El 40% de las quejas nuevas afectaban a la Junta de Andalucía y el 28,8% a ayuntamientos y diputaciones
Un total de 170.872 personas solicitaron la intervención del Defensor del Pueblo andaluz en 2017 en defensa de sus derechos y libertades, ante lo que consideraban una irregularidad o una mala gestión en las actuaciones de las administraciones públicas.
En su intervención hoy en la Comisión Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo andaluz y Peticiones para exponer el resumen del Informe Anual 2017 de la institución, el Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha aclarado que, del número total de personas, 143.000 lo hicieron con requerimientos por el Impuesto de Donaciones y Sucesiones. No obstante, los 27.000 restantes que solicitaron una actuación de este comisionado parlamentario entran en la media de las personas que acuden cada año al Defensor y registraron un número superior a 2016, cuando acudieron 22.492.
Entre otros datos, el Defensor señaló que de las 6.792 quejas nuevas (6.624 a instancia de parte y 168 de oficio) que se registraron en 2017, un total de 2.760 (el 40,6%) afectaban a la Junta de Andalucía. Las consejerías de Educación (770), Igualdad y Políticas Sociales (723), Salud (419) y Fomento y Vivienda (419) fueron las más afectadas. De otro lado, las quejas recibidas fueron dirigidas en 1.969 casos (el 28,8%) a los entes locales: ayuntamientos y diputaciones. El resto afectaron a Administración del Estado, empresas prestadoras de interés general, órganos judiciales, universidades, etc.
A las quejas nuevas se sumó la tramitación de otras más de 3.000 procedentes de años anteriores, hasta un total de 9.815. Asimismo, el Defensor del Pueblo andaluz atendió 10.378 consultas y realizó 675 actividades de promoción de derechos, con un balance global de 20.868 actuaciones. Un año más, la actuación del Defensor del Pueblo andaluz estuvo caracterizada por materias que afectan al Estado de Bienestar, que coparon el 54% de las actuaciones.
El mayor número de quejas gestionadas en 2017 estuvieron relacionadas con el personal del sector público (1.272 quejas); la vivienda (1.061 quejas); la educación (968 quejas); los menores (878 quejas) y el medio ambiente (632 quejas). Asimismo, las materias que más crecieron fueron igualdad de género (105%); Obras públicas y expropiaciones (32,4%); Dependencia (22,9%) y Consumo (21,9%).
El Defensor del Pueblo andaluz ha destacado que del total de las quejas gestionadas en 2017, 6.493 expedientes (66%) se cerraron y otro 34% está pendiente. De los 3.305 casos admitidos a trámite y cerrados en este ejercicio, en 2.008 se ha detectado que existe irregularidad de la Administración. De ellos, en 1.899 de los casos, un 94%, las administraciones han aceptado nuestra actuación y el Defensor del Pueblo andaluz ha logrado que el asunto se haya solucionado o se encuentre en vías de solución.
Sobre la colaboración de las administraciones, Jesús Maeztu ha subrayado que con la Junta de Andalucía ha sido adecuada en el 78% de los casos y con los ayuntamientos, el 63%.
Por último en cuanto a datos, el Defensor del Pueblo andaluz ha anotado que la valoración de satisfacción de los ciudadanos con el trabajo de la institución es de un 7,6, la nota más alta desde que se hacen estas evaluaciones, desde 2004. La nota se obtiene de las encuestas que se remite a las personas que presentan una queja cuando se finaliza el expediente.
Sobre las actuaciones, el Defensor del Pueblo andaluz ha resaltado la labor realizada el año pasado con la defensa del espacio natural de Doñana, las consecuencias del Brexit para Andalucía o los perjuicios en la población rural del cierre de oficinas bancarias, así como la elaboración de un informe especial sobre la muerte digna y las carencias en su aplicación.
Por materias, en educación ha vuelto a denunciar un año más la situación de la educación especial. Las quejas siguen creciendo, en este ejercicio, un 12% más que en el año anterior, principalmente por la no dotación de recursos personales a los centros educativos. Este año además la institución recibió quejas por el nuevo decreto que regula el acceso a las guarderías y, en especial, las dificultades para acceder a una plaza para los alumnos en peligro de exclusión social.
En salud, las quejas relacionadas en el ámbito de la atención especializada fueron más numerosas y ello sin contar con las relativas a la demora en la asistencia, cualquiera que sea su modalidad (consultas, pruebas, intervenciones, ...). El protagonismo siguió recayendo en las listas de espera. Durante 2016 el Defensor cifró las quejas relacionadas con los tiempos de respuesta asistencial en el 25% de las recibidas en el ámbito de la salud, pero en 2017 dicho porcentaje incluso se superó.
En servicios sociales, el Defensor del Pueblo andaluz ha anotado que la ciudadanía sigue denunciando retrasos en la tramitación de las ayudas a la dependencia, tanto en los procedimientos de la Administración autonómica, como de la Administración local, que está generando una tramitación media de hasta dos años, cuadriplicando con ello el máximo legal. Sobre la recién aprobada Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, la institución ha iniciado esta semana una queja de oficio para conocer cómo se está desarrollando.
En vivienda, el Defensor ha llamado la atención por el incremento de lanzamientos derivados de desahucios por impago de rentas de alquiler y por los desalojos por ocupaciones sin titulo de vivienda, tanto públicas como privadas (entidades financieras). Asimismo, Jesús Maeztu ha trasladado su preocupación por el auge de los apartamentos turísticos y las consecuencias que este fenómeno está teniendo en la carencia de viviendas, las expulsiones de inquilinos, el precio de los alquileres o en la pérdida de identidad de los barrios.
En justicia, el Defensor del Pueblo andaluz ha descrito el colapso en numerosos órganos judiciales, principalmente en aquellos asuntos vinculados a los escenarios de esta situación económica, como son los órganos de lo social -prestaciones de invalidez, jubilación o viudedad- y los juzgados mercantiles. Como novedad, ha comentado el impacto provocado por los litigios derivados de operaciones de préstamos con garantías hipotecarias.
En relación con suministros básicos, el Defensor del Pueblo andaluz ha señalado que durante 2017 las quejas por cortes derivados de impagos han disminuido, lo que “responderá a una mejora de los mecanismos de respuesta administrativa y a una mayor sensibilidad de las empresas a la hora de utilizar dichos mecanismos ante situaciones de dificultad en el pago de recibos”.
En empleo, el Defensor del Pueblo andaluz ha anotado que a un buen número de alumnos y alumnas se les sigue adeudando el pago de las ayudas previstas para los programas y ayudas para el fomento del empleo, demorándose hasta siete años en un número significativo de ellas.
Por último, el Defensor ha reseñado que durante 2017, el nuevo servicio de mediación de la institución ha tramitado un total de 57 quejas, de las cuales solo una de ellas es una queja de oficio, abierta en 2016, referida a la intervención mediadora del Defensor del Pueblo en el proceso integral y participativo que se está desarrollando en la barriada de El Puche, en la ciudad de Almería, que ha sido cerrado en este ejercicio con el compromiso de llevar a cabo un seguimiento de los acuerdos adoptados. Según Jesús Maeztu, la mediación ha procurado un 80% de acuerdos entre las partes afectadas por la queja, sin un solo asunto en el que se haya mediado y las partes no hayan podido lograr un pacto.
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