El caos existente, en lo que concierne a la tramitación de expedientes de expropiación por parte de la Demarcación de Carreteras de Andalucía Oriental, dependiente del Ministerio de Fomento, genera una situación límite para los propietarios expropiados, muchos de ellos pequeños agricultores, y limita la ejecución de futuras infraestructuras, lo que ha hecho que esta Institución ponga en conocimiento de la Defensoría del Pueblo de las Cortes Generales estos hechos para que, en su caso, inicie las actuaciones que considere oportunas.
Informes que ha conocido el Defensor del Pueblo Andaluz citan la enorme cantidad de gestiones que será necesario realizar para tramitar, de forma inmediata, el pago de 528 mutuos acuerdos, y 1.675 expedientes de intereses de demora, es decir va a ser necesario preparar 2.203 expedientes de pagos, con la complejidad jurídica que pueden conllevar las distintas incidencias que se planteen.
Pero, no obstante lo anterior, aún reviste mucha más entidad el trabajo a desarrollar respecto de la deuda estimada (180.408.245,49 euros), que exigirá para su abono valorar todos y cada uno de los 4.640 expedientes de mutuo acuerdo y 5.168 de intereses de demora actualmente pendientes.
La situación se describe como que “al día de hoy existen más de 4.640 fincas ocupadas desde hace varios años que no se han llegado aún a valorar, una deuda ya contabilizada de 57.888.996,11 euros que se va incrementando día a día; son miles los escritos y reclamaciones sin resolver; no dejan de recibirse decenas y decenas de solicitudes, llamadas y visitas de indignados ciudadanos, principalmente pequeños agricultores de Granada y Jaén, que han visto como se les ocupaban sus fincas, algunas ya hace ocho años, como se les han talado sus olivos, derruido sus invernaderos o sus viviendas, son sólo sin que se les haya abonado el mutuo acuerdo, sino que, incluso, sin que ni siquiera se les haya llegado a valorar la expropiación, por lo que no pueden negociar con una entidad bancaria un adelanto sobre el justiprecio y no pueden tampoco reponer los bienes expropiados, que en muchos casos supone su único medio de vida”.
También le apuntamos a la Defensora Estatal la preocupante situación en la que se encuentran miles de ciudadanos, muchos de ellos pequeños agricultores, que han sido privados de su derecho de propiedad sin obtener la correspondiente compensación, así como del daño que se causa a las arcas públicas y, por tanto, a la ciudadanía, ante la injustificada generación de tantos y tantos intereses y las graves consecuencias que se van a producir en la programación de las infraestructuras, al no estar disponibles los suelos sobre los que se deben ejecutar éstas.
A la vista de estos graves hechos, pedimos a la Defensora Estatal que tome muy en consideración estas circunstancias para que se revise la situación que puede estar aconteciendo en ésta y en otras Demarcaciones de Carreteras y, de acuerdo con ello, realice las gestiones que considere oportunas.
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