El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha abogado hoy por un proceso de implantación de instalaciones de energías renovables en la Comunidad Autónoma de Andalucía "ordenado y planificado, teniendo en cuenta las afecciones que pueda tener sobre la biodiversidad y el territorio".
El Defensor del Pueblo andaluz tiene abierta una investigación sobre esta incidencia de la proliferación de parques solares fotovoltaicos en zonas rurales de Andalucía y las medidas adoptadas para la preservación de los valores ambientales, paisajísticos y culturales de dichas zonas. A lo largo del presente año 2021, esta Institución ha recibido quejas de distintos puntos de Andalucía mostrando el rechazo a distintas iniciativas de instalación de parques fotovoltaicos, principalmente por su afección paisajística, pero también aduciendo otros valores que se verían afectados, como valores patrimoniales o arqueológicos; protección de la avifauna; protección de los recursos hídricos; protección ambiental por singularidad de los suelos o espacios; etc.
En este sentido, ha compartido hoy con la diputada de Unidas Podemos Ana Naranjo y el coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Toni Valero, la importancia de que "exista una estrategia de implantación de estas energías que incluya la elaboración de un mapa con una zonificacion del territorio y la fijación de unos criterios para ordenar este proceso en base a un modelo realmente sostenible y que permita preservar la biodiversidad y los valores del territorio".
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