El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha destacado hoy la vulnerabilidad de algunos colectivos que no habían alcanzado la recuperación tras la crisis económica justo cuando están padeciendo el impacto de otra crisis, esta vez sanitaria por la propagación del COVID-19, circunstancia que ha agravado su situación.
El Defensor del Pueblo andaluz ha entregado hoy a la presidenta del Parlamento andaluz el Informe Anual 2019 de la Institución, entrega retrasada tras la suspensión de la actividad parlamentaria con motivo de la epidemia. En 2019 fueron 25.223 las actuaciones en defensa de los derechos de la ciudadanía ejecutadas por la Defensoría. Estas se reparten entre la gestión de 10.924 quejas, de las que 7.166 fueron nuevas (7.033 a instancia de parte y 133 de oficio) y el resto tramitadas de años anteriores; la atención de 13.470 consultas, y 829 acciones de promoción de derechos (jornadas, guías, informes especiales, etc...). En total, fueron 49.487 personas las que requirieron en 2019 la intervención de este comisionado parlamentario.
El Defensor del Pueblo andaluz ha subrayado que la radiografía del Informe Anual muestra que la vulnerabilidad económica y social continuaba amenazando a principios de año a una buena parte de los andaluces y que la recuperación estaba siendo profundamente desigual para algunas capas de población. Según ha detectado la Institución, se trata del caso de trabajadores pobres; niños y niñas que sufren pobreza infantil; personas mayores de 65 años que son sustento de muchas familias; personas migrantes, con un riesgo enorme de caer en la pobreza; familias con hijos dependientes o mujeres solas con hijos, y personas necesitadas de vivienda, debido al coste de las mismas, incluido el alquiler, un fenómeno que sufría la falta de una regulación adecuada de los pisos turísticos. De igual manera, el Informe Anual 2019 incluye análisis sobre la garantía de los derechos en la Andalucía despoblada; desigualdades que la Defensoría ha comenzado a estudiar; en las personas mayores; en el derecho a una buena administración; en los menores migrantes o en el cambio climático.
A causa del impacto de la epidemia, el Defensor del Pueblo andaluz ha señalado que durante este primer semestre ha detectado la continuidad en la vulnerabilidad de algunas de las realidades detectadas, si bien el análisis completo de las consecuencias del COVID, con más de una veintena de actuaciones de oficio, están siendo objeto de estudio por parte del Defensor del Pueblo andaluz y formará parte de un Informe Extraordinario que entregará al Parlamento andaluz. Jesús Maeztu ha afirmado que “la COVID ha certificado la vulnerabilidad de estos grupos” que son merecedores de una especial protección, así como ha adelantado algunas lecciones que, en opinión de la Institución, está dejando esta experiencia.
En primer lugar, el Defensor del Pueblo andaluz ha destacado la necesidad de un reforzamiento de lo público. “Ante una situación de grave desprotección, hemos acudido a lo público, que son una garantía”, ha subrayado Jesús Maeztu. En este necesario reforzamiento, Jesús Maeztu ha aludido al sistema de salud público, con medidas de protección para los sanitarios, y al sistema de educación pública, como una inversión necesaria para evitar la desigualdad y las brechas educativas. El Defensor del Pueblo andaluz ha añadido la necesidad de vivienda pública, sin descapitalizar el parque público existente, y dotándose de viviendas con suministros suficientes y en entornos no degradados provistos de infraestructuras. Asimismo, Jesús Maeztu ha resaltado la necesidad de un sistema de protección que requiere de una Administración ágil y eficiente que responda a tiempo a las solicitudes de rentas mínimas, de dependencia, de ayuda al alquiler o de atención a los inmigrantes irregulares y alojamiento de temporeros y ha incluido la necesidad de que las respuestas judiciales también sean diligentes.
En segundo lugar, el Defensor del Pueblo andaluz ha apuntado que otra lección de esta crisis ha sido el tratamiento a las personas mayores, para quienes ha reclamado una revisión en profundidad sobre el modelo de atención a estas personas. En concreto, Jesús Maeztu ha lamentado profundamente la situación vivida en las residencias. También ha llamado la atención sobre el reforzamiento de los servicios sociales comunitarios.
En tercer lugar, el Defensor del Pueblo andaluz ha señalado que la recuperación será posible si es complementada con la creación de empleo, y ha compartido la oportunidad de pasar de una economía de mercado a una economía de cuidados. Jesús Maeztu ha reclamado cambiar la tendencia y que esta atención a colectivos no se considere un gasto, sino una inversión necesaria para un nuevo modelo productivo. También ha reclamado una especial atención a la juventud tras la segunda crisis que soportan, ya que vuelven a ver mermados sus proyectos de vida o descendencia, y la oportunidad de integrar a los inmigrantes, con la regularización y la eliminación de los asentamientos entre otras medidas, entre las que ha incluido la autorización de residencia equiparándola a la de trabajo.
En cuarto lugar, aunque también en este sentido relacionada con la creación de empleo y cambio de modelo productivo, el Defensor del Pueblo andaluz ha reparado en la Andalucía despoblada u olvidada para que se aproveche la oportunidad de eliminar algunos de los problemas actuales y crear empleo gracias al turismo rural o al teletrabajo, con el objetivo de que no se abandonen a las comarcas rurales. Jesús Maeztu ha llamado la atención sobre los nuevos excluidos y ha apuntado que el confinamiento del coronavirus ha sido un ensayo general de la sociedad digital que viene para quedarse, ensanchando la brecha digital entre los preparados y los que no lo estén. También ha alertado sobre los riesgos de retrocesos en los avances conseguidos en la igualdad de género.
Por último, el Defensor ha destacado como una lección positiva del COVID la responsabilidad de mucha gente, la ayuda mutua, el compromiso horizontal, el acompañamiento, ya que donde no han llegado las administraciones, han llegado los voluntarios, en los pueblos, en los barrios, “una ola de solidaridad, de ayuda, que es un valor para una sociedad”.
Como conclusión, el Defensor del Pueblo andaluz ha augurado que esta pandemia “va a modificar nuestra visión de la vida, nuestra manera de relacionarnos y nuestras prioridades”, y por esta razón ha reclamado una actuación preferente de las administraciones públicas sobre los colectivos vulnerables. “Todos estamos bajo la misma lluvia, pero no todos tienen el mismo paraguas protector”, ha precisado Jesús Maeztu, quien ha reivindicado la urgencia de adoptar medidas para combatir la pobreza y la desigualdad, a partir de un diagnóstico preciso sobre esta realidad, ya que “gran parte de las realidades analizadas pueden deteriorarse e incluso algunos derechos corren el riesgo de retroceder” en la Andalucía del COVID.
Para Jesús Maeztu, ha llegado “el momento de rectificar, de reordenar lo que la gente experimenta como lo fundamental: salud y educación pública, vivienda digna; empleo digno; prestaciones sociales y economía de cuidados; menores; mayores y sociedad del conocimiento (digital y jóvenes)”.
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