El Defensor del Pueblo Andaluz y la Red de Fiscales de Andalucía de Protección Vial celebraron el pasado 12 de junio una Jornada sobre Seguridad Vial dedicada a los mayores, que ha terminado con una serie de conclusiones:
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Es preciso una mayor coordinación entre los profesionales sanitario y la Dirección General de Tráfico para que, con respeto a la intimidad y protección de datos, se detecten y notifiquen aquellas situaciones de riesgo en los pacientes que suponga un obstáculo o dificultad grave para la conducción. Un riesgo tanto para las personas mayores conductoras como para el resto de conductores y peatones.
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Conveniencia de estudiar la posibilidad de reducir, a partir de los 65 años, los plazos de renovación del carné de conducir, demandando de los centros de reconocimiento médico un mayor control de este tipo de situaciones.
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Adaptación de la señalización semafórica, vertical y horizontal acordes con sus menores facultades visuales, auditivas o de capacidad de reacción. En este sentido, también adaptación de los vehículos
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Compromiso por parte de los responsables municipales de realizar de forma periódica y preventiva un estudio de los puntos negros de su ciudad.
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Estudiar la posibilidad de identificar a estos conductores con un distintivo similar a la “L” que utilizan los conductores noveles
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Favorecer la educación vial entre los mayores, en centros de día, asociaciones, etc.
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Estudio de las ciudades en clave de movilidad. Es compartida la opinión general de que la perspectiva de las personas mayores está ausente en el diseño y calidad de los espacios peatonales y entornos urbanos.
Según datos de la Dirección General de Tráfico, aportados por el Defensor del Pueblo Andaluz durante su intervención en la V Jornada de Seguridad Vial, en 2013 la siniestralidad en vías interurbanas de personas entre los 65 y 74 años de edad fue un 9% superior al año anterior. Las personas mayores se vieron implicadas en 8.261 accidentes, ya fuera como conductores, mayoritariamente en las vías interurbanas, ya como peatones, caso de las vías urbanas.
Además, la Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020 de la DGT califica a este colectivo como vulnerable dado el alta de siniestralidad por accidentes de tráfico de estas personas.
Esta realidad exige medidas preventivas de información y formación de los conductores en educación vial para conocer los riesgos que supone conducir en determinadas circunstancias, y responsabilidad por parte de los profesionales de supervisar las aptitudes de las personas a la hora de conducir.
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