El Defensor del Pueblo Andaluz investiga las posibles deficiencias en la atención primaria de salud

· Las quejas ciudadanas denuncian inaccesibilidad e inoperatividad

· Los profesionales advierten de desgaste y saturación

· La Institución del Defensor quiere conocer los criterios de reorganización y extraer posibles propuestas de mejora desde la perspectiva de los derechos de la ciudadanía

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha abierto una queja de oficio sobre la atención primaria ante la crisis sanitaria de la COVID-19, con el objetivo de analizar las posibles deficiencias de los protocolos y criterios adoptados para la dispensación de este servicio sanitario público y extraer conclusiones y posibles propuestas de mejora desde la perspectiva de los derechos de la ciudadanía.

En la atención primaria recae la responsabilidad de acometer el control inicial de los brotes víricos, además de continuar con las funciones propias de su cartera de servicios, de ahí que para el Defensor andaluz es fundamental “una adecuada prestación de este servicio público en un contexto como el que vivimos, así como su adaptación eficaz y eficiente a una realidad sanitaria de duración incierta, regida por nuevos parámetros”.

Las quejas recibidas en la Institución andaluza denuncian, entre otras causas, disfunciones e insuficiencias de la atención primaria de salud: falta de información suficiente y adecuada; dificultades para obtener cita, problemas para una atención presencial en centro de salud o insatisfacción con el resultado de la consulta telefónica; dificultades para la práctica de pruebas; criterios para la práctica de la PCR, excesiva demora en los resultados, etcétera. Por su parte, los profesionales de la atención primaria, atendiendo en estos casos a las manifestaciones públicas, denuncian saturación y advierten de un riesgo de colapso.

Para el Defensor estos testimonios evidencian, de una parte “que la atención primaria aparenta haber dejado de tener presencia en el día a día de quienes la precisan, por inaccesibilidad e inoperatividad” y, de otra, el desgaste de sus profesionales ante una nueva modalidad de atención sanitaria no presencial en la que han de conjugar la demanda ordinaria con “las labores sobrevenidas para hacer frente en este nivel a los brotes por coronavirus, que incluyen, entre otras, el rastreo, el control domiciliario de personas con síntomas y la cobertura a centros sociosanitarios y escolares”.

El Defensor andaluz es consciente del esfuerzo que supone la reorganización forzosa por la crisis sanitaria de este servicio de primer nivel de acceso al sistema sanitario público en Andalucía, con 1.517 centros de salud y consultorios en la 216 Zonas Básicas de Salud de nuestra Comunidad, pero, precisamente por el valor que la atención primaria ostenta como servicio sanitario público para toda la población, considera necesario analizar la dispensación de este servicio en el actual escenario de crisis sanitaria desde la perspectiva de la defensa de los derechos de la ciudadanía”.