Conocemos las medidas para la prevención y el control de la COVID-19 en el colectivo de temporeros de la aceituna

Tras la declaración del estado de alarma en marzo de 2020 como consecuencia de la Covid-19, la Institución del Defensor del Pueblo Andaluz era consciente de las dificultades de los empresarios del sector olivarero para conformar cuadrillas con personal del entorno cercano, dada la restricciones de movilidad, por lo que la llegada de temporeros migrantes se convertía en una necesidad para la recogida de la aceituna de almazara.

Se tenía conocimiento por campañas anteriores que no todas las personas desplazadas conseguirían contratos con los empleadores, existiendo una oferta de mano de obra flotante, con un porcentaje no regularizada, que permanecería en los lugares de llegada o bien se trasladaría a otros municipios del entorno, con la expectativa de ser llamados a las explotaciones, y más en ese año donde se preveían bajas laborales por el contagio de trabajadores y por lo tanto con la posibilidad de trabajar.

Ante esta situación, conocedores de que quienes llegaban a los pueblos sin contrato de trabajo, tenían más dificultades para encontrar un lugar donde alojarse, ya que no tenían empleadores obligados a ello, se instó actuación de oficio con la finalidad de conocer, la situación de los temporeros/as que se desplazan a los pueblos y ciudades para la recogida de la aceituna, prestando especial atención a las personas con expectativa de ser contratadas. Se solicitó informe a las autoridades sanitarias, Delegaciones de Gobierno, municipios olivareros con una población mayor a 20.000 habitantes y Diputaciones Provinciales en relación al resto de municipios.

Entre otras cuestiones, queríamos conocer las alternativas habitacionales para evitar que queden en situación de calle, así como otras posibles soluciones adoptadas al respecto; los espacios de coordinación entre las Administraciones Públicas, orientados a la planificación de la campaña 2020-2021 y principales acuerdos adoptados en este sentido; las acciones y estrategias orientadas a detectar y evitar contagios en el colectivo de temporeros; las principales entidades sin ánimo de lucro que participan en las labores de apoyo a este colectivo en su localidad, especialmente en cuestiones relaciones con la detección de contagios.

Si bien la actuación de oficio se inició en relación con el problema planteado en el contexto del estado de alarma y las restricciones de movimiento, lo que afectaba especialmente a las personas temporeras que no tenían suscrito contrato de trabajo ni otros recursos para su subsistencia, el contenido de los informes recibidos ha aportado información acerca de los recursos residenciales necesarios para la población temporera en las distintas provincias, objetivo prioritario de esta Defensoría.

Conforme a los informes remitidos respecto a la actuación de oficio en cuestión, la incidencia del problema expuesto en relación a la campaña de aceituna de almazara, varía de unas provincia a otras, dado el volumen de aceituna que se recolecta, el tipo de cultivo y la mecanización que se utiliza para tal finalidad. Es por ello que el tiempo de permanencia de las personas temporeras varía también de unas localidades a otras y entre las campañas de cada año. También constatamos que las personas temporeras que se desplazan en busca de empleo son, prácticamente en su totalidad, hombres y migrantes.

Provincias como Cádiz, Almería, Huelva o Granada no reciben este tipo de trabajadores al estar sus explotaciones agrícolas muy localizadas y con poca incidencia como reclamo de mano de obra. Almería, Huelva y Granada están orientados a otro tipo de cultivo, que también necesitan mano de obra de fuera de sus municipios, las dos primeras más vinculada a los frutos rojos y los cítricos y la última a los productos tropicales.

A modo de ejemplo en el informe referido a Almería se recoge que por las características del sector olivar almeriense, no existe la necesidad de contar con personal jornalero que lleve a cabo la recolección de aceituna, ya que principalmente cuenta con grandes extensiones de cultivo explotadas por empresas dedicadas de forma exclusiva a la producción agrícola, compaginando el cultivo de diferentes variedades, lo que permite mantener la actividad todo el año. Encargándose además, de la mayor parte de las fases necesarias hasta su comercialización, dando lugar a unas relaciones laborales con más vocación de continuidad

En cambio otras como Jaén, Córdoba, Sevilla, Málaga si dedican grandes extensiones de cultivo al olivar,con mayor o menor significancia en la globalidad del sector de cada provincia, no siendo tampoco uniforme las campañas de aceituna de almazara o de mesa, más temprana en la recogida ésta última.

