Hemos pedido información sobre la situación de los juzgados de Barbate, en Cádiz

RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)

Nos informan de las medidas paliar el déficit de funcionamiento en los juzgados de Barbate.

16/05/2021 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO

Desde hace varios años venimos asistiendo con creciente preocupación a la continua y progresiva recepción de escritos de queja, dirigidos por ciudadanos y profesionales del ámbito de la Administración de Justicia, presentando sus reclamaciones sobre variados aspectos del funcionamiento de los órganos judiciales radicados en Andalucía.

Estas quejas son, entre otros indicadores, ejemplos claros de algunos de los graves problemas que afectan a la Administración de Justicia y que han sido motivo de análisis específicos por parte de las Memorias del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) y del propio Defensor del Pueblo Andaluz, a través de sus Informes Anuales al Parlamento, junto a los propios diagnósticos de las distintas Consejerías que han tenido atribuidas las competencias en materia de Justicia.

Sin embargo, entre la variedad de supuestos y órganos afectados, esta Institución procura realizar un imprescindible ejercicio de análisis en razón de su gravedad y de su trascendencia para los derechos y libertades afectados. La amplitud de los problemas que se desprenden en las quejas exige una priorización a la hora de destacar aquellos casos que, por la entidad del asunto planteado o por la frecuencia a la hora de implicar a órganos judiciales concretos, despiertan una especial atención y suscitan la consecuente necesidad de procurar una respuesta prioritaria.

Así, haciendo referencia a un concreto expediente de queja 20/4911, el interesado nos trasladaba que en el Procedimiento de Familia que se sigue a su instancia ante el Juzgado de 1ª Instancia nº1 de Barbate, se acordó mediante resolución de fecha 29 de junio de 2018 medidas provisionales en relación a su hijo de 5 años, que aún siguen vigentes al no haberse dictado sentencia. Que por tal motivo lleva mas de 2 años esperando el juicio y posterior sentencia firme con respecto a unas medidas provisionales impuestas por el juzgado en relación a su hijo autista de 5 años.

A este respecto fuimos informados por la Fiscalía Provincial de Cádiz que “… la vista fue celebrada en el año 2018, quedando pendientes por practicar diligencias finales .. que en agosto de 2020 el Juzgado, al apreciar la falta del correspondiente Informe del Fiscal, envía resolución interesando la emisión del mismo el 21-10-2020. Por todo lo anterior, se considera que debido a un defecto en la tramitación, ha existido una demora en el procedimiento, la cual se prevé que sea solucionada en un breve lapso de temporal ...”.

Posteriormente se amplia dicha información en el siguiente sentido: “En fecha 13-1-2021 se acordó mediante Diligencia de Ordenación dar traslado de los autos para dictar la oportuna Sentencia, que recayó en fecha 8-2-2021. Tras contacto telefónico con el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Barbate, confirman que la resolución ha sido notificada a las partes”.

El informe inicial de la Fiscalía se trasladó al Consejo General del Poder Judicial, cuya Jefatura del Servicio de Inspección ha evacuado el informe con las siguientes valoraciones:

“Indudablemente, la tramitación de este procedimiento ha estado paralizada injustificadamente durante más de dos años. Ahora bien, han concurrido una serie de factores que han tenido incidencia en la correcta tramitación del procedimiento aludido; en concreto, el juzgado tan solo dispone de dos funcionarios para dar trámite a los asuntos civiles, plantilla que no es suficiente para tramitar el elevado número de asuntos civiles (en fase contenciosa y en ejecución) que tiene pendientes desde hace varios años y que motivó la apertura del expediente de seguimiento núm. 3546/2018 por el Servicio de Inspección al objeto de conseguirla reducción del número de demandas pendientes de incoar y de los escritos civiles pendientes de proveer, seguimiento que continua abierto debido a que aún tiene escritos pendientes de proveer que tuvieron entrada en el año 2018.

Además, el juzgado tiene que atender al Registro Civil y realizar el servicio de guardia en semanas alternas. Por otra parte, la plantilla del juzgado está compuesta por funcionarios interinos que presentan una grave falta de formación con evidentes dificultades en la correcta gestión de su trabajo. Y, por último, el sistema de gestión procesal Adriano carece de un sistema de alertas para detectar este tipo de incidencias.

