Queja número 16/6877
La interesada manifestaba que era victima de violencia de género, que tiene a su cargo un hijo menor, de seis años años, y que cuenta con unos ingresos mensuales de aproximadamente 600 euros.
Explicaba que había estado 8 días en un centro de emergencia y 2 semanas en una casa de acogida, la cual abandonó al no reunir las condiciones para el desarrollo de la vida de un menor. Fue entonces, cuando fue acogida por su madre, una señora de avanzada edad, cuya vivienda constaba de una habitación con cuarto de baño, por lo que no tenía capacidad para acoger a dos personas más.
Contaba que sabía de la existencia de una vivienda propiedad del servicio municipal de Patrimonio, pero que se encontraba en malas condiciones de conservación.
No obstante, exponía que le había propuesto a Patrimonio que se le adjudicara y a cambio ella se comprometía a sufragar las obras de reparación necesarias para poder vivir. Añadía que su propuesta fue aceptada, si bien se le exigió como único requisito contar con el informe de excepcionalidad.
Según contó la interesada, los servicios sociales se negaron a colaborar. No obstante, en el informe que nos remitió la Delegación de Bienestar Social y Empleo, se hacía constar que el informe de exclusión social fue emitido con fecha 2 de febrero de 2018.
En consecuencia, solicitamos informe a la Dirección General de Contratación, Régimen Interior y Patrimonio, en cuya respuesta se indicaba que estaban pendientes de recibir una información que habían solicitado a los servicios sociales, pero que en todo caso con fecha 4 de diciembre de 2018 se firmó el acuerdo de adjudicación a la interesada de una vivienda, estando esta muy satisfecha.
Por tanto, estimando que el objeto de preocupación de la interesada había quedado resuelto, dimos por concluidas nuestras actuaciones.
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