Conforme la información de la Delegación Territorial de Agricultura de Málaga, se nos trasladó que a través de la información aportada por Organizaciones Profesionales Agrarias (ASAJA, COAG, UPA) y cooperativas Agroalimentaria de Ia provincia, el aforo de Ia producción previsto por Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en octubre de 2020, al inicio dela campaña de recolección, estimaba una producción de 372.300 toneladas de aceituna para Almazara. Con los datos de producción de aceite de oliva a fecha 31 de enero publicados por Ia Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), se ha ajustado la cantidad y se ha corregido a unas 320.000 – 325.000 toneladas. Al considerarse una campaña baja, informaron que las cuadrillas de trabajadores se conforman con personal del entorno cercano (municipios de la explotación o municipios limítrofes) sin la presencia de temporeros migrantes.

Entre las provincias con más extensión olivarera como Jaén, las distintas administraciones han remitido amplios informes detallando las actuaciones realizadas y la incidencia que tiene este tipo de cultivo en la economía de la provincia.

En relación a las acciones y estrategias orientadas a detectar y evitar contagios en el colectivo de temporeros, las Delegaciones Territoriales de Salud coordinadas a los efectos de esta queja de oficio por la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior, nos remitieron las actuaciones que se llevaron a cabo para preservar la salud de la ciudadanía, además de aquellas orientadas a la población migrante objeto de esta queja.

Los informes se centraron en informar de los protocolos y actuaciones llevadas a cabo en relación a los temporeros que tenían un/a empleador/a, afectando también a quienes se encontraban en situación de calle.

Nos trasladaron la constitución de la Comisión de Seguimiento y Control del COVID-19 en explotaciones agrarias con temporeros, BOJA 148 de 3 de agosto y Orden de 1 de septiembre de 2020 por las que se adoptan medidas para hacer frente a la crisis sanitaria en explotaciones con contratación de personas temporeras. Una comisión configurada como una herarmienta de coordinación y seguimiento del funcionamiento de las explotaciones agrarias y ganaderas de las provincias para hacer frente a las incidencias de la COVID-19. Presididas por las personas titulares de las Delegaciones de Gobierno de cada provincia e integradas por el resto de Delegaciones Territoriales.

En los informes remitidos desde la provincia de Jaén, nos detallaron las actuaciones de coordinación de los servicios de salud con el resto de organismos públicos y el tercer sector, articulando dispositivos donde se pudieran realizar test, lugares de aislamiento y medidas para la prevención de la salud de la población.

Las Delegaciones Territoriales de Salud y las Delegaciones de Gobierno establecieron medias de coordinación entre las autoridades sanitarias y los ayuntamientos encaminada a detectar y evitar contagios en los temporeros, dada la movilidad de estos por los distintos municipios.

Una especial importancia adquirió en esa campaña los dispositivos de los Distritos Sanitarios con el fin de coordinar las actividades relacionadas con la contención de la pandemia en las zonas de acogida temporal de trabajadores agrícolas, poniendo un servicio denominado “enfermeras temporeras, así como los Inspectores de la Unidad de Protección de la Salud que giraban visita a alojamientos vinculados a las explotaciones agropecuarias, albergues o alojamientos de temporeros. Prácticamente todas ellas medidas encaminadas al control de los trabajadores con contrato de trabajo.

En la citada Orden de 1 de septiembre de 2020, se indicaba que en aquellos casos que tras una evaluación por los servicios sanitarios se determine que, en un alojamiento no es posible mantener adecuadamente el aislamiento de casos confirmados, por su estructura o número de éstas, pudiendo poner en riesgo al resto de residentes, se elevará propuesta de traslado a un Centro de Evacuación, siempre que no existan criterios clínicos de hospitalización.

