El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha abierto una investigación de oficio en la que demanda a las haciendas locales información sobre las distintas medidas emprendidas para flexibilizar las obligaciones fiscales tras la suspensión de actividades económicas a consecuencia de la alarma sanitaria producida por el Covid-19.
El Defensor del Pueblo andaluz ha recordado que el Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, fundamenta y motiva las medidas de flexibilización económico-fiscal y tributarias, con alcance general, en aras de facilitar el pago de las deudas tributarias y subraya la necesidad de que los entes municipales apliquen también medidas ante las dificultades por la que ya se están viendo afectadas amplias capas y sectores claramente identificables dentro de la estructura social de Andalucía. Estas medidas permitirían a los contribuyentes más afectados por esta crisis (trabajadores de los distintos sectores económicos, comerciantes, titulares de actividades y establecimientos hosteleros y turísticos, etc...), afrontar de manera menos traumática el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y fiscales.
Para el Defensor del Pueblo andaluz, la contención de actividades económicas y sociales decretada en los ámbitos sectoriales referidos (comercio en establecimientos, comercio ambulante, hostelería y restauración, etc) aboca a trabajadores y a titulares de licencias de funcionamiento de actividades y establecimientos, al cese temporal de su trabajo, desempeño y ejercicio -mientras dure la alarma sanitaria- con las consiguientes pérdidas económicas, colocando a bastantes personas y familias con pocos recursos en situación de necesidad, prácticamente.
Por estos motivos, el Defensor del Pueblo Andaluz, ha trasladado a los municipios andaluces y, a las Agencias y Organismos autónomos provinciales que actúan por delegación de aquellos en el ámbito de gestión y recaudación tributaria, que le informe de la manera más detallada posible sobre el grado de implantación de estas medidas de flexibilización tributaria y recaudatoria.
Los organismos requeridos en esta primera petición de informe son los ayuntamientos de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla, Servicio de Administración Tributaria de la Diputación Provincial de Almería, Agencia Provincial de Administración Tributaria de la Diputación Provincial de Cádiz, Instituto de Cooperación con la Hacienda Local de Córdoba, Servicio Provincial Tributario de la Diputación de Granada, Servicio de Gestión Tributaria de la Diputación Provincial de Huelva, Diputación Provincial de Jaén, Diputación Provincial de Málaga y Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal 'Opaef' de la Diputación Provincial de Sevilla.
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