Las personas vulnerables ocupan más de la mitad de las actuaciones del Defensor del Pueblo andaluz en 2022

Por primera vez el comisionado parlamentario detalla las acciones de defensa de derechos en línea con los principios de la Agenda 2030

Las actuaciones con personas vulnerables representan más de la mitad de las actuaciones que acomete el Defensor del Pueblo andaluz, en concreto, el 51%, englobadas en acciones relacionadas con la defensa de los derechos de la ciudadanía en dependencia y servicios sociales, vivienda, salud y bienestar social, educación, prestaciones de la Seguridad Social, personas migrantes, personas presas e igualdad de género.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha presentado hoy en la comisión correspondiente del Parlamento de Andalucía el Informe anual 2022 de la Institución, en la que por primera vez ha ordenado los derechos que defiende en línea con los principios de la Agenda 2030. Al bloque en defensa de la dignidad de las Personas le continúan los de Planeta (21%), Prosperidad (21%) y, por último, Cultura de Paz y Alianzas (7%).

Más de 30.000 personas acudieron al Defensor este año para la defensa y garantía de sus derechos, lo que Jesús Maeztu ha traducido en más de 12.400 quejas y otras 12.700 consultas con respuesta, a lo que se incluye más de 600 acciones de promoción de derechos.

Entre los temas destacados, Jesús Maeztu ha resaltado los relacionados con la sanidad, especialmente la preocupación ante la atención primaria y ante el agravamiento de la salud mental; los riesgos de la transición digital, y la erradicación de los asentamientos de personas migrantes, enfocado en Huelva y Almería.

“Somos el último recurso para esas solicitudes; marcadas por la desesperación o la desesperanza, que han dejado en muchas ocasiones de confiar en las administraciones públicas como procuradores de sus derechos", ha enfatizado el Defensor. Maeztu ha puesto de ejemplo casos relacionados con las atenciones que necesitan personas mayores, personas con discapacidad, dependientes, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, familias o mujeres solas con hijos, en cuestiones como ingresos de subsistencia, acceso a una vivienda digna; suministros básicos, recursos para la educación en necesidades especiales, entre otros, "que, además, sufren asfixiantes demoras en su tramitación".

“Muchas de las situaciones que padecen estas personas tienen un hilo conductor: la pobreza y la desigualdad”, ha subrayado el Defensor. Sobre la situación de la sanidad, el Defensor ha señalado que es el sistema público de salud lo que ofrece seguridad a la población, por lo que ha considerado que “la respuesta debe ser, en nuestra opinión, la misma que reclamamos en los tiempos más duros de la pandemia: solo desde un fortalecimiento de la financiación pública de la sanidad y de un incremento de los profesionales se logrará mejorar la salud de la población, atendiendo los problemas clínicos y sanitarios con criterios de necesidad, no de disposición económica”.

“Estoy convencido de que los problemas de la atención primaria deben resolverse con recursos públicos y dentro del sistema sanitario público”, ha subrayado Jesús Maeztu, quien ha confiado en que “el consenso de mejora alcanzado hace apenas 48 horas en la mesa técnica, sirva para reforzar los pilares de nuestro sistema público de Atención Primaria, preservar los derechos estatutarios de la ciudadanía y dignificar a sus profesionales”.

El Defensor ha abogado además por la prevención y detección en la atención a la salud mental, y ha pedido que las patologías y trastornos de índole mental no se mantengan en la invisibilidad. Al mismo tiempo Maeztu ha mostrado su preocupación ante el incremento de casos de suicidios, especialmente “duro y cruel” en el caso de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y se ha felicitado de la acogida a su petición de un plan específico en Andalucía contra el suicidio, con enfoque particular en la población juvenil.

Sobre otros asuntos destacados, Maeztu ha comentado la necesidad de una transición digital justa que integre a todas las personas, también a las vulnerables con problemas de adaptación y competencias digitales. Maeztu ha reclamado una regulación de la cita previa para acabar con los retrasos en la atención a la ciudadanía y la incomunicación, al tiempo que ha reclamado que exista la alternativa de la atención presencial. Asimismo, ha puesto el foco sobre la automatización de algunos procedimientos, caso de la solicitud de prestaciones de subsistencia, que excluye a algunas personas, y al igual que sucede en el acceso a servicios de interés general como son los relacionados con los bancos, lo que se conoce como exclusión financiera.

Asimismo, Jesús Maeztu ha resaltado el trabajo de este comisionado para lograr la erradicación de los asentamientos en las poblaciones freseras de Huelva y en las hortícolas del poniente almeriense.