Impulsamos que el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía resuelva la reclamación del interesado

Se recibía en esta Institución escrito del interesado a través del cual exponía que presentó reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía que fue admitida a trámite.

Mediante notificación de fecha 05 de junio de 2025, el Consejo acordó ampliar el plazo máximo de resolución en tres meses adicionales, alegando acumulación de expedientes y falta de recursos personales, lo que extendía el plazo hasta el 14 de septiembre de 2025.

Explicaba que pasado este plazo seguía sin recibir resolución alguna por lo que consideraba que el retraso en la resolución comprometía sus derechos fundamentales de acceso a la información pública (Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía) y de protección de datos personales (RGPD).”

Admitimos a trámite la queja y solicitamos la colaboración del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía para solicitarle la resolución expresa, sin más dilaciones, de la reclamación presentada por la parte promotora de la queja.

Desde el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía se nos informó de que se habían incumplido los plazos legalmente fijados para dictar resolución en relación a la reclamación presentada por el promotor de la queja, justificando tales retrasos en un exceso de carga de trabajo y una carencia de suficientes medios personales para su atención.

Finalizaba el informe indicando que “En todo caso, se informa de que se procederá a la tramitación del expediente en cuestión a la mayor brevedad posible.”

Dado que en el citado informe se asumía el compromiso de dar respuesta a la reclamación con la mayor brevedad posible, entendimos que el hecho que motivó la presentación de queja se encontraba en vías de ser solucionado, confiando en que dicha Resolución se produzca en un plazo razonable.

No obstante, en el escrito que dirigimos al Consejo le indicábamos la necesidad de adoptar cuantas medidas sean necesarias para solventar los problemas de carencias dotacionales que le impiden dar cumplimiento a los plazos legalmente estipulados.