El Defensor del Pueblo Andaluz e Iberdrola han renovado hoy un convenio de colaboración por el que mejoran los procesos en cuanto a las reclamaciones, sugerencias, propuestas y consultas que recibe la Institución sobre la comercialización de los suministros y servicios que presta Iberdrola a sus clientes en esta comunidad autónoma.
El acuerdo, que fue iniciado en 2017, y que ha sido valorado muy positivamente por ambas partes, se ha renovado en la sede del Defensor del Pueblo Andaluz por parte del responsable de esta Institución, Jesús Maeztu, y el delegado comercial de Iberdrola en Andalucía y Extremadura, Borja Cañas. A la firma también ha acudido Antonio Fernández, delegado institucional de la compañía.
El objetivo del acuerdo es resolver de manera ágil y eficaz las quejas, reclamaciones, sugerencias, propuestas o solicitudes de información relativa a suministros y servicios prestados por las empresas comercializadoras de Iberdrola que el Defensor del Pueblo andaluz reciba de clientes de la compañía. Para ello, este comisionado trasladará cada notificación de estas características a la empresa y, por su parte, Iberdrola analizará y estudiará cada caso de forma individual y personalizada e informará directamente al consumidor o usuario, al mismo tiempo que enviará una notificación al Defensor del Pueblo Andaluz.
Este trámite se realizará con carácter general, y salvo intervención de terceros para su resolución, debe resolverse en un plazo máximo de 30 días desde el inicio de la tramitación de la solicitud. En caso de discrepancia con la solución propuesta por la empresa comercializadora, la persona afectada puede ejercer sus derechos de reclamación a través de las autoridades administrativas que correspondan.
Este acuerdo también servirá para realizar acciones formativas y de concienciación sobre eficiencia energética y uso responsable de los suministros con el fin de disminuir el consumo energético, y así ahorrar en la factura final. En este marco se engloban otras acciones como la facilidad y flexibilidad de pago a clientes con dificultades, por la que los clientes pueden elegir cuánto y cómo quieren pagar, y seleccionar, por ejemplo, el plan de pagos que mejor se adapte a su situación.
Además, ambas instituciones van a constituir un grupo de trabajo para el seguimiento de las actuaciones conjuntas, así como para la realización de acciones de sensibilización, promoción y defensa de los derechos de las personas consumidoras, en particular, en cuestiones relativas al suministro de productos y servicios en el ámbito de la energía.
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