Ella y su hija habían sido desahuciadas: finalmente, le adjudican una vivienda de alquiler social

Solicitado informe al Ayuntamiento de Cádiz, se nos participó que la situación que refería la interesada se les había planteado en otros casos similares, pues esta dificultad venía siendo habitual con la crisis económica que se venía padeciendo pues la mayor parte de las familias que solicitaban apoyo para adquirir una vivienda en régimen de alquiler no contaban con ingresos reglados y en ocasiones ni siquiera otra vía de ingresos como podía ser la procedente de la economía sumergida. Estas no podían demostrar solvencia económica por carecer de nómina o similar. Además en su mayoría las familias no contaban con red de apoyo familiar que les pudiera facilitar una persona que las representasen como avalista, siendo ésta la clave y la dificultad principal a la hora de poder formalizar un contrato de arrendamiento. La norma del Ayuntamiento no permitía a ningún miembro de la corporación ser avalista en ningún caso.

Se nos informó que la medida que se había adoptado con el anterior equipo de gobierno, al objeto de facilitar a las unidades familiares que alquilasen una vivienda en el mercado libre, había sido un compromiso por escrito firmado por la concejala, donde se mencionaba que la delegación asumiría el coste del mes en fondo y mes corriente y ,si se valoraba técnicamente, apoyo periódico en la renta del alquiler. Este documento lo presentaban en las inmobiliarias como garantía y en numerosos casos se había conseguido su fin. En el caso de la interesada se le facilitó dicho documento pero no se había conseguido encontrar a la inmobiliaria que lo aceptase.

Transcurrido un tiempo, contactamos con la interesada para conocer la evolución de su situación y nos comunicó que ésta había cambiado pues se le había adjudicado una vivienda en régimen de alquiler social.

Al encontrarse el asunto solucionado, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

La interesada exponía que era madre soltera de una niña de 17 años y que fue desahuciada de su casa, por no poder pagar el alquiler, ya que sólo trabajaba paseando a una anciana dos veces por semana, siendo su sueldo de 80 euros al mes.

Pese a esta desesperada situación, la única ayuda que se le prestaba por parte del Ayuntamiento de Cádiz era el pago del 90% del alquiler de una vivienda. Podría parecer suficiente ayuda, pero el problema lo encontraba cuando la mayoría de las inmobiliarias, al conocer que el pago lo realizaba la asistencia social, se negaban a facilitarle una vivienda, y las pocas que lo admitían, requerían de un fiador con una nómina del cual no disponía.