El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, y el director de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, Ricardo Puyol, han presentado hoy la Guía sobre buenas prácticas en materia de contratación realizada por ambas instituciones con el objetivo de fijar pautas de actuación adicionales a las ya recogidas en la normativa, que contribuyan a una gestión más transparente y eficaz de sus propios procesos de contratación pública.
La aplicación de estas recomendaciones en la gestión contractual se inscribe en el objetivo de la prevención y lucha contra la corrupción que instaura, como unos de sus pilares, las Directivas comunitarias sobre contratación pública y la propia Ley de Contratos del Sector Público, y persigue, en última instancia, una mejora en términos de calidad de los servicios que sea percibida y valorada por la ciudadanía destinataria de los mismos.
Esta autorregulación permitirá actuar en una línea preventiva, identificando los riesgos de incumplimiento de las obligaciones normativas, e instaurando los mecanismos necesarios para evitar que tales riesgos se materialicen. La implantación de estas prácticas comprende las fases de preparación, adjudicación y ejecución de los contratos públicos, si bien esta primera versión de la guía se centra en las dos primeras fases.
Ambas instituciones han destacado como pilares de estos procesos la necesaria planificación en materia de contratación; el principio de integridad en los procedimientos de licitación; la elaboración de pliegos tipo como instrumento de agilización y simplificación; la publicidad de la actividad contractual de las instituciones implicadas; la conveniencia de la organización interna, y la necesaria profesionalización y formación continua de los implicados en los órganos de contratación.
Jesús Maeztu, Defensor del Pueblo andaluz, ha destacado que ambas instituciones “predican con el ejemplo” y esta guía profundiza en que la contratación sea ejemplar para mandar “un mensaje de que todo lo que se hace en contratación se hace de manera pública y exquisita”. “Estamos libre de toda sospecha en materia de contratación; resolvemos todo lo que sea enrevesado en contratación, aclaramos las directivas, y cortamos cualquier motivo de preocupación”, ha señalado Maeztu.
Por su parte, Ricardo Puyol, director de la Oficina Andaluza Antifraude, ha resaltado que el objetivo de la guía es proyectar hacia todo el sector público andaluz, y en particular al personal que desarrolla labores en este ámbito, los principios y criterios rectores de una política pública activa frente al fraude en materia contratación, e implantar los conceptos de Compliance y de centralidad de la contratación en el diseño y ejecución de las políticas públicas.
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