Queja número 22/0124
A través de una plataforma ciudadana se puso en nuestro conocimiento la situación de una familia con tres hijos menores que se enfrentaban al inminente lanzamiento de su vivienda actual derivado de un procedimiento judicial de desahucio en precario. Los progenitores se encontraban en situación de desempleo sin derecho a prestaciones y los servicios sociales del Ayuntamiento de Jaén remitieron en su día informe al juzgado acreditando que se encontraba en riesgo de exclusión social.
Nos aportaban informe elaborado en los servicios sociales detallando la intervención social realizada con la familia, que incluía el abono de varias mensualidades de alquiler.
Admitimos la queja a trámite y solicitamos a dicho Ayuntamiento información sobre si, ante el inminente lanzamiento, era posible excepcionar la obligación de adjudicación de vivienda a través del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 del Reglamento de Viviendas Protegidas de Andalucía y, en caso contrario, otras posibles medidas que se pudieran activar a fin de aportar una solución al problema económico y habitacional de la familia.
La respuesta municipal decía, textualmente:
“Nos encontramos con una unidad familiar en situación de vulnerabilidad causada por la situación de paro laboral y los inexistentes ingresos económicos del matrimonio, encontrándonos con dificultades importantes en cobertura en necesidades básicas diarias como alimentación, vivienda y suministros.
Se les orienta e insiste desde hace meses en la búsqueda de una nueva vivienda de alquiler sin éxito hasta la fecha. Desde el Centro hemos estado en contacto con entidades como Cáritas Interparroquial para el apoyo en dicha búsqueda. Manifiestan encontrarse con serios problemas debido a no poder presentar nóminas o certificados de ingresos estables que les permitan formalizar el nuevo arrendamiento.”
De esta información dimos traslado a la Sociedad Municipal de Vivienda de Jaén S. A. (Somuvisa) al tiempo que le solicitamos la emisión de un informe sobre los siguientes aspectos:
- Situación de la familia en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda.
- Posibilidades de adjudicación a corto plazo de viviendas de alquiler social y si se había considerado la posibilidad de excepcionar la obligación de adjudicación a través del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 del Reglamento de Viviendas Protegidas de Andalucía.
- Otras posibles medidas que se pudieran activar a fin de aportar una solución al problema habitacional de la familia interesada.
En la comunicación que se nos remitió se indicaba que se había convocado una reunión con el objeto de analizar la posibilidad de adjudicar una vivienda pública que se iba a quedar disponible a esta familia, excepcionando la obligación de adjudicación en aplicación del Reglamento. Por ello, nos dirigimos nuevamente a dicha Sociedad Municipal pidiendo que nos mantuviera informados sobre si se procedía finalmente a la definitiva adjudicación a la familia afectada de la vivienda.
Antes de recibir respuesta, la plataforma que planteó el asunto nos manifestó que el 5 de julio de 2022 estaba previsto el lanzamiento pero que fue paralizado hasta el 25 de julio por la movilización ciudadana que lo acompañó. Durante esos 20 días y en diálogo con AVRA, el registro de demandantes de vivienda del Ayuntamiento de Jaén se hizo la propuesta para que AVRA pudiera adjudicar la vivienda. Desde el 25 de julio la familia vivía en esa vivienda pública propiedad de AVRA.
Por tanto, habiéndose solucionado el problema planteado, dimos por concluidas nuestras actuaciones.
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