En el día de hoy, en la sede de esta Institución, representantes de la Asociación Nacional para la Integración Laboral de Policías Locales Discapacitados (AILPOLD), miembros de la Junta de Personal y del Comité de Empresa del Ayuntamiento de Sevilla, han mantenido reunión con el adjunto del Defensor del Pueblo Andaluz Jaime Bretón y técnicos del Área de Empleo Público, para tratar de las dificultades de acceso a la situación de segunda actividad del personal funcionario de Policías Locales regulada en la vigente Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía.
En dicha reunión se ha tratado sobre las dificultades que vienen encontrando para acceder a la situación de segunda actividad estos funcionarios, así como de la problemática análoga que afecta al personal del Ayuntamiento de Sevilla para el acceso a la situación similar de servicios adaptados, considerándose que con estos impedimentos se priva a estos empleados públicos del ejercicio de un derecho que tienen legalmente reconocido y que ya ha sido puesta de manifiesto por el Defensor del Pueblo Andaluz con motivo de la tramitación de la queja de oficio 17/675, en la que esta Institución ha tenido ocasión de conocer y valorar directamente la dificultad y complejidad que tienen los funcionarios de la Policía Local para acceder a la segunda actividad por causa de disminución de sus aptitudes psicofísicas, que finalizó con la formulación de una Resolución, que puede consultar en el siguiente enlace: http://www.defensordelpuebloandaluz.es/reclamamos-el-pase-a-segunda-actividad-deun-policia-local-al-que-se-jubila-forzosamente-en-el
Asimismo se les ha informado que el Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado una actuación de oficio (queja 18/2261) para valorar de manera efectiva la situación en las Entidades Locales de Andalucía respecto del ejercicio del derecho de pase a segunda actividad o servicios adaptados de los empleados públicos que lo tengan reconocido, ante la heterogeneidad de la situación existente en los distintos municipios de Andalucía.
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Hasta cuando seguiremos vulnerando las normativas internacionales legalmente ratificadas por el Gobierno de nuestra Nación como la Convención de la ONU