Los Centros de evacuación fueron establecimientos o instalaciones públicas o privadas cedidas, cuyo objetivo fue facilitar el aislamiento de pacientes, normalmente en estado leve, afectados de COVID-19 con imposibilidad para llevar a cabo el aislamiento, o en su caso la cuarentena, en los alojamientos del ámbito de estas recomendaciones donde habitan.

Se dispuso de centros de evacuación para el aislamiento y cuarentena de las personas trabajadoras cuando en las viviendas y centros de acogida no se dispusiera de ello llevando un control sobre los detectados. En relación al control epidimiológico de transeúntes e inmigrantes, personas objeto de interés de esta actuación de oficio, nos trasladaron que se realizó test a todo transeunte remitido por los ayuntamientos como por Cruz Roja o Cáritas, trasladando al centro de evacuación a los positivos habilitados en Villacarrillo y Jaén.

Así, se fijaron dispositivos en la estación de autobuses para facilitar información y asesoramiento sobre los dispositivos de emergencia, y centros de salud para los test de antígenos, incorporando un mediadores interculturales contratados por la administración local y por la Dirección General de Políticas Migratorias. Se mantuvieron reuniones con cooperativas agrarias para canalizar demandas de trabajo sin necesidad de tener que recurrir a trabajadores de otros municipios.

En lo que se refiere a los alojamientos de la población temporera en los municipios durante la campaña de recogida, se nos ha informado de las distintas modalidades que se implementaron.

A destacar la red de alojamientos de la provincia de Jaén que permite que estas personas puedan trasladarse de una localidad a otra en busca de “tajo”. También las iniciativas que se adoptaron destinadas a ampliar plazas disponibles para ofrecer alojamiento a las personas que no pudieran quedarse en los albergues, adaptando viviendas en el municipio o naves comerciales para esta finalidad.

Dispositivos que fueron dotados del personal necesario para mantener las edificaciones, y atender a la población (limpieza, administrativos, trabajador social, mediador intercultural, etc)

En Úbeda el Ayuntamiento adaptó la llamada Nave dela Renault, que con una inversión de 55.000 € permitió ofertar 60 plazas (51 hombres y 9 mujeres) más 8 covid, con el personal necesario para mantener el edificio y atender a la población (limpieza, administrativos, trabajador social, mediador intercultural además de tareas de dirección asumido por el área de Bienestar Social).

Destacar también las actuaciones de Alcalá la Real, municipio en el que se dispuso un local como alojamiento de urgencia para 30 personas que pernoctaban en la calle en días de inclemencia meteorológica, servicio de duchas y aseos públicos. Se habilitó igualmente un dispositivo de alojamiento para personas trabajadoras en situación de alta y cuyos empleadores no contaban con alojamiento para facilitarles la estancia y que de no haberse proporcionado hubiesen tenido que dormir en la calle. Según nos facilitan en el informe, este dispositivo en funcionamiento en años anteriores se ha visto reducido en la campaña de referencia. A los efectos de facilitar a los trabajadores el acceso al alojamiento se ha puesto a disposición dos casas de 6 y 8 plazas, en régimen de alquiler, que les facilite la estancia durante la campaña.

De los informes recibidos se detectó que en algunos ayuntamientos, como el de Andújar no disponían de recursos residenciales extraordinarios para prever situaciones de emergencia en esa campaña tan difícil, a pesar de que habían transcurrido más de 7 meses desde que se declaró el estado de alarma. Una situación la de la Covid-19, que si bien fue nueva para todas las administraciones y reconocemos que difícil de gestionar, no impedía que se tuviera previsto que llegarían trabajadores a los municipios como cada año, con el consiguiente aumento de contagios si no se adoptaban las medidas oportunas.

En la ciudad de Jaén, en la que los temporeros van de paso hacia otros municipios, nos trasladaron la memoria del albergue de transeuntes, habilitado en la campaña para dar cobertura a los/as temporeros/as, poniendo el acento en las actuaciones guiadas a garantizar la convivencia social y dar respuestas a las necesidades básicas de las personas desplazadas.

