Impulsamos la inclusión social de la población migrante como clave en el abordaje de los flujos migratorios

Constatada la incidencia de la figura del arraigo social como vía de regularización administrativa de las personas migrantes que han decidido instalarse en nuestra región, la interpretación de los criterios establecidos legalmente para el acceso a esta residencia son por tanto especialmente relevantes.

Así en la tramitación de sendos expedientes de queja remitidos a esta Defensoría por personas afectadas por las dificultades en la tramitación de los informes de inserción social, preceptivos para este tipo de autorizaciones para quienes no tuvieran vínculos con residentes legales, desde esta Defensoría detectamos importantes discrepancias en los criterios observados por los Ayuntamientos, competentes para la elaboración y entrega de los mismos.

Las cuestiones más relevantes y con más incidencia giraban en torno a la exigencia de requisitos no recogidos en la legislación, tales como la carencia en el padrón de los municipios competentes, acreditar la permanencia sólo mediante el certificado de empadronamiento o exigir documentos como el certificado de antecedentes penales o documentación bancaria que en ningún caso se recogen en la normativa de aplicación.

Asimismo constatamos en la gestión de estas quejas que las Corporaciones no se ajustaban al plazo legalmente establecido, ésto es, treinta días desde que se registrara la solicitud.

En este contexto y en el marco de nuestras competencias se procedió a la apertura de queja de oficio en la que solicitamos la colaboración de los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y la Diputación de Cádiz para que nos informaran sobre aquellas cuestiones en los aspectos que habíamos considerado más relevantes:

• Criterios tenidos en cuenta para valorar la integración de los solicitantes, tomando especial interés la documentación requerida para acreditar el tiempo de residencia en territorio español.

• Información sobre el número de expedientes iniciados en 2020 y 2021, así como el sentido de la resolución, favorables o no y los que se encuentran en trámite de resolución.

• Tiempos medios de respuesta en la emisión de los informes.

• Dificultades con las que se encuentran a la hora de emitir los mencionados informes.

Accediendo a nuestra petición todas las Administraciones consultadas han atendido nuestro requerimiento y remitido los datos requeridos. Una vez estudiados los informes observamos que todos los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes se ajustan a los criterios y requisitos establecidos en la legislación de aplicación.

De los informes recibidos por los ayuntamientos requeridos se observa que se ajustan a la normativa de referencia, si bien, en el emitido por la Diputación Provincial observamos que en varios de los municipios de la provincia se requería documentación que no se exige en la legislación, detallamos a continuación las irregularidades detectadas:

• Certificado de antecedentes penales (Alcalá del Valle).

• Certificado de empadronamiento histórico colectivo con tres años de antigüedad (Benaocaz)

• Certificados de Empadronamientos.

• Contratos de trabajo, título que habilita para la ocupación de la vivienda, certificado de antecedentes penales, certificado de asociaciones, donde haya colaborado o haya recibido algún tipo de formación, certificado de titularidad de cuenta bancaria y citas médicas (Bornos).

• Carencia de seis meses de padrón en Jimena

• Entre la documentación que es requerida a las personas solicitantes del informe de inserción social en Puerto Serrano, se refieren a, certificado de empadronamiento de los últimos cinco años o el certificado de antecedentes penales, tanto en España como en sus países anteriores de residencia durante los últimos cinco años.

Ante esta información formulamos Recomendación para que en su servicio de auxilio material a las Corporaciones que lo solicitaran informaran sobre los criterios y plazos regulados tanto en la legislación como en las instrucciones elaboradas al respecto. Resolución aceptada por la Diputación que nos confirmaba en su respuesta que había trasladado nuestro posicionamiento a las Corporaciones.

Tras el estudio de todas las respuestas ponemos también de manifiesto que las consideraciones realizadas por los equipos redactores de los informes respecto a las dificultades y aportaciones de mejora que se tendrán en cuenta por esta Defensoría en el contexto de los pronunciamientos emitidos y de Informe Anual que cada año se eleva al Parlamento de Andalucía.

Aprovechamos asimismo esta ocasión para reconocer el trabajo de las personas responsables de las implementación de las distintas políticas públicas, especialmente de quienes atienden a las personas más vulnerables, dado que con su buen hacer se afianza la credibilidad de la ciudadanía en los servicios públicos, en un contexto de “buena administración” favoreciendo con ello el sistema de derechos que nos amparan.

Concluimos este expediente de queja incidiendo en la consideración de la inclusión social de la población migrante como una clave en el abordaje de los flujos migratorios en acuerdos de ámbito internacional como el Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular, La Agenda 2030 y más recientemente en el Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, donde se ha apostado por una coordinación global que requiere la implicación de todas las Administraciones que atiendan a las personas que deciden migrar desde una perspectiva holística.

En esta línea de intervención, la Estrategia Andaluza para la Inmigración; 2021-2025: inclusión y convivencia, orientada a la inclusión social e integración de la población inmigrante,establece que la integración es un proceso multidimensional, identificando cuatro áreas claves: empleo, educación, inclusión social y participación activa en la sociedad.

Por otra parte los derechos de los migrantes han sido objeto de desarrollo por la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y fijadas metas para superar las dificultades de estas personas para alcanzar los derechos que le son inherentes. Distintos factores interseccionan dificultando el acceso en igualdad de condiciones al goce de derechos y recursos sociales, por lo que podemos decir que existe una relación directa entre la migración y la desigualdad en todos los niveles.

Se reconoce asimismo la contribución de las personas migrantes al desarrollo sostenible del planeta contemplando esta realidad en 11 de los 17 ODS, sugiriendo la importancia de este fenómeno en relación al principio de que “nadie se quede atrás”, una promesa central y transformadora para el Desarrollo Sostenible.

La Agenda 2030 contiene referencias directas a la migración. Algunos de ellos en el ODS 8 Y 10. Las metas del ODS 8 tienen como objetivo promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios. Por su parte las metas del ODS 10 (Reducción de Desigualdades) hace mención a la gobernanza de la migración como una herramienta necesaria para una migración más segura, más ordenada y más regular.