- La llegada de personas migrantes es un desafío humanitario que requiere de la colaboración de todas las administraciones.
- El caso de los niños y niñas menores de edad es más urgente: "son menores y, por tanto, han de ser objeto de protección para garantizar su bienestar y derechos".
El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha querido transmitir su preocupación por la llegada improvisada y masiva de centenares de personas a las costas canarias en las últimas semanas, especialmente y en calidad de Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, de cientos de jóvenes y menores de edad sin compañía de un adulto.
Se suma con ello, a la reivindicación que ha elevado su homóloga en Canarias, destacando que es una situación que desborda la planificación y los sistemas de acogida ante las migraciones de personas y que exige de la intervención del Estado y de la Unión Europea. “Estamos hablando de la obligación de los estados de proteger los derechos de estos menores, recogidos en todos los ordenamientos jurídicos internacionales y nacionales, por lo que es necesaria “la articulación de un sistema de acogida ordenado y equitativo, con recursos suficientes y con un reparto solidario entre comunidades, atendiendo a las singularidades de cada territorio, sin prejuicio de las bondades que esta acogida tiene para las sociedades receptoras”, ha reclamado el Defensor.
El Defensor ha querido mostrar su apoyo públicamente a la Diputada del Común de Canarias que ha pedido que “desde las defensorías del pueblo se trabaje en sus territorios con solidaridad para la acogida de los migrantes que llegan a Canarias. La distribución de estas personas por las diferentes comunidades autónomas aliviaría la presión sobre nuestros servicios y permitiría una integración más efectiva y humana”.
En este sentido, Jesús Maeztu ha recordado que Andalucía conoce bien esta situación como puerta de entrada de esta migración. La llegada masiva de personas migrantes, entre ellas, menores no acompañados, ya fue objeto de análisis y reflexión en 2019 entre los nueve Defensores del Pueblo autonómicos y el Defensor estatal de entonces, con motivo de sus jornadas anuales de coordinación y que concluyó con la firma de una Declaración conjunta, bautizada como “Declaración de Tarifa” donde los Defensores del Pueblo de España y de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Canarias, Galicia, País Vasco, Comunidad Valenciana, Navarra, Castilla y León, y Cataluña reclamaban la defensa y protección de los niños y niñas que llegan a España sin la compañía de personas adultas que los protejan: “son menores y, por tanto, han de ser objeto de protección. Demandamos que se valore la necesidad de atención de una manera coordinada, solidaria, ordenada y responsable entre los territorios”, recogía.
Ahora, esta realidad vuelve a repetirse en Canarias sin haber alcanzado ese consenso, ha lamentado el Defensor andaluz, que se ha mostrado confiado, no obstante, en que sea posible ese acuerdo entre todas las fuerzas políticas para permitir el reparto de estos niños y niñas, menores de edad, migrantes y no acompañados, entre las comunidades autónomas.
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