El Defensor del Pueblo atiende casi mil quejas y 2.500 consultas durante el Estado de Alarma por el COVID-19

· Jesús Maeztu enumera diez lecciones de esta crisis que pueden convertirse en líneas de actuación para una Andalucía posCOVID, como el blindaje de la sanidad, los cuidados a las personas mayores o el refuerzo de la red de protección social

· El comisionado parlamentario solicita que se haga todo lo posible para que las consecuencias no recaigan una vez más en los más vulnerables

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha informado hoy de que la Institución que dirige ha recibido 948 quejas y ha atendido 2.491 consultas de los andaluces durante los casi cien días en los que ha estado decretado el Estado de Alarma a causa de la propagación del coronavirus, cifras récord como la producida en abril, mes en el que mayor número de consultas se atendieron en los 37 años de historia de la Institución.

En su intervención ante la subcomisión de Políticas sociales y demás servicios esenciales (Comisión de Estudio sobre la Recuperación Económica y Social de Andalucía a causa de la pandemia del COVID-19) celebrada en el Parlamento andaluz, Jesús Maeztu ha señalado que la prioridad desde el primer día fue prestar especial atención a muchos colectivos que habitualmente vienen solicitando la ayuda del Defensor del Pueblo Andaluz y que, con el confinamiento y la pandemia se vieron especialmente necesitados de amparo.

Maeztu ha citado los casos de las personas solicitantes de rentas mínimas por falta de ingresos; aquellas sin acceso a los suministros básicos de energía y agua; las personas mayores; los dependientes; las necesitadas de una vivienda, que reclaman los mecanismos existentes para su acceso o mantenimiento, como son las ayudas para el alquiler de vivienda; los trabajadores migrantes, con especial atención a los asentamientos de Huelva y Almería; los niños y niñas escolarizados y sus familias, especialmente los necesitados de manutención como son los beneficiarios de los programas de garantía alimentaria; los menores con alteraciones conductuales; el personal sanitario, que ha reclamado equipos adecuados y garantías de protección, y otras situaciones en las que se trabajaba y se agravaron, como los barrios que soportan continuos cortes de luz, caso de la zona norte de Granada.

El Defensor del Pueblo andaluz ha señalado que en estos tres meses se ha encontrado con personas y familias en extrema pobreza a las que la Administración no ha contestado a sus solicitudes y ayudas solicitadas de renta mínima, ayudas al alquiler o pensiones no contributivas, a quienes se han sumado los que han perdido un empleo; agravamiento de la pobreza infantil, conflictos de guarda y custodia en menores, problemas de salud mental, niños y niñas que viven en condiciones de hacinamiento, sin acceso a la educación en algunos casos por falta de recursos tecnológicos y personas que necesitaban cuidados, en dependencia, discapacidad o salud mental, entre ellas el colectivo de personas mayores, a quienes ha afectado de manera particular la situación vivida en las residencias.

El Defensor del Pueblo andaluz ha descrito también la situación en la que se han encontrado las personas migrantes irregulares, necesitadas de tener garantizados derechos básicos como el acceso al agua o a los alimentos en los asentamientos, así como desplazarse para trabajar en las zonas agrícolas. Maeztu ha añadido la especial atención hacia la discriminación hacia las mujeres, que suelen sufrir el peor coste en todas las crisis; el derecho a la vivienda o los nuevos marginados, aquellos sin acceso al mundo digital por carencia, educación, formación, medios o recursos.

Todos estos colectivos han tenido una queja compartida, según Maeztu: las dificultades para obtener información y comunicarse con las administraciones o con los servicios sociales, especialmente por las medidas de seguridad e higiene; los ERTES, los familiares de personas mayores en residencias, o por cada una de las medidas publicitadas y aprobadas (suspensión de la hipoteca, desplazamientos y sanciones por incumplir con el confinamiento, cortes de suministros, la tarjeta de alimentos, o los problemas de encaje del Ingreso Mínimo Vital con la renta mínima de Andalucía, etc). “Ha existido una manifiesta descoordinación en bastantes zonas de Andalucía por parte de la Administración pública hacia estas personas a quienes tiene que dar respuesta a sus necesidades básicas”, ha considerado Maeztu.

Ante este nueva realidad, y a la espera de concluir un Informe extraordinario en el que la Institución ya está trabajando, el Defensor del Pueblo andaluz ha considerado que si no se atacan o corrigen las desigualdades que nos han hecho más vulnerables a los impactos de esta crisis, la respuesta a esta pandemia será débil. “Urge una reconstrucción, pero sobre todo urge que, en esa reconstrucción, las personas más vulnerables quepan mejor que ahora”, ha declarado.

Para conseguir estos objetivos, el Defensor del Pueblo andaluz ha enumerado diez lecciones de esta crisis sanitaria que se pueden convertir en líneas preferentes de actuación. En primer lugar, el blindaje de una sanidad pública y universal, que dote de estabilidad a las plantillas. Otra conclusión aportada por el Defensor ha sido la necesidad del cuidado de las personas mayores, que exige más recursos, más esfuerzo, otro modelo de atención y un cuidado centrado en la persona y sus necesidades. Maeztu ha añadido el refuerzo de una red de protección social que se ha demostrado débil, fallidas políticas en materia de vivienda y apoyo social, basado en muchas pequeñas ayudas de muy diverso tipo y que obliga a las familias a un peregrinaje continuo por las administraciones para obtener ayudas de manutención, alojamiento o acceso a luz y agua.

Para Jesús Maeztu, la ciudadanía requiere del cumplimiento del derecho a un buen gobierno y a una administración abierta en todas las políticas públicas, con especial urgencia en la educación y en los servicios sociales. Sobre la educación, el también Defensor del Menor de Andalucía se ha referido a la provisionalidad en las escuelas y las dudas sobre el aprendizaje virtual, para reclamar que es necesario adaptar el derecho a la educación a las necesidades de la sociedad digital.

El Defensor del Pueblo andaluz ha considerado también necesario definir un enfoque en la Justicia en relación a la necesidad de consolidar otras herramientas, como la mediación, como sistema alternativo para la resolución de conflictos; no perder de vista la dimensión de género que va a tener las consecuencias de esta crisis, con especial atención a la violencia de género, y la necesidad de integrar en esta transformación a la juventud. Por último, Maeztu ha reclamado el estudio de otro modelo productivo más adecuado a esta nueva realidad, con economías inclusivas y sostenibles, y la urgencia de revertir el cambio climático.

En conclusión, el Defensor del Pueblo andaluz ha elevado a los parlamentarios su solicitud para una Andalucía posCOVID: que se haga todo lo posible para que las consecuencias no recaigan una vez más en los de siempre, los más vulnerables, y se lleve a cabo una redefinición de las nuevas necesidades y exigencias respecto a la solidaridad, la equidad y las brechas de la desigualdad.