Un dispositivo que se ha adaptado en campañas posteriores a las nuevas necesidades, ofreciendo a los agricultores con menos capacidad económica plazas disponibles para alojarse durante el tiempo de recogida. Una solución que dignifica las condiciones de alojamiento de las personas temporeras.

También hemos conocido la preocupación existente por los recursos residenciales en el municipio de Martos. En la reunión de la Comisión Local de Inmigración se evidenció la problemática con el alojamiento de quienes llegan al municipio sin contrato de trabajo y sin alojamiento. Así se puso de manifiesto la utilización de los cajeros automáticos de las entidades bancarias para dormir, la existencia de los llamados “pisos pateras” donde se tiene conocimiento de que se agrupan un número de personas que exceden la capacidad de los mismos y que en esa campaña tiene una especial relevancia por la incidencia de los contagios.

El problema de la disponibilidad de viviendas para alojar a temporeros fue una de las cuestiones que preocupaba a la población residente, ya que se puso de manifiesto que en determinados casos se dispone de trabajadores y no de alojamientos. En este sentido es importante traer a colación la responsabilidad de los empresarios para dar solución a esta problemática no dejando en manos de la administración la solución de esta problemática.

Se trató también la necesidad de organizar nuevos sistemas para poder ofrecer servicio de comedor a quienes no tienen recursos para ello, necesitando más coordinación y recursos públicos para atender estas necesidades, cuestión que les consta se han llevado a cabo en otros municipios como en Alcalá la Real.

La Diputación de Jaén nos informó que en los municipios de menos de veinte mil habitantes de la provincia se dispone de 13 albergues para personas inmigrantes temporeros con un total de 295 plazas de hombres y 48 de mujeres. La pandemia provocó que se establecieran medidas extraordinarias para prevenir los contagios, entre las que se encontraban la limitación de las plazas disponibles a 130.

En otros municipios se dotaron plazas extraordinarias. Es el caso de Villanueva del Arzobispo que en colaboración con Cáritas, Cruz Roja y las Cooperativas agrícolas del municipio habilitaron un alojamiento de emergencia para 60 personas que paliaron la situación extrema de personas que se enfrentaban a las inclemencias meteorológicas en el mes de diciembre.

Los albergues de Jaén dan cabida a a 3.250 personas en búsqueda de trabajo y 4.550 con contrato de trabajo. Unos dispositivos que sirven de referencia para las dotaciones de otras provincias con necesidad de alojamientos para temporeros/as.

En la provincia de Córdoba, municipios como Montilla nos informaron que las explotaciones olivareras, al no ser por lo general muy extensas, están gestionadas por sus propios dueños, que son los que se encargan de implementar y poner en práctica las medidas para la prevención y detección del Covid-19 entre sus cuadrillas habituales o eventuales.

Palma del Rio nos trasladó que no dispone de alojamientos ni albergue para temporeros y que si bien su cultivo de referencia es la naranja, los temporeros son de la localidad y de zonas cercanas que se desplazan en vehículos particulares y en caso de quedarse en el municipio lo hacen en viviendas de alquiler.

Lucena dice no disponer de recursos residenciales para personas sin hogar, cuestión que abarca las personas objeto de atención de esta actuación, si bien ante la importancia de este sector en la zona, se desarrollan acciones de coordinación, e itinerarios de inserción con los diversos agentes implicados en la prestación de servicios municipales en relación a la atención a trabajadores temporeros de la zona olivarera del municipio.

Los únicos recursos residenciales existentes en el municipio son de titularidad privada a través de la entidad Lucena Acoge, perteneciente a la Red Acoge. Las 8 plazas del recurso para migrantes y las dos plazas para familias monoparentales, tienen finalidades de recurso para la inserción con itinerarios que oscilan entre los tres y los seis meses en el caso de la vivienda para migrantes.

Se ha gestionado convenio efectivo con una pensión de la localidad con la finalidad de dar alojamiento a personas en situación de calle a cargo de presupuesto municipal. “Desde hace tres lustros” se ha ido desarrollando desde diversas ópticas y servicios el Centro de Atención Básica a Inmigrantes, en atención de días alternos, con servicio de duchas, ropero, lavandería y orientación sobre recursos socio-comunitarios de la localidad a trabajadores temporeros que llegaban a nuestra localidad.

