El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha pedido hoy al Parlamento de Andalucía su conformidad a la propuesta de cese del Adjunto del Defensor, de acuerdo al artículo 8.2 de la Ley 9/1983 reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz y al artículo 18.2.d de su Reglamento de Funcionamiento.
La propuesta viene motivada por la pérdida de confianza en el Adjunto ante su imputación judicial en unos hechos que pudieran ser constitutivos de un delito contra la intimidad por cesión a terceros de datos personales o de revelación de secretos con relación a un expediente tramitado desde la Oficina del Defensor a instancia de una persona.
Jesús Maeztu ha informado hoy ante los miembros de la Comisión de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz y Peticiones del Parlamento de Andalucía que su propuesta de cese se hace ante los indicios contrastados que hacen apreciar la falta de idoneidad del Adjunto para el desempeño de sus funciones ya que los hechos investigados implican un notorio incumplimiento de las obligaciones y deberes de confidencialidad y reserva inherentes al desempeño de su puesto.
A juicio del Defensor, su mantenimiento en el cargo, independientemente de lo que resulte del procedimiento judicial, podría también constituir un perjuicio para la Institución al afectar a los principios básicos de confianza y credibilidad de los ciudadanos y ciudadanas en que se sustenta.
Jesús Maeztu ha defendido que, con independencia del procedimiento jurisdiccional penal, la gravedad de los hechos no permite más demora. Se trata de una respuesta en el ejercicio de su responsabilidad que refuerza ante la ciudadanía los mecanismos de corrección de la Institución ante un mal funcionamiento. En este sentido, confía en que este hecho, puntual en más de 30 años de funcionamiento de la Defensoría andaluza, no debilite la confianza de la interesada y de los ciudadanos y ciudadanas en la Institución.
El Defensor ha recordado que la Institución ha actuado desde el primer indicio de sospecha de una posible vulneración del derecho a la intimidad con todos los mecanismos legales a su alcance para preservar y garantizar este derecho.
En febrero de 2015, ante la denuncia de la interesada de una posible filtración de sus datos a terceros desde la Institución, el Defensor del Pueblo Andaluz abrió un expediente de investigación reservado cuyo resultado puso en conocimiento de la Fiscalía para que, si así lo consideraba, prosiguiera con la investigación, dada las limitaciones legales de la Institución para avanzar sin que pudieran resultar afectados los derechos del personal de la Oficina del Defensor. Posteriormente, la actuación de la Fiscalía provocó la intervención del Juzgado así como la actuación de la Unidad de Policía especializada en delitos tecnológicos. Y, recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha acordado la apertura de diligencias previas, en el curso de cuya instrucción está siendo investigado el Adjunto al Defensor.
Toda la actuación por parte del Defensor del Pueblo Andaluz ha estado motivada en todo momento por el compromiso de la Institucion con la persona afectada que presentó la queja, y con su deseo expreso para que, en la medida de lo posible, se evite una nueva exposición pública del caso por los daños que tal situación añadida le provocaría.
En este sentido, ha querido trasladar a todos los ciudadanos y ciudadanas su preocupación e interés por aclarar estos hechos y fortalecer así la relación de confianza que, desde hace más de 30 años, han depositado en la Institución y en el trabajo de las personas que la integran, implicadas y comprometidas en la defensa y protección de sus derechos.
Una vez celebrada esta sesión, la Comisión Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el DPA y Peticiones ha dado su conformidad a la propuesta de cese del Adjunto del Defensor del Pueblo Andaluz.
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