El Defensor del Pueblo andaluz reitera la necesidad de adaptar la Renta Mínima y el Ingreso Mínimo Vital ante el agravamiento de la situación

· Denuncia que personas carentes de recursos o ingresos se encuentran atrapadas en la maraña burocrática del Ingreso Mínimo Vital y de la Renta Mínima andaluza, y lamenta la falta de información o el asesoramiento erróneo de las administraciones

· Solicita a la Consejería de Política Social que aclare cuál está siendo la práctica que se ha adoptado con los expedientes de renta mínima, en cualquiera de sus fases, tras la entrada en vigor del ingreso mínimo vital, y el criterio adoptado para la suspensión del pago de la prestación que le trasladan las personas afectadas

· Se muestra convencido de la posibilidad de pervivencia de la prestación andaluza para dar amparo a todas las personas urgidas de protección social sin demora

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha vuelto a requerir a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales una respuesta ante su petición de que reconfigure la Renta Mínima de Andalucía para hacerla compatible con el Ingreso Mínimo Vital y que ponga fin a los procedimientos que continúen abiertos desde la entrada en vigor de la prestación autonómica en 2018.

El Defensor andaluz ha lamentado la falta de respuesta sobre su último llamamiento realizado el pasado junio y ha advertido de la necesidad de conocer los planes de la Consejería ante “un agravamiento de la situación de las personas carentes de recursos o ingresos, que se encuentran atrapadas en la maraña burocrática del Ingreso Mínimo Vital y de la Renta Mínima andaluza”. Entre otras cuestiones, Jesús Maeztu ha citado en su petición casuísticas como aquellas personas que han solicitado el ingreso mínimo vital y, sin llegar a obtener una respuesta, han dejado de percibir la renta mínima de inserción social en Andalucía sin notificación previa, así como otros que han tramitado la renovación de la renta mínima y pedido el ingreso mínimo estatal, sin que la Administración resuelva.

Del mismo modo, el Defensor denuncia la falta de información o el asesoramiento erróneo que desde cualquiera de las Administraciones implicadas (autonómica o local) se ofrece a las personas interesadas, “que las lleva a solicitar el ingreso mínimo vital y a desistir de la renta autonómica, a pesar de que esta última está en vigor y tiene un claro ámbito de cobertura legal, llamado a dar respuesta a todos aquellos a quienes se deniegue el primero y, muy particularmente, puede proteger a aquellos cuya solicitud de ingreso mínimo vital se desestime por tomar en consideración una capacidad económica desajustada con la realidad actual (por ir referenciada a 2019), en vez de contemplar la situación a la fecha de solicitud, como adecuadamente establece la renta andaluza”.

En definitiva, el Defensor le recuerda a la Consejería que la desinformación de la población andaluza, la casuística compleja y variopinta, el surgimiento del ingreso mínimo vital, el carácter subsidiario de la renta mínima, el retraso en la resolución de expedientes con una importante demora y la pluralidad de situaciones derivadas de las medidas extraordinarias de la renta mínima autonómica (renovaciones automáticas, prestaciones extraordinarias, plazos diversos de solicitud y percepción, así como de vigencia), hacen imprescindible que esa Consejería dé cumplimiento a todas y cada una de las Recomendaciones que le dirigimos el pasado 22 de junio y, en todo caso, que dilucide las complejidades expresadas. La Consejería tenía un mes para responder.

El Defensor solicita que se aclare cuál está siendo la práctica que se ha adoptado en relación con los expedientes de renta mínima, en cualquiera de sus fases, tras la entrada en vigor del ingreso mínimo vital y el criterio adoptado para la suspensión del pago de la prestación que nos trasladan las personas afectadas. Por último, el Defensor manifiesta su convencimiento de la posibilidad de pervivencia de la renta mínima de inserción social en Andalucía, ya que en su actual regulación presenta un ámbito de cobertura compatible con el ingreso mínimo estatal, cuya subsistencia permitiría dar amparo a todas las personas urgidas de protección social sin demora.