Por su parte la Diputación Provincial de Córdoba nos informó que en 2020 se creó el Consejo del Olivar de Córdoba, como órgano de carácter consultivo e informativo que canaliza la participación de instituciones y entidades de la provincia así como representantes económicos-sociales y del sector en materia del olivar y aceite de oliva. Se integran también otros representantes de organizaciones y sindicatos agrarios, de consejos reguladores y de cooperativas.

Entre sus objetivos están todas las actuaciones de apoyo a la viabilidad del sector a corto, medio y largo plazo. No se relacionan ningún objetivo vinculado al diagnóstico y planificación de los recursos residenciales para temporeros, que son proporcionados, según el informe, por el Instituto Provincial de Bienestar Social, cuando son demandados específicamente. Y con respecto a la colaboración con las ONGs, suelen ser las Asambleas Locales de Cruz Roja las que ponen a disposición de los temporeros algunos servicios como entrega de comida, duchas, cargas de móviles, etc.

En la provincia de Granada nos trasladaron los distintos municipios que dado la escasa incidencia del olivar en los municipios requeridos no se planifican medidas específicas para las personas temporeras en esta estacionalidad, si no que se aplican prestaciones y recursos municipales disponibles para la población general, recogidas en el Catálogo de prestaciones de los Servicios Sociales de Andalucía.

A destacar la información que aporta el ayuntamiento de Baza, que si bien no es el olivar una fuente de producción de su término municipal si disponen el municipio de un centro de estancia temporal de transeúntes que cuenta con 13 plazas, 3 de ellas para mujeres. Este Centro ocasionalmente ha sido utilizado como alojamiento de emergencias de temporeros va que en Ia localidad no existe ningún albergue de temporeros. Este uso como albergue de temporeros ha sido muy puntual y se produjo durante la campaña de recogida del tomate de 2020, donde fue necesario acoger a temporeros de poblaciones cercanas (Zújar).

La Diputación de Granada informó que los temporeros no se suelen concentrar en un mismo espacio ya que “desde hace años que los agricultores y agricultoras se encargan de proporcionar alojamientos a los temporeros de forma dispersa, en cortijos, casas u otros tipos de vivienda”.

En la provincia de Sevilla, municipios como la Rinconada nos manifestaban que al igual que el resto de la Vega Media del Guadalquivir, se basa en otra clase de cultivos, vinculados al regadío, como árboles frutales, algodón, patata, etc. Significando que existe una importante población activa dedicada a la agricultura, por lo que no existen desplazamientos significativos de temporeros de otros territorios al municipio para las campañas agrícolas, que se llevan al cabo, durante todo el año.

Morón de Ia Frontera informan que no suele ser una localidad a Ia que se desplacen personas temporeras que necesiten de alojamiento durante la campaña de recogida de aceitunas u otras. Fundamentalmente debido a que el colectivo de trabajadores del sector agrícola en Ia ciudad es superior a la oferta que cada temporada existe por parte de las fincas agrícolas de la localidad y la reducción de la duración de la misma que se viene produciendo con cada nueva temporada. Por el contrarios provoca el desplazamiento de trabajadores y trabajadoras de la localidad a otras localidades limítrofes. Una cuestión similar a la manifestada por el Ayuntamiento de Utrera.

Por su parte Los Palacios que tiene explotaciones de aceituna de mesa también la recolectan con población autóctona. Lebrija con una amplia extensión de olivar, en cultivo superintensivo, de alta densidad que se realiza linea y en seto y con una recolección de forma mecánica, da como resultado unos costes menores en manos de obra, no cuenta con espacios orientados a la planificación de la recogida de aceitunas.

Otros municipios sevillanos como San Juan de Alnafarache, sin apenas extensión de olivar no cuenta con dispositivos dado que las personas temporeras marchan a otras localidades, incluso al extranjero para las campañas agrícolas. Situación parecida es la de Mairena del Aljarafe, o Tomares municipios de ámbito metropolitano y por lo tanto sin población temporera y en el caso de éste último con un pasado de haciendas dedicadas a la aceituna de mesa.