Para tratar de paliar las deficiencias de plantilla que presenta, el órgano ha solicitado a la Delegación de Justicia de Cádiz de la Junta de Andalucía, a través del Secretario Coordinador Provincial de Cádiz, que se autorice la prolongación de la jornada de un gestor y un tramitador, que ha sido denegada.

En atención a cuanto antecede, cabe concluir que la disfunción que motiva la queja objeto del presente informe obedece a la situación que presenta el juzgado, que es muy difícil desde hace años y que responde a causas estructurales, teniendo en cuenta que la jueza titular y el juez sustituto del órgano judicial superan el indicador de dedicación y el órgano judicial no disfruta de ninguna medida de refuerzo”.

Como puede comprobarse, la situación que hemos intentado poner de manifiesto, transciende los problemas individuales expresados en cada queja y supone un grave déficit que afecta a la ciudadanía, que se ve impelida a acudir a los órganos judiciales en cuestión, suponiendo una disfunción que en nada favorece a la credibilidad de la Justicia y su Administración.

Por tanto, la denegación de la medida de medios personales a tenor de la situación del órgano judicial, ha sido determinantes para motivar la incoación de la queja de oficio a los efectos de conocer de mano de la referida Delegación Territorial, responsable en materia de Justicia, los motivos de dicha denegación, así como las posibles medidas que en su caso estimen oportuno adoptar para abordar la situación.

Es por ello que, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 10 de nuestra Ley reguladora sobre la posibilidad de iniciar actuación de oficio, y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 29 del Estatuto de Autonomía de Andalucía sobre la garantía de calidad de los servicios de la Administración de Justicia, en el marco de las competencias atribuidas a esa Consejería en materia de Justicia, procede solicitar informe sobre la realidad del problema expuesto y sus posibles soluciones, al objeto de poder también dar cuenta a la ciudadanía y a los operadores jurídicos que a nosotros se han dirigido.

24/10/2022 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO

La presente queja de oficio fue incoada tras la tramitación del expediente de queja 20/4911 en la que detectamos un posible deficit de funcionamiento en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Barbate, agravado por la denegación de medios personales.

Toda vez que esta situación trascendía los problemas individuales expresados en cada queja, suponiendo un grave déficit que afectaba a toda la ciudadanía que se ve impelida a acudir a los órganos judiciales en cuestión, fue determinantes para motivar la propuesta de incoación de la queja de oficio a los efectos de conocer los motivos de dicha denegación, así como las posibles medidas que en su caso estimen oportuno adoptar para abordar la situación.

Evacuada dicha petición por la Viceconsejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, se nos traslada la carga de trabajo existente en los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción nº1 y 2 de Barbate, del refuerzo de la plantilla y del Plan de choque de reactivación, así como la medida de prolongación de jornada, formación del personal (fijos e interinos), y sobre todo la creación del Servicio Común del Partido Judicial (SCPJ). Se recoge en el documento enviado que no se considere de momento el incremento de un nuevo órgano judicial

Dicho informe es del siguiente tenor literal:

“En respuesta a su escrito sobre la queja de referencia, relativa a la situación de dotación de personal del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Barbate, el cual fue objeto de expediente de queja (Q20/4911) debido a la dilación excesiva en el tiempo de un procedimiento en materia de familia, y previa solicitud de información ala Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal, le informo de lo siguiente:

- El Decreto 98/2019, de 12 de febrero, par el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, regula en el artículo 11 las competencias de la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal, entre las que se encuentra:

"1. En materia de organización, demarcación judicial y recursos humanos:

a) La propuesta de demarcación y planta judiciales, en los términos establecidos en el Estatuto de Autonomía para Andalucía y la Ley Orgánica del Poder Judicial.

b) La promoción de la creación de juzgados especificos de Violencia sobre la Mujer y las secciones de la Fiscalía que correspondan.

c) La propuesta del modelo, organización e implantación de la oficina judicial y fiscal, así como las relaciones de puestas de trabajo del personal al servicio de la Administración de Justicia, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y demás normas de aplicación.

d) El diseño, implantación y aplicación de sistemas de control de calidad en la organización de la Administración de Justicia.

e) El ejercicio de las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma de Andalucia con relación al personal funcionario de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, incluido su régimen jurídica y retributivo, en los términos establecidos en la ley Orgánica del Poder Judicial y demás disposiciones aplicables.

f) La relación de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local con los organizaciones sindicales representativas del personal de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia y la coordinación de las procesos de elección de órganos de representación del personal.

