El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha cifrado hoy en más de 5.000 actuaciones las gestionadas específicamente a causa de la COVID-19. En concreto, han sido 1.606 quejas y 3.474 consultas las tramitadas a fecha de 30 de septiembre consideradas como específicas de COVID-19, y que se añaden a las restantes demandas de la ciudadanía trasladadas a este comisionado parlamentario.
En su comparecencia ante la Comisión Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo andaluz y Peticiones para el debate del Informe Anual 2019, Jesús Maeztu ha incorporado a la presentación de la memoria sobre las gestiones realizadas en el año de referencia una lectura sobre cómo están evolucionando a causa de esta crisis sanitaria los derechos de la ciudadanía, cuya defensa y garantía están encomendadas a esta Institución, y a la espera de un análisis más exhaustivo que contendrá un informe extraordinario que este comisionado espera presentar en el Parlamento en noviembre.
Jesús Maeztu ha señalado que la vulnerabilidad económica y social continuaba amenazando a una buena parte de los andaluces a finales de 2019 y que, ante la irrupción de la pandemia,” esas circunstancias no han hecho más que agravarse”. “La irrupción de la COVID ha vuelto a amenazar esta estabilidad”, ha señalado el Defensor del Pueblo, quien ha destacado la vulnerabilidad de los trabajadores pobres; los niños y niñas que sufren pobreza infantil; las personas mayores de 65 años en un evidente riesgo de vulnerabilidad; las personas migrantes, con un riesgo enorme de caer en la pobreza; la vulnerabilidad de familias con hijos dependientes o mujeres solas con hijos, y de las personas necesitadas de vivienda, entre otras.
“La COVID ha certificado la vulnerabilidad de los grupos citados, y otro tipo de violencias. Y sin un escudo social que garantice unas mínimas condiciones a estas personas en situación de vulnerabilidad volveremos a presenciar el mismo escenario que hace una década con la crisis financiera. Esta intervención de los poderes públicos deberá tener una misión esencial: debe estar destinada a corregir un efecto intrínseco de todas las crisis, la desigualdad”, ha señalado Jesús Maeztu.
El Defensor del Pueblo andaluz ha proporcionado a la comisión algunas lecciones que en opinión de la Defensoría está aportando la gestión de esta epidemia, algunas de las cuales ya estaban siendo detectadas a principios de año.
En primer lugar, Jesús Maeztu ha citado la vulnerabilidad de las personas mayores, “con quienes la crisis sanitaria de la COVID-19 ha evidenciado nuestras miserias, y su abandono, por la falta de recursos adecuados para atenderlas”. El Defensor ha citado los casos de muertes de personas mayores en las residencias, sobre quienes mantiene abierta una queja de oficio, ampliada tras detectarse nuevos casos de contagio. El Defensor ha incidido en la necesidad “de un cambio en profundidad sobre el modelo de atención a estas personas, así como de un reforzamiento de los servicios sociales comunitarios”.
En segundo lugar, el Defensor del Pueblo andaluz se ha referido al derecho a una buena administración. Para el comisionado, la crisis de la COVID-19 ha demostrado que, ante una situación de grave desprotección, los servicios públicos provocan garantía de seguridad y de tranquilidad. Ha sido el caso para el Defensor de la sanidad, para la que ha pedido su reforzamiento. El Defensor ha resaltado la crisis en la atención primaria, para lo que ha abierto una queja de oficio, y la importancia de la salud mental.
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