En provincias con poca producción agrícola vinculada al olivar, los recursos residenciales son en consecuencia escasos o inexistentes.

De la provincia de Málaga no se tienen datos al no enviar informe el Ayuntamiento de Antequera, el único al que se le solicitó, ni la Diputación Provincial que no dispone de información sobre los municipios.

La Diputación de Huelva nos hizo partícipe que su concentración de personas temporeras están relacionadas con la recolección de frutos rojos, cuestión que conoce bien esta Defensoría por las actuaciones que se están llevando a cabo para el análisis del diagnostico, y actuaciones implementadas para la erradicación del chabolismo, mediante alternativas residenciales, en los municipios freseros.

La Diputación de Almería nos trasladó que dispone del Plan Almería, que contempla en su desarrollo específico, el Programa Contigo de los Servicios Sociales Comunitarias y entre las medidas que se recogen en este plan está el Programa de colaboración Municipal “Alojamientos Alternativos”. Un programa que se dirige tanto a personas, familias y/o grupos que requieren de alojamientos alternativos a consecuencia de una mayor vulnerabilidad derivada de la situación de pandemia. Entre estos grupos se encuentran los temporeros. Se recoge la alternativa de adecuación de espacios municipales, en coordinación con las entidades sociales que vienen colaborando con situaciones de emergencia social y con los colectivos más vulnerables.

En relación a la coordinación entre los distintos agentes para la organización de la campaña, se constató la importancia dada a estos espacios, tanto a nivel institucional como con el tercer sector y la ausencia de ellos con carácter permanentes.

Los Ayuntamientos nos hicieron partícipes de los protocolos de actuación con especial incidencia en esa campaña de la coordinación con los centros de salud, de cara a la prevención de la Covid-19.

Son importantes los que se lideraron por los Ayuntamientos a través de los Servicios Sociales Comunitarios en el que participan todos los agentes sociales y económicos relacionados con la atención de las personas desplazadas en las campañas. En algunos municipios estas actuaciones de coordinación se enmarcan las Comisiones Locales de Inmigración en la que participan distintos agentes sociales, que se convoca al inicio y al final de la campaña, además de cuantas veces se considera necesaria. Entre los temas a tratar se encuentra la fecha de apertura del dispositivo la coordinación de los distintos recursos para la atención de los temporeros/as desplazados a la localidad.

En la memoria del albergue de Jaén consta las actuaciones de coordinación institucional con la Junta de Andalucía, Foro de la Inmigración, Diputación Provincial, Ayuntamientos de la provincia. Se mantuvieron reuniones de coordinación y seguimiento tanto con el personal del dispositivo, policía local, así como con entidades y asociaciones del municipio relacionadas con el colectivo, con el objeto de informar y acordar la operatividad de los recursos, a fin de prestar una atención de calidad se ha trabajado en coordinación con ONGs, Policía Local, Protección Civil, otras áreas municipales (deportes, jardines) y Red de albergues de la provincia, mediante reuniones y medios técnicos para que la información y actuaciones de forma actualizada (plazas libres en la red de albergues) y coordinada.

Se coordinaron y colaboraron con entidades del tercer sector, desde las D.T. de Salud se coordinaron con estas entidades a través de los comedores y albergues, habiendo colaborado activamente en los protocolos para preservar la salud pública.

Referido a las actuaciones del Foro Provincial de la Inmigración, nos trasladaron en la provincia de Jaén el papel de este organismo de la Junta de Andalucía en la planificación de las campañas de aceituna, dada la relevancia de los/as temporeros/as migrantes en la recogida de la cosecha.

En el informe remitido se da cuenta de los participantes en el mismo así como los que componen la Comisión técnica y la Comisión Local de Inmigración. Un espacio de coordinación donde se acuerda el periodo de apertura de los dispositivos (albergues) realizándose en la Comisión Técnica un seguimiento de los trabajos previos al inicio de la campaña y el seguimiento en la atención que se ofrece, además de la evaluación en la finalización del periodo de recolección. A estas funciones se ha añadido en la campaña de referencia la organización y seguimiento de los dispositivos relacionados con la Covid-19 con el fin de evitar contagios.

