Ante el desahucio de sus viviendas, el Ayuntamiento negocia con la Sareb la firma de alquileres sociales a unas familias

Las personas interesadas nos trasladaban su preocupación por el lanzamiento de las viviendas propiedad de la SAREB en las que residían sin título legal habilitante.

Remitían diligencia del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla (Sección Primera), en un procedimiento de ejecución hipotecaria, en la que se disponía el lanzamiento de trece de las viviendas, instando que se librara exhorto al juzgado competente de Sanlúcar de Barrameda a fin de que fijara fecha para llevar a cabo dichos lanzamientos, habiendo tenido conocimiento de que próximamente se acordaría el lanzamiento del resto de las viviendas.

Las viviendas estaban abandonadas desde hacía años y las ocuparon al no disponer de recursos económicos suficientes para acceder a una vivienda en el mercado libre ni cumplir los requisitos habituales para ello (contrato de trabajo o ser perceptor de una prestación de alta cuantía, dos o tres meses de fianza, aval). Eran demandantes de vivienda pública y solicitaban nuestra mediación con la propiedad para que se acordaran alquileres sociales en dichas viviendas. Según referían, se habían dirigido tanto a los servicios sociales como al Ayuntamiento solicitando una solución a su problema de vivienda.

Admitida la queja a trámite solicitamos varios informes al Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda de los que íbamos dando traslado a las personas reclamantes para que formularan las alegaciones y consideraciones que estimaran convenientes las cuales, a su vez, poníamos en conocimiento del Ayuntamiento.

En la última comunicación municipal se nos informó lo siguiente:

“- No se ha imposibilitado ningún empadronamiento de ninguna unidad familiar que lo haya solicitado. Sólo hubo retraso en la realización del informe, ya que entraron en litigio dos unidades familiares allí residentes y no se podían empadronar ambas en el mismo domicilio. En el momento que nos aportaron la resolución judicial, se realizó la visita al domicilio y se empadronó la unidad familiar residente en el mismo con la fecha en que solicitó el empadronamiento y no cuando se ha realizado la comprobación (empadronada con fecha noviembre de 2018).

(…)

- (...) A las unidades familiares que tras el estudio de la documentación presentada por ellos incluida declaración jurada de ingresos de economía sumergida, se les ha ofrecido ayuda en búsqueda de una nueva vivienda, ayuda municipal de fianza y primer mes en la nueva vivienda de alquiler y hasta 6 meses de ayuda al alquiler (abonado al dueño del inmueble) en los casos que cumplan con los requisitos establecidos en las bases de ordenanzas reguladoras de las prestaciones económicas municipales para la atención de necesidad sociales relacionadas con la vivienda habitual.

(...)

- Con el Sareb se han mantenido varias reuniones en las que se ha establecido que, (si) según documentación recogida por la Oficina de Vivienda Digna la Unidad Familiar ocupante esté en vulnerabilidad o riesgo de exclusión social, se puedan suspender los lanzamientos de la vivienda hasta poder cerrar la negociación con Sareb para un posible alquiler social de dichas Unidades familiares.

- Desde el Ayuntamiento se está trabajando con distintas unidades municipales para llegar a la mencionada firma del convenio con Sareb.

- El día 11 de marzo de 2021 fue suspendido el lanzamiento de las viviendas sitas en calle … y ... de nuestra localidad, desconocemos la causa, ya que al no ser parte de dicho procedimiento judicial no nos facilitan la información necesaria.”

En vista de la información anterior, se observaba que por parte de la administración municipal se estaba prestando una atención adecuada a las familias afectadas y que se habían puesto en marcha diferentes iniciativas y medidas (como la ayuda al alquiler para facilitarles la búsqueda de una alternativa habitacional y la negociación con Sareb para la firma de alquileres sociales), por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones, insistiendo en que las familias interesadas se inscribieran en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida y siguieran colaborando con los servicios sociales comunitarios, para que pudieran ofrecerles la ayuda y orientación adecuada a sus necesidades.