas zonas.
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