El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha destacado hoy las cuestiones relacionadas con la salud derivadas de la pandemia por COVID-19, especialmente los casos de salud mental; los problemas relacionados con la brecha digital en la relación con las administraciones públicas; los asuntos de medio ambiente, movilidad y urbanismo; la necesidad de atención e información a la ciudadanía, y cuestiones relacionadas con los servicios de interés general, destacando los energéticos, como las reclamaciones y peticiones de asesoramiento de los andaluces que más aumentaron en 2021.
El Defensor del Pueblo andaluz ha entregado hoy a la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, el Informe Anual 2021, en el que aporta un análisis sobre los dos años de pandemia y la evolución de los retos que plantea la Institución para salir de esta crisis sanitaria en igualdad.
En cuanto al balance del segundo año de pandemia, el Defensor ha destacado el incremento en las quejas y consultas relacionadas con la atención sanitaria. Fueron más de mil quejas y otras mil consultas, un 35 por ciento más que en 2020, lo que hace encabezar las estadísticas del Defensor en números globales, solo superada por servicios sociales (mil quejas y 2.300 consultas) y continuada por vivienda, educación, consumo, e infancia y adolescencia, actuaciones que este comisionado parlamentario acomete como Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía.
El incremento en materia de salud responde a que se han duplicado las reclamaciones en cuanto a las cuestiones de salud pública (por las medidas antiCOVID principalmente) y la salud mental, seguido de las deficiencias en la atención pediátrica. El Defensor también ha anotado que la mención especial de su Informe este año la ha dedicado a los colectivos que tratan de mejorar la vida de los pacientes con COVID persistente.
Los asuntos relacionados con la protección del medio ambiente (transición justa) y la movilidad de la ciudadanía también crecieron en 2021. En tercer lugar, el mayor incremento de quejas nuevas estuvo relacionado con asuntos de ordenación económica y administraciones tributarias, causadas en parte por la brecha digital que afecta a las personas mayores y al mundo rural, lo que el Defensor ha calificado como “apartheid digital”.
La necesidad de información y asesoramiento ante las medidas emprendidas por las administraciones públicas también se han incrementado en el ejercicio anual de la Institución. “Quiero que me atiendan ha sido la frase más repetida”, ha comentado Jesús Maeztu. También se mantiene la tendencia en los asuntos relacionados con los servicios de interés general, este año especialmente destacable en cuanto a la energía. En este sentido, tras las reuniones mantenidas el pasado lunes con la Consejería de Presidencia y el martes con la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el Defensor del Pueblo andaluz ha emitido un pronunciamiento en el que ha reclamado medidas urgentes para que se restablezca el suministro en los barrios desfavorecidos de Andalucía.
En total, la Institución que dirige Jesús Maeztu atendió en 2021 a más de 30.000 personas, lo que motivó más de 28.000 actuaciones por parte de la Institución. De estas, 8.873 fueron escritos de queja nuevos y 61 quejas de oficio, lo que supuso 8.934 quejas iniciadas el pasado año, a las que se sumaron las pendientes de años anteriores hasta alcanzar las 13.092 quejas tramitadas. Un total de 354 fueron gestionadas por la vía de la mediación, un volumen que se ha multiplicado por seis en los últimos cinco años. La ciudadanía presentó, además, 14.924 consultas, a las que el Defensor ha prestado escucha y asesoramiento.
En los dos años de convivencia con el virus, el Defensor del Pueblo andaluz ha destacado que han sido más de 8.600 actuaciones directamente relacionadas con la COVID, que han venido a sumarse a las preocupaciones y problemas que ya existían con anterioridad a la irrupción de esta crisis sanitaria, especialmente dramáticas cuando se trata de familias vulnerables que demandan una mayor protección. Jesús Maeztu ha apuntado la preocupación de la Institución para que la ciudadanía salga en igualdad de esta crisis, lo que la Institución concretó en 13 retos o lecciones que avanzó al término del primer periodo de la COVID, ya concluido el confinamiento, en el Informe extraordinario 'Derechos de la ciudadanía durante la COVID-19. Primera ola de la pandemia'. En este Informe Anual 2021, el Defensor del Pueblo andaluz aporta un seguimiento y evolución de estos 13 retos. Por último, el Defensor ha recordado que para prestar un mejor servicio a la ciudadanía la Institución aprobó este año la Estrategia 2021-2024 del Defensor del Pueblo andaluz.
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