El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha inaugurado hoy una jornada sobre la inclusión de las personas con discapacidad como personal docente e investigador en las universidades andaluzas.
Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Defensor del Pueblo Andaluz quiere contribuir a reforzar la garantía de los derechos de este colectivo celebrando esta jornada en relación con el acceso de las personas con discapacidad a la condición de personal docente e investigador (PDI) en las Universidades públicas andaluzas, cuestión que motivó la realización de una actuación de oficio por parte de esta institución.
El Defensor del Pueblo andaluz ha aludido a los datos que figuran en el III Estudio Universidad y Discapacidad, promovido por la Fundación Universia y por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), donde el personal docente e investigador con discapacidad supone el 0,6% de estos efectivos en las Universidades públicas españolas y un 0,9% en las privadas, porcentajes muy alejados del objetivo que se fijan las leyes garantizadoras del derecho a la inclusión laboral de las personas con discapacidad para que se alcance el porcentaje del 2% de las mismas entre los efectivos totales que se requiere en cada Administración pública.
En este contexto, ante los requerimientos del CERMI y otras organizaciones sociales, como la ONCE, a las Universidades públicas españolas para hacer efectivos los mandatos legales de inclusión laboral de personas con discapacidad en sus plantillas de personal docente e investigador, así como de los Defensores Universitarios andaluces para que se promovieran medidas que permitieran garantizar la reserva legal de plazas para personas con discapacidad en este ámbito, el Defensor del Pueblo andaluz acordó iniciar una actuación de oficio destinada a conocer la situación de las personas con discapacidad para acceder a los puestos de personal docente e investigador en las Universidades públicas de Andalucía, ha señalado Jesús Maeztu.
Tras la información facilitadapor las propias Universides públicas andaluzas, Jesús Maeztu ha expuesto que, a pesar de que los porcentajes totales de personal PDI con discapacidad en nuestras universidades mejora algo con respecto a la media a nivel nacional (el 0,87% frente al 0,6% de media estatal), "todavía no se alcanza ni siquiera el 1% de estos puestos en el total de sus plantillas que, según dichos datos ascienden a 16.033 efectivos".
"Como ponen de manifiesto estos datos -ha continuado el Defensor- los porcentajes de personas con discapacidad que acceden al ámbito profesional de la docencia e investigación en el sistema universitario andaluz son insuficientes y lejos aún del objetivo general del 2% que señalan las normas legales como óptimos para avanzar en la igualdad de oportunidades de este colectivo en dicho ámbito".
Otro dato de interés a destacar que se contiene en el III Estudio Universidad y Discapacidad, publicado en 2017, es que el porcentaje de personas con discapacidad en el colectivo PAS (personal de administración y servicios) en las universidades públicas españolas (el 1,5%), es muy superior al que se alcanza en el colectivo del PDI (0,6%), lo que es indicativo de la mayor dificultad que tienen las personas con discapacidad para acceder a puestos de mayor cualificación como son los correspondientes a la función docente e investigadora en el sistema universitario público. Proporción que se mantiene en las Universidades privadas (un 0,9% en PDI, frente al 1,6% en PAS).
"Esta desproporción de presencia de personas con discapacidad en ambos colectivos, que también observamos en los datos de las Universidades públicas andaluzas facilitados, es una consecuencia muy directa de la distinta forma de aplicar los porcentajes legales de reserva para personas con discapacidad en las ofertas públicas de empleo para el personal docente e investigador", ha considerado el Defensor del Pueblo andaluz.
Por último, Jesús Maeztu ha señalado que de la información trasladada por la Administración Universitaria se pone de manifiesto que, "mientras que estas Universidades vienen cumpliendo en su totalidad la reserva de puestos para personas con discapacidad en las ofertas de empleo público para personal de administración y servicios, no ocurre así para el personal docente e investigador". "Esta discordancia entre las previsiones legales y su aplicación práctica respecto al acceso de personas con discapacidad a los puestos de PDI en la Administración Universitaria, hace necesario la adopción de medidas de acción positiva para poder pasar del derecho formal reconocido a estas personas al derecho real que permita hacerlo efectivo y que, como ustedes saben, constituyen el objetivo que nos hemos propuesto con esta Jornada", ha concluido.
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