Confiamos en que las medidas anunciadas resuelvan los retrasos en la emisión de informes sociales en litigios familiares

La Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, y Defensor del Pueblo Andaluz, tramita la presente queja relativa a los problemas provocados por las dilaciones en la elaboración de los informes solicitados a los Equipos Psico-Sociales en un concreto litigio de naturaleza familiar ante los órganos judiciales de Jerez de la Frontera.

En su día nos dirigimos ante los responsables de la Consejería de Justicia trasladando dicha problemática y hemos recibido comunicación con fecha 22 de mayo de 2025 sobre el tema.

“Con fecha 15 de abril de 2025, la Delegación Territorial de Justicia, Administración Local y Función Publica en Cádiz emite el siguiente informe:

“1º. La plantilla para la realización de informes de veracidad, así como otros aspectos de los que se pudieran derivar procesos de carácter penal, está formada por dos psicólogos/as, para la provincia de Cádiz, siendo el número de peticiones de los diferentes Juzgados de la provincia de Cádiz muy elevado dado el volumen de población provincial y la alta litigiosidad.

2º. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, intenta con sus recursos optimizar la realización de citas de valoración y emisión de informes, solicitado por los distintos órganos judiciales, sin que hasta la fecha haya sido suficiente para la realización de las distintas modalidades de informes.

3º. Para paliar y atender la situación de retraso, la Delegación Territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública de Cádiz, ha adjudicado a una empresa un contrato menor para la emisión de informes de valoración hasta en tanto se llevara a cabo la formalización de los Lotes 2 y 3 del contrato SERVICIO EN MATERIA DE PERITACIONES JUDICIALES EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE CÁDIZ Y PROVINCIA por un periodo de 24 meses, que contienen las especialidades: J, K, La (informes psicosociales, psicológicos y sociales) en los distintos procedimientos (Lote 2) y en los procedimientos relacionados con la Unidad de Valoración Integral de la Violencia de Género (Lote 3) cuya adjudicación se realizó el 18/03/2025.

Dado que se trata de un contrato susceptible de recurso especial en materia de contratación, una vez transcurrido, con fecha 9/04/2025, el plazo para poder proceder a la formalización, se realizarán los trámites para ello con el adjudicatario, poniendo en marcha la ejecución de ambos lotes del contrato en breve plazo. Con ello, se habilita un medio adicional para la emisión de informes que pueda suponer la corrección de las deficiencias en esta materia y la solución a la pendencia existente.”Según nos informan desde la Delegación Territorial, la puesta en funcionamiento de dicho contrato de servicios se ha realizado el pasado 1 de mayo de 2025.

Desde la Secretaría General de Servicios Judiciales, en el ámbito de sus competencias en materia de medicina legal, se informa sobre las medidas adoptadas, en su caso de apoyo o refuerzo para paliar esta deficiencias. Entre las medidas adoptadas se encuentra la modificación de la Relación de los Puestos de trabajo de la Delegación Territorial de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Publica en Cádiz, con la creación de dos nuevos equipos psico-sociales de personal laboral compuesto cada uno de un Psicólogo y un Trabajador Social, que se incorporarán a la sede central en Cádiz, y la creación de un nuevo equipo psico-social de personal laboral compuesto de un Psicólogo y un Trabajador Social que se incorporarán a la sede comarcal de Algeciras, dicha modificación han pasado todos los trámites preceptivos y se encuentra pendiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y posterior dotación presupuestaria. Asimismo esta Secretaría General se está trabajando en la realización de un protocolo común de elaboración de informes que agilice la redacción de los mismos”.

A la vista del informe recibido debemos distinguir diferentes ámbitos de análisis a propósito del caso estudiado.

Ante todo, no podemos discernir una respuesta específica que venga a atender las razonables dudas que expresa el interesado a la hora de disponer de dicho informe acordado por el juzgado competente y lograr, así, la normal continuidad del proceso judicial. La preocupación expresada en la queja del interesado —perfectamente amparable— no logra atisbar una aproximada fecha que vislumbre un avance, siquiera parcial, en los trámites procesales.

De otro lado, y desde un análisis más general, la queja se erige en un ejemplo más que viene a ratificar una situación sistemática y generalizada en el funcionamiento de estos Equipos Psico-sociales. El informe ratifica la existencia de dos Equipos en la provincia gaditana (con sedes en Algeciras y Cádiz) que reiteradamente evidencian una notoria insuficiencia a la hora de atender las cargas de trabajo que se generan por el conjunto de órganos judiciales de su demarcación.

Aunque no se ha incluido en el informe, otros antecedentes que obran entre las actuaciones de la Institución ya permitieron estudiar las cifras e indicadores de desempeño de sendos Equipos en la provincia. Así la queja 23/xxxx permitió conocer los resultados de estos Equipos en cuanto número de informes realizados.

Como ya comentamos en su día, la conclusión que se deriva de los cuadros anteriores es que la dotación de estos Equipos gaditanos resulta acreditadamente exigua, desde hace ya tiempo, para el alto nivel de litigiosidad, lo que termina derivando en una saturación de sus responsabilidades funcionales; en particular, debido a la alta pendencia que ofrecen los datos de informes solicitados frente a su efectiva entrega a lo largo de los años citados y no tanto en un crecimiento en sus cargas de trabajo contabilizadas a través del número de expedientes incoados (154, 152, 149) entre 2021 y 2023.

Se apuntaban varias líneas de actuación ante la situación de los Equipos gaditanos. De un lado, concluir con la añadida adjudicación de un contrato de servicio complementario y externo de refuerzo en estas tareas de elaboración de informes psico-sociales; y además se aludía a “un protocolo común de elaboración de informes que agilice la redacción de los mismos”.

