El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha comparecido hoy ante la Comisión sobre Derechos y Atención a las Personas con Discapacidad del Parlamento de Andalucía para informar sobre el balance de las principales quejas recibidas y las actuaciones desplegadas por la Institución en materia de discapacidad.
El Defensor ha hecho mención al Informe Anual 2022 y ha subrayado, en primer lugar, las acusadas dilaciones en la valoración, apreciadas a través de las quejas individuales recibidas, y que determinaron una investigación de oficio.
Asimismo, Jesús Maeztu ha destacado el desarrollo reglamentario de la organización y funciones de los Centros de Valoración y Orientación de personas con discapacidad, así como el procedimiento administrativo de reconocimiento de grado de discapacidad, asuntos sobre los que esta Institución venía instando con insistencia desde hace años, y que ha encontrado respuesta normativa.
El Defensor ha apuntado también a la dotación de personal en los Centros de Valoración y Orientación, lamentando que no haya tenido lugar esta actualización de personal, y la ausencia de información sobre los tiempos medios de respuesta para la valoración y revisión del grado de discapacidad y la adecuación de los puestos de trabajo de los Centros.
Por ello el Defensor ha señalado que, “en la actualidad, nuestra Institución continúa asistiendo a la recepción diaria de multitud de quejas que describen demoras inadmisibles en la respuesta de los Centros de Valoración y Orientación de la Discapacidad a las solicitudes de valoración inicial de la discapacidad o de revisión del grado, unido a una falta de información sobre qué hacer y la desesperanza de no saberse asistido por lo que entienden un atropello en su esfera de derechos”.
“Contamos con testimonio de personas mayores con mal pronóstico vital, que no pueden esperar los tiempos de espera descritos, menores que precisan de intervención por parte de la Administración para poder acceder a recursos públicos y a las prestaciones pertinentes y, sobre todo, personas sin empleo cuya pretensión es la de poder contar con un instrumento que favorezca su inserción laboral, accediendo a los empleos reservados para quienes cuentan con dicho reconocimiento”, ha afirmado.
Entre otras cuestiones, el Defensor ha apuntado además a las reclamaciones para la obtención de la tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida, así como ha llamado la atención sobre la función que desempeñan las instituciones tutelares de las personas sujetas a medidas judiciales de apoyo y sus eventuales carencias, sobre lo que ha iniciado una actuación de oficio.
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