Investigamos deficiencias en el Registro Civil de Algeciras

La Institución del Defensor del Pueblo Andaluz ha venido desarrollando una larga trayectoria de atención ante la situación general del funcionamiento de los órganos judiciales al igual que sobre sus instalaciones, sedes y medios materiales.

Así, tanto en el seno de la queja de oficio 24/2899 en relación a los “Problemas estructurales de los Registros Civiles en la provincia de Cádiz” -donde recibimos el informe emitido por la Encargada del Registro Civil de Algeciras-, como en diferentes queja individuales (p.ej. Q24/7966), se nos ha trasladado las dificultades que encuentran los ciudadanos para obtener una cita ante el Registro Civil.

Aprovechando la oportunidad de la celebración de una Mediación señalada por el Área en Algeciras el pasado día 21 de octubre, se consideró conveniente concertar una visita al Registro Civil de Algeciras.

En primer lugar, fuimos recibidos por la Magistrada Encargada del Registro Civil en su despacho durante algo más de una hora, donde comentamos el contenido de su informe que obra en la referida queja de oficio, los pros y contras de las decisiones a las que dicho informe hace referencia, basadas en su experiencia, las peculiaridades del Registro Civil de Algeciras, las numerosas quejas que resuelve sobre el funcionamiento del Registro Civil, y el problema que se avecina con la instalación del DIGIREC (donde le informan otros Registros Civiles de la falta de presupuesto para realizar una volcado de la información previa), nueva aplicación informática que está suponiendo un retraso en el trabajo ya que los funcionarios deben recibir formación.

Posteriormente, nos trasladamos a las Oficinas del Registro Civil, donde durante otra hora más aproximadamente nos entrevistamos con los funcionarios, que nos trasladan su malestar por el trato que reciben, las condiciones en las que trabajan, la supresión del poder trabajar alguna tarde, y que con la carga de trabajo que tienen han de destinar parte de la mañana en la formación para la nueva aplicación informática.

De todo ello, lo que más nos preocupa es la ubicación de la oficina y la accesibilidad que tiene cualquier ciudadano de llegar directamente a las mesas de los funcionarios sin ningún filtro de seguridad.

Si entramos por la puerta principal del edificio donde se ubican los órganos judiciales, tanto el Registro Civil como el Juzgado de Guardia de Violencia de Género se encuentra en el sótano, si bien por la parte trasera del edificio ambos órganos se encuentran en la planta baja con un acceso directo desde la calle.

Dicho acceso directo consiste en dos entradas, una al Registro Civil y otra al Juzgado de Guardia de Violencia de Género, donde al parecer debe de haber un Agente de la Guardia Civil, pero que según los funcionarios cuando está, siempre está dedicado al Juzgado de Violencia, pudiendo comprobar durante la visita tal extremo. En ese momento había una Agente de la Guardia Civil dentro de la Oficina del Juzgado de Violencia, y un ciudadano que llegaba al Registro pudo entrar hasta una de las mesas de una funcionaria que estaba atendiendo a otra persona con objeto de solicitar información.

Los funcionarios se quejan de que esto ocurre a diario, ya que los ciudadanos acuden sin cita para informarse o para expresar sus quejas, y les interrumpen y retrasan en las citas que están atendiendo.

De otro lado, las ventanas que dan luz a la oficina tienen que tener bajadas las persianas, ya que las personas que están esperando o que llegan, reclaman golpeando los cristales para que se les atienda o para expresar sus quejas, e incluso se producen alborotos de personas que están esperando el resultado de alguna diligencia del Juzgado de Guardia de Violencia.

Por lo tanto, nos preocupa la incidencia en las condiciones de accesibilidad y seguridad que puedan afectar tanto a las personas que acuden a estas dependencias, como a los propios funcionarios.

Esta Institución considera oportuno conocer las medidas en el ámbito de las competencias de ordenación y gestión de medios materiales y personales de la Administración de Justicia que tiene atribuida la Junta de Andalucía, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 29 del Estatuto de Autonomía de Andalucía sobre la garantía de calidad de los servicios de la Administración de Justicia.

Es por ello que se viene a proponer, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 10 de nuestra Ley reguladora, iniciar actuación de oficio y, en el marco de las respectivas competencias atribuidas al Juzgado Decano de Algeciras y la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública en materia de Justicia, procede solicitar informe en relación a las cuestiones planteadas y sus posibles soluciones, al objeto de poder también dar cuenta a la ciudadanía y a los operadores jurídicos.