Denuncian deficiencias en el servicio de limpieza en sedes judiciales

RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)

No procede pronunciamiento sobre falta de higiene por deficiencias en el servicio de limpieza en las sedes judiciales de la provincia de Sevilla.

06-04-2020 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO

La Institución del Defensor del Pueblo Andaluz ha venido desarrollando una larga trayectoria de atención ante la situación general del funcionamiento de los órganos judiciales al igual que sobre sus instalaciones, sedes y medios materiales.

Según informaciones recibidas en distintos medios de comunicación, el Sindicado de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) ha denunciado la falta de higiene en los juzgados de la provincia de Sevilla por el concurso de la empresa de limpieza Expertus, concesionaria del servicio de limpieza en los órganos judiciales, a lo que hay que sumar las bajas por enfermedad de algunos trabajadores de esta empresa y el desabastecimiento de material de limpieza e higiene. Por ello, algunos órganos judiciales, a los que les correspondían atender estos trabajadores en situación de bajo, no están siendo cubiertos por otros, habiendo juzgados que están siendo atendidos y juzgados que llevan semanas sin limpiar ni mantener las más esenciales condiciones de higiene.

Así se hace expresa mención a los Juzgados de Coría del Río (Sevilla), en los que no se realizan labores de limpieza de ningún tipo desde el pasado 7 de enero, ni en las sedes judiciales, ni en los calabozos donde permanecen los detenidos pendientes de pasar a disposición judicial. Esta situación pone en riesgo la salud, tanto de los funcionarios de justicia, como de Policías, profesionales y ciudadanos que acuden diariamente a las sedes judiciales.

Situación parecida atraviesa los órganos judiciales ubicados en la sede judicial sita en Plaza del Duque nº 12 de Alcala de Guadaira, donde se encuentras ubicados los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción números 1 y 2 así como el Servicio Común del Partido Judicial, donde recientemente los funcionarios han dirigido un escrito denunciando “que desde hace varios meses el servicio de limpieza es insuficiente ya que los trabajadores se limitan a vaciar las papeleras y ocasionalmente limpian el suelo del baño, pero no barren el suelo ni lo friegan, no limpian el mobiliario ...”.

Más allá de la exactitud de las manifestaciones recogidas en algún medio, nos preocupa la incidencia de estas deficiencias pueda estar produciendo en las condiciones de seguridad e higiene en relación al brote del COVIT-19 que pueda afectar a los usuarios que prestan sus servicios o las personas que acuden a estas dependencias, y no solo en el concreto ámbito provincial de Sevilla sino el de toda nuestra Comunidad Autónoma.

Esta Institución considera oportuno conocer las medidas de respuesta y organizativas en el ámbito de las competencias de ordenación y gestión de medios materiales y personales de la Administración de Justicia que tiene atribuida la Junta de Andalucía, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 29 del Estatuto de Autonomía de Andalucía sobre la garantía de calidad de los servicios de la Administración de Justicia.

Es por ello que se viene a proponer, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 10 de nuestra Ley reguladora, iniciar actuación de oficio y, en el marco de las competencias atribuidas a esa Consejería en materia de Justicia, procede solicitar informe sobre la realidad del problema expuesto y sus posibles soluciones, al objeto de poder también dar cuenta a la ciudadanía y a los operadores jurídicos.

Somos conscientes de las dificultades existentes para dar cumplimiento a nuestra petición teniendo en cuenta la actual situación de excepcionalidad en la que nos encontramos tras la declaración del Estado de alarma por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. No obstante, teniendo en cuenta la trascendencia del asunto suscitado en la queja, le instamos a que conteste con la máxima celeridad posible.

26-10-2020 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO

El Defensor del Pueblo Andaluz acordó la apertura de queja de oficio para obtener información sobre la denunciada falta de higiene en algunos Juzgados de la provincia de Sevilla. En concreto, nos dirigimos a la Viceconsejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Admon. Local, habiéndose recibido informe del siguiente tenor literal:

“Con fecha 1 de diciembre de 2016 se formalizó "Contrato de servicio de limpieza de las sedes de los órganos judiciales de Sevilla y provincia, y de la sede del Instituto de Medicina Legal de Sevilla" entre la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla y la mercantil EXPERTUS MULTISERVICIOS DEL SUR, S.L., con un plazo de ejecución de veinticuatro meses.

Estando previsto en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares el mutuo acuerdo de las partes para celebrar la prórroga, con fecha 1 de diciembre de 2018 se suscribió la prórroga del mencionado contrato, con un plazo de ejecución de 24 meses que finaliza el 30 de noviembre de 2020.

• En el Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato se establecía, entre otras cuestiones, que

"Específicamente, aparte de lo anteriormente expresado, el adjudicatario del contrato quedará obligado:

- A ejecutar directamente el contrato, no pudiendo, ceder ni traspasar directamente o indirectamente el servicio objeto del contrato, con la excepción de las labores de fumigación (desinfección, desinsectación y desratización).

- A aportar los materiales a emplear en los trabajos de limpieza según los que correspondan en cada caso, así como las máquinas, aparatos y utensilios que al efecto se precisen, debiendo reunir todo ello las adecuadas condiciones para su efectivo y esmerado servicio.

- A facilitar al personal adscrito a la ejecución del contrato las prendas de trabajo y uniformes necesarios a tal fin".

• Durante la ejecución del contrato se advirtieron carencias en la prestación del servicio, así como el desabastecimiento puntual de material de higiene y limpieza, lo que implicaba el incumplimiento de las obligaciones en cuanto al suministro de materiales por parte de la empresa adjudicataria del contrato, y ello a pesar de las numerosas reclamaciones realizadas por parte de la Secretaria General Provincial de Justicia de la Delegación Territorial de Sevilla.

