El Ayuntamiento interviene ante presuntas infracciones urbanísticas

El Defensor del Pueblo Andaluz da por concluidas sus actuaciones al conocer que se ha ejecutado la orden dictada por el Ayuntamiento de Carmona.

El interesado nos indicaba en su escrito de queja que llevaba varios años denunciando ante el Ayuntamiento de Carmona (Sevilla) las construcciones, según él ilegales, que se estaban ejecutando en el inmueble donde tenía su residencia. En concreto, denunciaba que este inmueble estaba formado por cinco viviendas, cuatro del mismo propietario, que las dedicaba al alquiler, y la suya. En esas cuatro viviendas se venían ejecutando, desde hacía siete años, diversas obras que, para él, afectaban a la seguridad y salubridad del inmueble (por ejemplo, la construcción de una escalera de metal que se apoyaba sólo en la pared del patio común; la construcción de un baño en la azotea y los conductos de aguas residuales se habían conectado al bajante de aguas pluviales, que caen al patio común, lo que originaba fuertes olores y restos de aguas residuales; la colocación de un aparato de aire acondicionado encima del portal común).

De las denuncias que había efectuado al Ayuntamiento sólo había recibido respuesta a la ejecución de la escalera a la azotea, que el Ayuntamiento declaró ilegales, pero desconocía si se había abierto un expediente sancionador, en qué estado de tramitación se encontraba éste o si se había producido la legalización de estas obras.

La solución que le había dado el Ayuntamiento era “abrir una puerta a la calle, transformando una ventana, para aliviar estos problemas (no tendríamos que atravesar el patio para acceder a nuestra vivienda). Aunque aceptamos y presentamos una propuesta, pensando sólo en poder vivir tranquilos, tampoco nos pareció muy lógico que un Ayuntamiento ofrezca esta solución alternativa en lugar de multar y hacer respetar la legalidad urbanística a los dueños del inmueble”.

En ese intervalo de tiempo, el problema de salubridad del inmueble por el baño construido en la azotea aumentó: los “inquilinos del inmueble, llegaron a romper la solería del patio para que el agua sucia procedente del baño (orín, heces) cayeran dentro del agujero creado, bajando como he explicado por el cañillo destinado a aguas pluviales”. Denunciaron estos hechos tanto ante la Policía Local como ante la Delegación Municipal de Salud, pero tampoco obtuvieron respuesta.

Tras admitir a trámite la queja y dirigirnos al Ayuntamiento de Carmona, éste nos comunicó, en un primer informe y respecto a cada cuestión lo siguiente, en síntesis:

a) Respecto de la escalera situada en el patio, se había incoado expediente de protección de la legalidad urbanística, requiriendo la legalización de la misma y el denunciante había tenido acceso al expediente y conocía el requerimiento de legalización al propietario, aunque había mostrado su disconformidad con la resolución emitida; en todo caso, había sido informado de todos los trámites por parte municipal.

b) Respecto al baño en la azotea, el Ayuntamiento había incoado expediente por motivos de salubridad y ornato público relativo al mal estado de la red de saneamiento del inmueble. En una visita realizada en agosto de 2015, se comprobó que las condiciones de seguridad de la vivienda no eran las adecuadas, por lo que se ordenó su desalojo, que se produjo ese mismo mes de agosto.

c) Aparato de aire acondicionado: en una visita de inspección en diciembre de 2015, los técnicos municipales observaron la instalación de la máquina exterior del aparato de aire acondicionado “colocada en la ventana de la fachada del inmueble en primera planta, encima de la puerta de acceso al mismo, suspendida mediante alambres de la reja. La fijación del aparato es insuficiente y por tanto el mismo no se encuentra en condiciones de seguridad”. Por ello, ordenaron el desmontaje de dicho aparato en un plazo de tres días.

Posteriormente, en un segundo informe que interesamos, el Ayuntamiento nos indicó que el aparato de aire acondicionado había sido ya retirado, añadiendo que el técnico municipal competente había acreditado que se ha aportado certificado de seguridad y solidez de la vivienda, así como la idoneidad de sus instalaciones, por lo que estimaban que se había dado cumplimiento a lo ordenado en el Decreto de Alcaldía.

Así las cosas, entendimos que había quedado normalizada la situación urbanística del inmueble y dimos por concluidas nuestras actuaciones.