El Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, ha advertido hoy sobre la emergencia climática y la pobreza infantil como graves amenazas para garantizar los derechos de la infancia, “en unos momentos en los que niños y niñas se están enfrentando a una complicada situación social y de crisis que hace peligrar o que pone en cuestión su propio estado de bienestar”.
En la inauguración de la jornada Los derechos de la infancia en Andalucía: retos y propuestas, que la Defensoría de la Infancia celebra conjuntamente en la Fundación Cajasol con Save the Children, Maeztu ha señalado distintos problemas para la infancia como son casos de malos tratos y otros tipos de violencias, brecha digital o la salud mental, si bien la jornada analizará la protección de los niños y las niñas ante los problemas para garantizar la justicia climática y ante el incremento de la pobreza infantil tras la Covid-19.
“Los niños y niñas que viven en hogares de bajos ingresos corren más riesgo de sufrir las consecuencias de estos cambios climáticos extremos porque viven en viviendas no acondicionadas, poco espaciosas y carentes de sistemas de refrigeración o calefacción. La renta, por tanto, es también un factor fundamental para enfrentar la emergencia climática, lo que atenta contra los derechos de la infancia”, ha señalado Jesús Maeztu, quien ha apuntado que “vamos a analizar estas situaciones y a aportar propuestas y soluciones con expertos y los propios niños y niñas”.
El director general de Save the Children, Andrés Conde, ha señalado que “Andalucía tiene ahora la oportunidad de ser vanguardia para acabar con la pobreza infantil y apoyar de manera real y efectiva a las familias más vulnerables. La experiencia nos dice que las transferencias de renta son una de las políticas de protección social más efectivas para combatir la inequidad. Por esta razón, creemos que los próximos presupuestos andaluces deberían retomar el Ingreso por la Infancia y la Inclusión (IPII) como complemento al Ingreso Mínimo Vital, (IMV) el cual fue ya avanzado en la anterior legislatura”, ha añadido Conde.
Esta petición se enmarca en las enmiendas de adición presentadas por Save the Children al articulado de la Ley de Presupuestos de Andalucía para 2023, que les ha hecho llegar a todos los grupos políticos presentes en el Parlamento de Andalucía, con el objetivo de lograr un firme consenso frente a la pobreza infantil. Además de recuperar el IPII, la organización propone que, como medida transitoria a dicho ingreso, se realice una modificación presupuestaria para aumentar los recursos destinados a la Renta Mínima de Inserción (RMI), con el objetivo de complementar la cobertura del IMV, asumiendo su complementariedad. “Somos conscientes del esfuerzo presupuestario que suponen ambas medidas, pero también del compromiso de la Junta de Andalucía y su preocupación por la infancia más vulnerable”.
La Defensoría de la Infancia y Save the Children elaborarán una propuesta entre todos los actores implicados que ayude a luchar contra el cambio climático y mejorar las condiciones de vida de la infancia más vulnerable por su situación socioeconómica. Tras la inauguración, se ha procedido a la conferencia principal, Retos en la defensa de los derechos de niños y niñas: la necesidad de un enfoque de derechos humanos, por parte de Jorge Cardona, catedrático de Derecho Público Internacional Universidad de Valencia y ex miembro del Comité de los Derechos del Niño.
La primera mesa redonda ha abordado los Derechos de la infancia y justicia climática, y participaron Leticia Balselga, representante de Ecologistas en Acción; Natalia Melero, miembro del Consejo de Participación de la Defensoría de la Infancia; Miguel Delibes, biólogo y presidente del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana, y Marta Bordons, representante de juventud por el clima (Fridays for future).
En una segunda mesa redonda, Infancia y juventud en desigualdad social, intervienen Francisco José Mora, Director General de Infancia, Adolescencia y Juventud; Juan Manuel Flores, teniente de alcalde delegado del Área de Hábitat Urbano y Cohesión Social del Ayuntamiento de Sevilla; Helena Fernández, concejal delegada de Asuntos Sociales y Delegación de personas mayores del Ayuntamiento de Cádiz, y Adolfo Lacuesta, presidente de la Plataforma de Organizaciones de Infancia de Andalucía.
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