• Así mismo, en noviembre de 2019, se llevó a cabo una huelga de 9 días por parte de los trabajadores de la empresa de limpieza por retrasos en el pago de las nóminas.

• Mediante Auto del Juzgado de lo Mercantil n.º 5 de Barcelona, de 2 de enero de 2020, se declara el concurso (voluntario) de EXPERTUS MULTISERVICIOS DEL SUR, S.L.

Tras la declaración del concurso, los trabajadores de la empresa han seguido prestando sus servicios, manteniéndose carencias en la prestación de los servicios contratados, motivadas en parte por las limitaciones de disponibilidad económica en la empresa (derivada de su propia situación concursa!). No obstante, por la Delegación Territorial de Sevilla se tenía conocimiento de que la contratista estaba en negociaciones para la cesión del referido contrato de limpieza a otra empresa, que se haría cargo de las obligaciones pendientes y de la plantilla de trabajadores.

La situación existente obligó a la Delegación Territorial, de forma excepcional, a suministrar material básico de limpieza y desinfección en numerosos Juzgados de Sevilla y la provincia.

La referida operación mercantil se culmina el 27 de marzo de 2020, elevándose a público el documento privado de cesión del contrato de limpieza de EXPERTUS MULTISERVICIOS DEL SUR, S.L. a favor de FISSA FINALIDAD SOCIAL, S.L., según escritura otorgada ante notario de Arroyo de la Luz (Cáceres), bajo el número de su protocolo 534.

Mediante Resolución del Delegado Territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local en Sevilla se acordó la aceptación de la cesión de todos los derechos y obligaciones del contrato de servicios de "Limpieza de las sedes de los órganos judiciales de Sevilla y provincia, y de la sede del Instituto de Medicina Legal de Sevilla", expediente 8/2016, otorgado por EXPERTUS MULTISERVICIOS DEL SUR, S.L. a favor de FISSA FINALIDAD SOCIAL, S.L., de conformidad con la documentación aportada y en los términos recogidos en el artículo 226 del Real Decreto Legislativo 3/ 2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, habiéndose prestado el servicio con normalidad desde dicha fecha.

• Con independencia de lo anterior, en virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, siendo objeto de sucesivas prórrogas. Desde ese momento, tanto la Administración General del Estado como la Administración autonómica han dictado múltiples disposiciones con instrucciones relativas a las medidas higiénico-sanitarias a adoptar en diferentes ámbitos para conseguir unos niveles óptimos de seguridad en orden a atajar la pandemia COVID-19, entre ellas:

- Orden del Ministerio de Justicia JUS/ 394/ 2020, de 8 de mayo, por la que se aprueba el Esquema de Seguridad Laboral y el Plan de Desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19.

- Guía de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local sobre medidas preventivas en las sedes judiciales y fiscales de la Comunidad Autónoma de Andalucía frente al COVID-19.

- Guía de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local sobre medidas de prevención frente al COVID-19 en las salas de vistas de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

- Resolución de la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal, de 8 de junio de 2020, por la que se establecen los servicios del personal al servicio de la Administración de Justicia con motivo de la pandemia COVID-19.

• En el marco de las nuevas necesidades derivadas de la aparición del COVID-19, se han llevado a cabo a cargo de la Delegación Territorial de Sevilla actuaciones urgentes de limpieza y desinfección en profundidad ante situaciones confirmadas o diagnosticadas de COVID,a cargo de una empresa especializada, así como por la propia empresa de limpieza, en diversas sedes judiciales y otros centros de trabajo de Sevilla y la provincia, así como compra de material de limpieza y desinfección complementario para atender la nueva situación sanitaria.

Para poder hacer frente a lo dispuesto en las resoluciones adoptadas por la Administración pública en materia de limpieza para la prevención de nuevos contagios de COVID-19 en los órganos judiciales, se apreció la necesidad de ampliar el horario de los servicios prestados por la empresa de limpieza en un número concreto de sedes judiciales y elevar los niveles higiénico-sanitarios, aumentando las frecuencias de limpieza, horarios e incidiendo en otros aspectos no contemplados inicialmente en el contrato, como la exigencia de limpieza y desinfección en las salas de vistas entre un juicio y otro, o la limpieza de los espacios de trabajo compartidos en las sedes judiciales en el periodo que media entre la finalización del turno de mañana y el inicio del turno de tarde.

A la vista de que la pandemia COVID-19 ha sido del todo imprevisible y que la posterior normativa emanada para su erradicación hacia imposible mantener la prestación inicialmente contratada en sus términos, dadas las nuevas exigencias higiénico-sanitarias, al amparo de lo previsto en la cláusula décima del contrato firmado y en el articulo 219 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el órgano de contratación propuso introducir modificaciones en el contrato por razones de interés público en los casos y en la forma previstos en el título V del Libro 1, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo 211 del citado texto legal, las cuales han sido aceptadas por la empresa .

En virtud de ello ambas partes han acordado, hasta la fecha de extinción de la prórroga del contrato, el 30 de noviembre de 2020,el incremento de la prestación de los servicios de limpieza y desinfección en los órganos judiciales, en los términos que se recogen en la memoria justificativa suscrita por la Secretaria General Provincial de Justicia, de fecha 18 de junio de 2020, en hasta un 10% del precio del contrato en virtud de las circunstancias expresadas,ascendiendo el importe de dicha modificación a la cantidad máxima de 253.193,77 euros, IVA incluido. Este acuerdo tiene vigencia desde el pasado 15 de julio”.

A tenor de dicha información, se considera que no procede un pronunciamiento formal en modo de Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz. De ahí que procedamos a concluir nuestra intervención, sin perjuicio de desplegar las actividades de seguimiento que el caso aconseje.