El Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, ha abierto una queja de oficio para interesarse por la atención sanitaria para el alumnado con necesidades especiales debido a sus patologías crónicas o de cuidados paliativos. En esta actuación, el Defensor se hace eco de los problemas que afectan a familias andaluzas al no disponer los centros educativos donde se encuentran escolarizados sus hijos de un profesional de la enfermería.
El Defensor ha trasladado que esta actuación enlaza con otras anteriores en las que se ha interesado por la aplicación del protocolo para el alumnado con enfermedades crónicas o raras y a la sugerencia de que se promueva la regulación de la figura de enfermería escolar en los centros específicos de educación especial.
Tiene su origen en las familias que aseguran que "sólo piden derechos para sus hijos". Coinciden en que no se separan de la puerta del colegio o alrededores en las horas lectivas. También insisten en que sus hijos e hijas no necesitan un aula específica, sino "adaptación específica", tal y como lo indican los informes médicos. Aunque tienen apoyos y asistencias de fundaciones y asociaciones en esta lucha, han decidido unirse para hacer más fuerza y conseguir esta atención no sólo para sus hijos, sino para que en el futuro no le pase a ningún niño o niña más.
En medios de comunicación los familiares han señalado que, tras las matriculaciones de junio, han iniciado una campaña de visibilización para que en el próximo curso no se vean de nuevo sin asistencia. Reclaman un enfermero escolar, "no una PTIS porque no es su función", además de "contratos estables para profesionales de enfermería, que no cambien cada trimestre, desconociendo los casos de niños con situaciones muy delicadas". El colectivo de padres asegura que el 90% de los menores que necesitan este recurso sanitario están escolarizados en Educación Primaria y que "sólo cuatro disponen de un enfermero escolar y los recursos necesarios para llevar una vida normal dentro del colegio, después de una desesperada lucha de las familias".
El Defensor ha decidido emprender, de oficio, una actuación en garantía de los derechos de estos menores. En concreto, la Defensoría ha preguntado por el diseño de apoyos que disponen estos alumnos respecto a las atenciones sanitarias que están dispuestas en los centros educativos y su coordinación con las respuestas educativas que tienen dictaminadas los menores.
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