El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu Gregorio de Tejada, ha advertido hoy sobre el papel de las Defensorías en la defensa de los derechos humanos y ante los retos de las democracias en el XXV Congreso de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, evento que reúne desde ayer a defensores del pueblo, procuradores y comisionados públicos de derechos humanos de 22 países en la ciudad de Santo Domingo, en la República Dominicana.
El Defensor del Pueblo andaluz ha apuntado que la pandemia por COVID “ha relevado las carencias en derechos y el riesgo de que estos se vuelvan irreversibles”, así como los nuevos retos a los que se enfrentan las democracias, como la brecha digital y sus efectos en la educación de la infancia y la adolescencia, consideración que han compartido otros participantes en la mesa como el procurador federal de los derechos de los ciudadanos de Brasil, Carlos Vilhena y la defensora del Pueblo de Bolivia, Nadia Cruz, así como desde el público el Defensor del Pueblo de Puerto Rico, Edwin García. La mesa ha tratado sobre Buena Administración y Acceso a Servicios Públicos, y ha estado moderada por el defensor del pueblo de Uruguay y director de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Juan Faroppa.
El Defensor del Pueblo andaluz ha comenzado su intervención con una mención al Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las mujeres, que se celebra hoy 25 de noviembre, y su deseo de “poner fin de una vez al patriarcado”, a lo que contribuye en su opinión una mayor protección y educación de la infancia y adolescencia.
Para el Defensor andaluz, hay problemas actuales como grandes consumidores en temas de energía, movilidad, exclusión financiera, salud, educación, “que necesitan una administración que trate a la ciudadanía con cuidados, como una gran cuidadora, no con una ventanilla donde no le contestan”. Entre los asuntos que más le preocupan al Defensor, ha expuesto la brecha digital y sus consecuencias en los barrios más vulnerables y otros retos tecnológicos que pueden generar más desigualdad, a lo que se suma el debate sobre las energías para alcanzar una transición energética justa. Jesús Maeztu ha añadido el incremento de casos de salud mental, la memoria histórica para restituir la dignidad de las víctimas como consecuencia de la Guerra Civil, y los problemas de la infancia y la adolescencia.
Para asumir estos retos, el Defensor del Pueblo andaluz ha alentado a que el papel de las defensorías debe ser “como garantes y protectores de derechos, no como gestores de quejas”. “Tenemos un ámbito competencial muy importante donde la raya es la coercibilidad. Estoy de acuerdo -con el Defensor de Uruguay- en que contamos con la magistratura de la persuasión”, ha señalado Jesús Maeztu, que ha añadido que, además de la supervisión de las administraciones públicas, la institución cuenta ahora con la mediación para resolver los conflictos de la ciudadanía. En este sentido, Jesús Maeztu ha mencionado un convenio firmado la semana pasada con el Consejo General del Poder Judicial para una posible delegación de asuntos de la jurisdicción contencioso-administrativa al Defensor.
En el Congreso de la FIO los defensores están analizando los impactos de la pandemia COVID-19 en las sociedades, comunidades y colectivos en situación especial de vulnerabilidad, y los retos adicionales que enfrentan para la vigencia plena de sus derechos fundamentales. El tema central consiste en Pandemia, buena administración pública y derechos humanos.
Este viernes 26 de noviembre la Asamblea General de la FIO escogerá al presidente de la organización para los próximos dos años, en reemplazo de Augusto Jordán Rodás Andrade, procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, y al consejo rector que lo acompañará. Entre los candidatos se ha postulado el defensor de la República Dominicana, Pablo Ulloa, candidatura que el Defensor del Pueblo andaluz apoya en su nombre y en el del resto de los defensores autonómicos españoles.
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