El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha abordado en un estudio singular las situaciones de violencia y agresiones a profesionales sanitarios en el ámbito de la comunidad autónoma de Andalucía. Para el Defensor, se trata de “un problema real que, aún afectando a una minoría de los profesionales que trabajan en este sector, su creciente incremento le hace cobrar cada vez mayor importancia por sus repercusiones en la esfera de los derechos más básicos de este personal”.
El estudio del Defensor parte de una actuación de oficio de la Institución para valorar los efectos de esta situación y de los derechos de los colectivos profesionales afectados, así como para analizar la efectividad de las medidas adoptadas al respecto por la Administración sanitaria andaluza. Ha contado para ello con la opinión y valoración de las corporaciones y organizaciones representativas de los profesionales sanitarios, y se ha valido de los datos que proporcionan la Administración sanitaria y las organizaciones colegiales.
El Defensor del Pueblo andaluz ha valorado que el Plan de prevención y atención de agresiones para los profesionales del Servicio Andaluz de Salud, tras más de una década de funcionamiento, ha tenido unos resultados “limitados e insuficientes”, porque como reconoce la propia Consejería de Salud y Familias en uno de sus informes “desgraciadamente, el objetivo de minimizar las agresiones a los profesionales del Sistema Sanitario Público Andaluz, no se ha conseguido”.
La revisión y actualización de este Plan acordada en 2020 “va en esa línea de mejora de su eficacia, corrigiendo algunos aspectos del mismo e introduciendo otros nuevos que se habían detectado tras su evaluación, que esperamos den los resultados esperados”, expone el Defensor en su Estudio.
Para contribuir a este objetivo, el Defensor del Pueblo andaluz ha trasladado dos recomendaciones y siete sugerencias a la Administración andaluza. En este sentido, Jesús Maeztu solicita a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía que se adopten las medidas que fueran procedentes para cumplir con este plan y otros semejantes. caso del Informe de Agresiones a Profesionales del Sistema Nacional de Salud.
En una segunda recomendación, Jesús Maeztu aboga por analizar los problemas organizativos, estructurales y de gestión que afectan al funcionamiento del Sistema Sanitario Público de Andalucía, “y que se adopten las medidas para ir resolviendo estas situaciones que, sin perjuicio de que en ningún caso tienen justificación, provocan una respuesta agresiva de las personas usuarias o sus acompañantes”. A tal efecto, el Defensor considera útil y procedente valorar, en especial, las distintas herramientas y medidas alternativas a las habituales en aquellos centros e instalaciones sanitarias ubicados en barrios con poblaciones más vulnerables que sean más adecuadas para la aplicación de soluciones reparadoras de posibles conductas agresivas (planes de pedagogía, programas de intervención social, medidas de acompañamiento, mediación, etcétera).
En cuanto a las sugerencias, el Defensor del Pueblo andaluz propone un mapa de riesgos real, por tipo de centro y modalidades de atención, que permita la adopción de medidas eficaces para y evitarlas. También acciones de formación para el personal sanitario sobre habilidades en este tipo de situaciones, así como un refuerzo de los instrumentos jurídicos que permitan conseguir que los profesionales sanitarios puedan desempeñar sus tareas en un ambiente de máxima confianza, respeto y seguridad para ellos y para el propio sistema. Asimismo, el Defensor plantea un servicio de vigilancia en los centros que lo precisen previo análisis de la evaluación de riesgos laborales; la creación de una figura o cualquier otra estructura de seguridad y/o coordinación, al igual que han hecho otras Administraciones sanitarias autonómicas; la evaluación y seguimiento del plan de Prevención y Atención de Agresiones para los Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía del año 2020 y, por último, una revisión del mismo cada dos años con la participación de los colegios profesionales y organizaciones sindicales, sociales y profesionales relacionadas con este ámbito.
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