El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha instado a las administraciones a reflexionar sobre el grave problema social que afecta a miles de personas que residen en los barrios perjudicados por los cortes de luz y sobre la necesidad de garantizarles el derecho a disponer en sus hogares de un suministro eléctrico en condiciones mínimas de seguridad y calidad.
El Defensor ha considerado oportuno recurrir a la adopción de cuantas medidas alcancen a la competencia de cada una de las partes implicadas, así como revisar de modo honesto y coherente con el fin pretendido los avances producidos y los obstáculos que aún deben removerse.
Pese a los esfuerzos realizados por cada una de las partes implicadas, seguimos observando que las actuaciones desarrolladas no parecen seguir una guía de intervención ni un enfoque coordinado de desarrollo y seguimiento. En este sentido, Maeztu se ha lamenta de que "poco se ha avanzado en una solución" y que cada una de las administraciones sigue echando mano de las competencias ajenas para justificar que el problema se perpetúe, o al menos es lo que podemos deducir a la vista de las respuestas que se han ofrecido a esta Institución y de los escasos resultados prácticos alcanzados.
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