h) EI nombramiento del personal funcionario interino y propuesta de nombramiento de personal temporal de los servicios de apoyo de la Administración de Justicia.

k) EI diseño, en colaboración con el Instituto Andaluz de Administración Pública, de los programas y actividades formativas del personal al servicio de la Administración de Justicia"

Entre las posibles soluciones que pudieran plantearse para paliar el problema expuesto en el escrito de queja se encuentra la de llevar a cabo actuaciones de crecimiento, tanto en órganos judiciales como en plantilla, y para adoptar este tipo de medidas en un determinado partido judicial, debe atenderse a criterios objetivos de carga de trabajo o dificultad en la tramitación, que justifiquen dicho incremento.

En este sentido, en cuanto a la situación de carga de trabajo del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Cádiz, según los datos extraídos de la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia, Ceuta y Melilla, el partido judicial al que pertenece el referido Juzgado, durante el ejercicio 2019, en el ámbito civil presentó la mejor carga de trabajo de la provincia de Cádiz, a excepción del partido judicial de San Roque que contó con unas cifras parecidas. Por su parte, en el ámbito penal, dicho partido judicial tuvo un menor ingreso de asuntos que otros partidos judiciales de la zona tales como los de El Puerto de Santa María, Arcos de la Frontera, San Fernando o San Roque. Asimismo cuenta con menor carga laboral que, prácticamente, toda la provincia de Málaga.

En el ejercicio 2020, año que ha estado marcado por la situación de pandemia generada por el COVID-19, el partido judícial de Barbate tuvo menor carga de trabajo que toda la provincia de Cádiz, Málaga o Almería. Respecto al ámbito penal, este partido judicial ingresó un número menor de asuntos que partidos como los de Arcos de la Frontera, el Puerto de Santa María, San Fernando o San Roque.

Pese a que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Barbate presenta una carga laboral ligeramente superior al Juzgado de Primera Instancia e instrucción nº 2, la situación es muy similar, y por todo ello, no se plantea en este momento incremento de órganos judiciales en dicho partido.

En referencia a la plantilla que conforma el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Barbate se ha detectado un error en la información facilitada a esa Institución por la Delegación Territorial de esta Consejería en Cádiz, siendo el dato correcto el siguiente:

- 2 plazas del cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa

- 4 plazas del cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa

- 2 plazas del cuerpo de Auxilio Judicial

Este Juzgado tiene la misma composición que otros Juzgados similares que atienden el Registro Civil.

Con relación a un mayor refuerzo de la plantilla, tal y como indicó en su informe la Delegación Territorial de Cádiz, este órgano judicial ya cuenta con una persona del cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de refuerzo, al mismo tiempo que está incluido dentro de los planes de choque de reactivación de la Administración de Justicia que se están desarrollando en este año y que conllevan una prolongación de jornada, retribuida como servicios extraordinarios, durante tres días a la semana con una duración de tres horas, y en la que participan tres personas de los cuerpos de la Administración de Justicia.

En cuanto a la solicitud que el Juzgado indica haber realizado en su día para participar en las medidas de prolongación de jornada en la primera actuación de refuerzo que se llevó a cabo de septiembre a diciembre de 2020, para reactivar la Administración de Justicia tras la crisis sanitaria generada por el COVID-19, se indica que dicho plan se elaboró para apoyar aquellas jurisdicciones más afectadas por la situación que la crisis sanitaria había generado y que previsiblemente iban a contar con una mayor entrada de expedientes, provocando una situación de saturación judicial. Estas jurisdicciones eran principalmente la mercantil y la social, así como la del ámbito penal. En esta primera fase de la actuación no estaban comprendidos los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.

No obstante, tras valorar la situación y los buenos resultados de las medidas llevadas a cabo en el 2020, durante el 2021, no sólo se ha continuado con las actuaciones de refuerzo sino que se han ampliado a Juzgados Mixtos en los que se detectan necesidades, estando incluido el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Barbate. En la selección de órganos judiciales objeto de esta medida han participado los Secretarios Coordinadores de las provincias, así como las organizaciones sindicales con representación en el sector a las que se dio traslado de dicho listado.

Por tanto, a día de hoy este juzgado cuenta con el refuerzo suficiente para poner al día los asuntos que pudieran estar pendientes.