Aunque no disponemos de información actualizada sobre el resultado último de estas posibles medidas, sí queremos destacar la principal novedad que se ofrece con motivo de la actual queja tratada, que consiste en la tan esperada decisión de reforzar el número de recursos con dos nuevos equipos, compuestos de profesionales de psicología y trabajo social, para las sedes de Algeciras y Cádiz (nada se dice de Jerez de la Frontera).

Desde luego, estas medidas anunciadas y gestionadas implican una esperanzadora novedad para apostar por una dotación inexcusable para estos servicios periciales que llevan demasiado tiempo exigiendo un profundo análisis; en particular, desde la oportunidad derivada de la adscripción a los IMLCF (Decreto 90/2018, de 15 de mayo (BOJA número 97, de 22 de mayo), por el que se modificó el Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Institutos de Medicina Legal de la Comunidad Autónoma de Andalucía, del Consejo Andaluz de Medicina Legal y Forense y de la Comisión de Coordinación de los Institutos de Medicina Legal).

Creemos que desde esta Institución de la Defensoría de la Infancia y la Adolescencia, y Defensor del Pueblo Andaluz, hemos tenido la oportunidad de estudiar y aportar diferentes valoraciones en relación a estas unidades o Equipos Psico-Sociales en el contexto de la Administración de Justicia en la que los menores asumen una especial posición en cuanto a destinatarios singulares del resultado de nuestro complejo sistema judicial.

Nos referimos a la realización en Julio de 2018 del Informe Especial sobre “Los Equipos Psico-sociales de Andalucía al servicio de la Administración de Justicia”. Este trabajo supuso una oportunidad para estudiar con carácter singular a estos Equipos y su régimen de funcionamiento, permitió un relato completo y detenido sobre todos estos dispositivos de apoyo técnico y aportó toda una batería de medidas dirigidas a la mejora y potenciación de estos recursos especializados para los desempeños de los órganos judiciales en materia litigiosas de derecho de familia cuando resulten afectados menores de edad.

Sin ánimo de reproducir las líneas principales de este trabajo y de las propuestas que se expresaron en las Resoluciones finales que concluían el Informe Especial, no nos resistimos a reiterar algunas medidas referidas específicamente a la ordenación de los Equipos y a los procesos de sus trabajos e informes:

“C) Sobre una nueva ordenación de los Equipos Psico-sociales:

7.- Que por la Consejería de Justicia e Interior se elabore un Plan de reorganización del servicio, adaptando estos recursos en aquellas demarcaciones geográficas en que se aprecie un déficit consolidado. Este Plan deberá tener en consideración, entre otros factores, el histórico de las demandas de servicio de los Equipos Psico-sociales en las distintas provincias andaluzas, la pendencia en la emisión de los informes, la carga de trabajo desempeñada por las empresas externas contratadas, así como las previsiones de creación o distribución de órganos judiciales especializados en Familia.

8.- Que con la mayor celeridad se proceda a proveer las plazas de los profesionales de psicología y trabajo social que se encuentran sin cubrir (...).

E) Sobre los procesos de intervención y actuación de los Equipos Psico-sociales:

12.- Que por los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) se elabore, aprovechando las técnicas de gestión de calidad, un proceso que desarrolle los términos de la Carta de Servicios y que sirva de guía para el conjunto de actividades de los Equipos Psico-sociales y su personal.

13.- Que el proceso anteriormente citado describa todas esas intervenciones, incluyendo los modelos de solicitud del juzgado, documentación necesaria de los autos, ordenación de las actividades previstas, disposición de citaciones, realización de entrevistas, aportación de datos complementarios, valoración del caso, definición de conclusiones, redacción final del informe, entrega al juzgado, comparecencias judiciales y registro de la resolución judicial emitida.

14.- Que los datos, registros e indicadores establecidos en el proceso alimenten la información imprescindible sobre el nivel de gestión y los compromisos de calidad fijados.

15.- Que se promueva una definición, estructura y contenidos del “informe psico-social”, a través de la participación de los profesionales de la Psicología y el Trabajo Social de los Equipos, así como de las instancias colegiales, forenses, jurídicas y académicas.

16.- Que se propicie la organización de una base de datos común de los “informes psico-sociales”, aportados desde el conjunto de los Equipos para apoyo del servicio, estudio y tratamiento”.

Insistimos en que las anteriores propuestas se derivaban de las conclusiones y valoraciones finales que se elaboraron tras la realización de este Informe Especial que fue entregado al Parlamento de Andalucía, y que permitió un interesante debate ante la Comisión de Justicia con fecha 19 de junio de 2019 (Diario de Sesiones, Comisiones IX Legislatura, n.º 93). Por ello, hemos de reiterar que la extensión de estas cuestiones y su motivación no resultan fáciles de reproducir en esta oportunidad, por más que la situación que se contiene en la presente queja reproduce muchas de las situaciones analizadas en el contexto de este Informe Especial.

Así que, más allá de plantear un pronunciamiento formal de Resolución sobre la situación largamente estudiada, consideramos más oportuno insistir en los argumentos que se elaboraron en su día y que resultan sensiblemente actuales y, creemos, perfectamente aplicables al supuesto.

Finalmente, en una valoración del caso motivo de la presente queja, confiamos que las medidas anunciadas reviertan la situación de dilaciones en los desempeños de los Equipos Psico-Sociales de la provincia de Cádiz y confiamos, pues, que se pueda atender con celeridad la elaboración del informe dispuesta por el juzgado de Jerez de la Frontera.

Quedando dispuestos a desplegar las actuaciones de seguimiento que resulten necesarias, procedemos a concluir nuestra intervención.