Es esta la única información de la que se dispone del funcionamiento del Foro Provincial, además de las referencias de los ayuntamientos en su planificación, echando en falta por tanto mención al abordaje de los recursos residenciales existentes en la provincia, necesarios especialmente en una campaña de especial incidencia por la covid-19.

Analizado la totalidad de los informes remitidos en relación al objeto de la actuación de oficio, se nos ha transmitido el esfuerzo de los organismos requeridos por implementar actuaciones encaminadas a preservar la salud de la población y de los trabajadores/as en una campaña de recogida de aceituna de almazara, tan importante para los municipios de la provincia de Jaén. Cuestiones que fueron abordadas especialmente en las comisiones locales del inicio de la campaña.

También ponemos de manifiesto el trabajo y dedicación de todos los recursos sanitarios y personal que durante unos momentos de tanta incertidumbre pusieron en práctica protocolos en coordinación con entidades sociales, población afectada y los ayuntamientos. Sin este esfuerzo personal sabemos que no hubiese podido llevarse las medidas previstas.

Si bien los municipios que recibieron temporeros en busca de unos días de trabajo en la recogida de la aceituna hicieron un esfuerzo para poner a disposición alojamientos para esos días, se echa en falta referencias sobre un análisis en profundidad para abordar el estado del parque residencial privado y público y los equipamientos de referencia destinado a dar respuesta a a las necesidades habitacionales de las campañas agrícolas.

Ya en el informe especial redactado por el Defensor del Pueblo en el año 2001, entregado en el Parlamento de Andalucía, sobre la Recolección de la aceitunas en la provincia de Jaén: Programa de apoyo para trabajadores temporeros, se concluyó con una serie de recomendaciones, entre los que se encuentran las referidas a los lugares de alojamiento. Así, se instaba a los organismos competentes que “.. se llevase a cabo estudios e investigaciones que permitiesen formar o actualizar bases e datos que sirvan, a su vez, para conocer mejor las cifras de participantes en la recolección”. Además de la “Necesidad de ampliar la financiación con la finalidad de acometer las mejoras detectadas en relación a los recursos relacionados con el alojamiento de los temporeros”. Y la “ recomendación a la Administración Autonómica a través de las iniciativas de las distintas Consejerías, en colaboración con la Administración Central, elaborar un Programa de Alojamiento de Trabajadores Temporeros Agrícolas, que contemple medidas como la rehabilitación de inmuebles destinados a esta finalidad, promoción de unidades habitacionales de nueva planta en régimen de alquiler”

Dado que las situaciones descritas relacionadas con las dificultades para alquilar vivienda y las referidas a las condiciones de las mismas, son cuestiones que entendemos se sigue produciendo año tras año en los distintos municipios objeto de análisis, consideramos que siguen vigentes las recomendaciones recogidas en el citado informe especial.

Por tanto es necesario que este abordaje sea objeto de análisis en el contexto del Foro Provincial de la Inmigración, que dado las competencias para las que fue creado constituye el lugar idóneo para que se sensibilice y apoye a los municipios para diagnosticar las necesidades del parque residencial existente para dar cobertura a la demanda de este sector.

Actuaciones que no solo compete a las administraciones, sino también a los titulares de fincas agrícolas. Se ha de canalizar todos los esfuerzos en el contexto de la responsabilidad social empresarial que debieran de incluirlo como objeto de debate en los órganos de gobierno y asambleas que se convoquen, como puede ser el caso de las cooperativas agrícolas de los municipios.

Son todas ellas actuaciones encaminadas a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, en especial aquellos ODS y metas relacionadas con las condiciones de trabajo y el crecimiento económico (ODS 8), que propicien una agricultura sostenible desde el punto de vista social y económico. Siendo necesario incentivar las relaciones entre los distintos agentes (ODS 17) para conseguir un mundo más justo en un contexto de cultura de paz (ODS 16).