El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, hace un llamamiento humanitario ante la grave situación que atraviesan las personas mayores residentes en centros privados, públicos o concertados en Andalucía y pide respuesta a esta emergencia social ante los casos de infectación y fallecimientos de personas mayores que se están sucediendo en estas residencias, al igual que en otros puntos del territorio español.
La envergadura de este problema y su dimensión humanitaria hacen necesaria una investigación de oficio de la Institución del Defensor del Pueblo Andaluz para acceder a la información que permita analizar el cumplimiento de las competencias y obligaciones por la Administración pública andaluza, siempre desde la perspectiva de la salvaguarda de los derechos de la ciudadanía.
A raíz de la ingente información pública conocida y de las denuncias que han llegado a la Institución, el Defensor del Pueblo Andaluz considera que es imperiosa la necesidad de extremar las precauciones y medidas de protección de las personas mayores que viven en residencias, como colectivo de especial vulnerabilidad por la limitación de sus capacidades y su exposición al contacto humano, al depender absolutamente de él para su supervivencia ordinaria.
De la misma forma, también considera que es prioritario que las administraciones se coordinen para resolver las dificultades de organización y de respuesta para afrontar las situaciones de riesgo generadas por la falta de equipos de protección y abordar las pruebas de detección de la enfermedad.
Son muchas las denuncias públicas que han llegado a la Institución del Defensor del Pueblo Andaluz por la falta de los equipos de protección a los profesionales para atender a estas personas, con riesgo de contagio mutuo; el desconocimiento de a quién deben instar su aprovisionamiento; la omisión de la práctica de la prueba de coronavirus a residentes mayores que en estos días han sido ingresados en hospitales por neumonía o pudieran padecer la enfermedad por sus síntomas; la carencia de espacios para el aislamiento de los contagiados o residentes con sospecha de afectación vírica; la falta de personal por las bajas sobrevenidas, entre otras.
También hemos prestado especial atención a las declaraciones publicadas de la Administración sanitaria, alusivas a la cuantificación en 700 de las residencias, públicas y privadas, existentes en nuestra Comunidad Autónoma, a sus 45.000 residentes, a los intentos de aislamiento de los casos positivos detectados, a la revisión de las condiciones higiénicas y sanitarias de los inmuebles y al contacto con fines de coordinación con la Consejería de Igualdad. Así como conocido, la labor de desinfección de la Unidad Militar de Emergencias en diversas Residencias de mayores.
Es por ello, que tras el análisis de toda esta información y del manejo respetuoso y objetivo de la misma, nos hemos dirigido a la Consejería de Salud y Familias y a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía para conocer las medidas específicas adoptadas para la salvaguarda de la salud de las personas mayores residentes en los centros de Andalucía, cualquiera que sea su titularidad, frente al riesgo de contagio por COVID-19, la previsión para realizar las pruebas de detección diagnósticas específicas, además de las actuaciones de coordinación realizadas para garantizar su atención y protección.
Esta situación es la que motiva la preocupación del Defensor del Pueblo Andaluz y su actuación para la protección del colectivo de personas mayores, considerado el más vulnerable de esta crisis sanitaria y de emergencia social, la situación en la que se encuentran tras la declaración de la pandemia internacional del COVID-19.
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