Sobre el personal interino perteneciente al Juzgado se indica que pese a que las plazas de este órgano judicial se piensan para su cobertura por personal titular por los medios de provisión de puestos legalmente establecidos, sí se observa una alta incidencia de personal interino en la composición de la plantilla de este Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Barbate. No obstante, y por las fechas en las que se han llevado a cabo los nombramientos (enero de 2004, noviembre y diciembre de 2014, marzo de 2018, febrero y abril de 2019 y febrero de 2020) la mayoría del personal, dado el tiempo transcurrido, debe tener experiencia suficiente en la realización de sus funciones.

En referencia a la falta de formación de este personal se informa que si bien, tal y como se desprende del artículo 11.1.j) del Decreto 98/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Turismo Regeneración, Justicia y Administración Local. Se atribuye a la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal, el diseño, en colaboración con el Instituto Andaluz de Administración Pública (IMP), de los programas y actividades formativas al servicio de la Administración de Justicia, es el IMP, mediante su plan de formación, el que se encarga de impartir las acciones formativas correspondientes. A través de la Resolución de 21 de diciembre de 2020, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se publica el Plan de Formación Corporativa para 2021 y se convocan determinados cursos de los Programas de Formación General y de Formación de Justicia, se ha programado para la Administración de Justicia un total de 116 acciones formativas específicas, que dan lugar a 2.269 horas de formación, y en las que hay previstas un total de 3,840 plazas.

Al mismo tiempo, el personal de la Administración de Justicia puede participar de la formación general prevista en el plan, conformado por un total de 135 acciones formativas y con un total de plazas de 494600.

A la formación anteriormente expuesta, proporcionada por el lAAP, esta Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local pone a disposición del personal de la Administración de Justicia a través de la plataforma de informática judicial “Portal Adriano”, a la que todos tienen acceso, una serie de acciones formativas. Todas estas acciones suponen un número aproximado de 1.149 horas formativas y cuentan, además, con tutorización desde el Servicio de Informática Judicial de la Dirección General de Infraestructuras y Sistemas.

De esta formación, que se ha señalado con antelación, pueden participar, tanto el personal funcionario titular como el interino.

Junto a todo lo anterior, y con objeto de mejorar el servicio que se dispensa a la ciudadanía y agilizar las actuaciones judiciales, desde la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal, se está ultimando el procedimiento correspondiente para dotar al partido judicial de Barbate con un servicio común de partido judicial, estando a la espera de la autorización del Ministerio de Justicia, por lo que su puesta en funcionamiento efectiva puede producirse en los próximos meses.

Con ello se sigue la linea de actuación acordada en la Comisión Mixta de Cooperación y Coordinación entre el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y la entonces Consejería de Justicia y Administración Publica de la Junta de Andalucía, donde se decidió en las sesiones celebradas durante los días 29 de enero, 22 de febrero y 28 de mayo de 2001, la creación en todos los partidos judiciales de Andalucía con dos o más juzgados (exceptuados los de las capitales de provincia) de unos servicios comunes (en adelante SCPJ) que asumieran las funciones propias del decanato del partido judicial y las propias de un servicio común de notificaciones y embargos, denominados servicios comunes de partido judicial. Tal decisión fue informada favorablemente por el Consejo General del Poder Judicial en su reunión de 19 de junio de 2001.

La necesidad de la creación de estos servicios comunes deriva de los perjuicios que para el correcto funcionamiento de los órganos judiciales supone que estos tengan que asumir la realización de los actos de comunicación. Estos actos consumen gran cantidad de recursos humanos y de tiempo del juzgado, y su no cumplimentación lleva aparejado un elevado número de suspensión de actos procesales y juicios por falta de emplazamientos. Por tanto, desde la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal se ha considerado necesario poner en funcionamiento estas unidades judiciales en determinados partidos, entre ellos el partido judicial de Barbate.

Por último, informar que desde la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal se valoran de forma continua los estudios de cargas elaborados desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma Andaluza, Ceuta y Melilla, así como se tienen en cuenta otros factores que puedan afectar al buen funcionamiento de los órganos judíciales,

Respecto al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Barbate hay que concluir que a día de hoy se encuentra reforzado y que de los estudios de carga no se desprende la necesidad de creación de nuevos órganos judiciales en dicho partido. No obstante, próximamente se pondrá en marcha el servicio común de partido judicial que supondrá beneficios y mejoras en la gestión judicial”.

A tenor de dicha información procedemos al cierre del presente expediente.