El Defensor del Menor de Andalucía ha mantenido hoy una reunión con el consejero de Justicia de la Junta de Andalucía para abordar la atención que reciben los más de 700 menores que actualmente se encuentran privados de libertad en los 15 centros de internamiento con los que cuenta Andalucía, y que la Defensoría Andaluza ha analizado en un informe especial que presentó en el Parlamento el pasado mes de diciembre.
El consejero de Justicia y el Defensor del Menor han destacado que el 80% de los menores que se encuentran internados en estos centros por delinquir, termina siendo rehabilitado.
Tanto el Consejero de Justicia como el Defensor del Menor consideran que el informe concluye con una valoración positiva general de la atención que reciben estos menores infractores, aunque apunta una serie de actuaciones para ir resolviendo las deficiencias detectadas en infraestructuras, normativa y servicios de estos centros.
Entre ellas, el titular de Justicia e Interior ha destacado la elaboración de un decreto para mejorar la regulacion del funcionamiento en estos centros y las actuaciones previstas para la retirada progresiva de las concertinas en los centros que todavía cuentan con ella.
Por su parte, el Defensor del Menor ha insistido sobre su preocupacion por el incremento de los casos de menores internados por delitos de violencia intrafamiliar -de hijos a padres-. Según los datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial –entre los años 2007 y 2013, se han incrementado las sentencias relacionadas con este tipo de delitos en un 60 por 100.
En el caso de Andalucía, durante 2013, del total de sentencias impuestas a personas de 14 a 17 años, un 11,4% del total se debieron a estos delitos.
Otro aspecto que también preocupa al Defensor Andaluz es la situación de los menores con problemas de salud mental que delinquen. En este caso, ha insistido en la necesidad de reforzar la coordinación entre administraciones en las labores preventivas que eviten el desenlace del delito y su internamiento. Para ello aboga por un convenio de colaboración entre las Consejerías de Justicia y Salud que garantice la atención a menores con problemas de salud mental que cumplen o han cumplido una medida de internamiento.
Finalmente, Jesús Maeztu ha llamado la atención también sobre la necesidad de implicar a la sociedad con quienes en su juventud han cometido actos delictivos y hacia quienes padecen las consecuencias de éstos. El Defensor ha querido recodar que el menor internado es sujeto de derecho y continúa formando parte de la sociedad, además de las funciones propias de estos centros que son las de garantizar su reeducación y reinsercion, por lo que es necesario favorecer la colaboración de toda la sociedad en este proceso de integración social.
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