Investigamos la demora en la resolución de Pensiones No contributivas en la provincias de Sevilla y Málaga

RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)

Adoptarán medidas para evitar retrasos en la resolución de las Pensiones no Contributivas, de Jubilación e Invalidez, en Andalucía.

01-04-2019 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO

Se han recibido en esta Institución en los últimos meses treinta y siete quejas en las que se denuncian los retrasos y problemas que están surgiendo en los expedientes de solicitud de Pensiones No Contributivas, tanto de Jubilación, como por Incapacidad. Las personas que se han dirigido a esta Institución muestran su disconformidad con la tardanza en tramitar y resolver estas solicitudes por parte de la Administración de Igualdad y Políticas Sociales, localizándose la problemática fundamentalmente en las provincias de Sevilla y Málaga.

Asimismo, basan sus denuncias en el hecho de ser personas que se encuentran en una difícil situación personal en el plano económico, en muchos casos rayando la situación de emergencia social, ante la ausencia de algún tipo de percepción económica para su supervivencia, teniendo que ser socorridos en muchos de estos casos por los servicios sociales municipales o por entidades privadas de asistencia social.

Tras admitirse a trámite todas estas quejas, se solicitaron los preceptivos informes a las Delegaciones Territoriales correspondientes en razón del lugar de residencia de los afectados, respondiéndose por parte de estos organismos que las solicitudes de PNC solicitadas estaban grabadas y/o en trámite, o que se había requerido al solicitante la aportación de documentación complementaria y que debido al volumen de peticiones recibidas aun no habían podido ser estudiadas y resueltas.

No obstante lo anterior, una de las respuestas que más nos alarmó al analizar su contenido fue un informe emitido por la Delegación Territorial de Málaga, en el que se afirmaba "que el plazo para la resolución de la PNC es de tres meses, pero tras una revisión superficial del expediente se comprueba que es posible que se proceda al requerimiento de documentación relacionada con el patrimonio personal procedente de (…), por lo que es posible que dicha resolución se retrase como parte del procedimiento".

Este proceder es contrario al derecho a una buena administración garantizado en el art. 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía e incumple la obligación de observar los plazos legalmente establecidos para la resolución de estas peticiones por parte de la Administración de Igualdad y Políticas Sociales.

Con independencia de ello, a esta Defensoría le preocupa especialmente la realidad social existente detrás de cada una de estas quejas que se reciben denunciando la tardanza en resolver el derecho que se reconoce a estas personas a percibir una Pensión, porque es la de personas en una situación desesperada, bien por tener cargas familiares que no admiten demora, bien por ser personas que no tienen a ningún familiar que las auxilien y que nos manifiestan que están viviendo en unas circunstancias lamentables.

Sea como fuere, para todas ellas la posibilidad de que les sea concedida la Pensión No Contributiva solicitada es, probablemente, su única esperanza para poder afrontar con dignidad alguna opción de futuro, pues no debemos olvidar que se trata de personas mayores, con más de 65 años, en los caso de PNC de Jubilación o, en los casos de PNC por Incapacidad, de personas con enfermedades invalidantes que les impiden el desempeño de cualquier posible trabajo.

Es decir, quejas que ponen de manifiesto situaciones de extrema necesidad y que producen una clara alarma social, por lo que son cuestiones que entendemos no pueden demorar su resolución y deben ser atendidas con la urgencia que la cuestión debatida demanda.

Ante estas circunstancias, y aunque en las respuestas que nos traslada la Administración, así como en alguna comunicación aclaratoria que nos ha remitido, se da respuesta formal a estas situaciones vinculadas siempre a cuestiones burocráticas, y dado que éstas no sólo no se solventan, sino que por las quejas que venimos recibiendo apreciamos que van aumentando, se hace preciso realizar una intervención ante la Administración responsable para garantizar el derecho de este sector de población, especialmente vulnerable, a acceder en los plazos legalmente establecidos al reconocimiento y pago de una Pensión No Contributiva.

Por cuanto antecede, se inicia Actuación de Oficio en base a lo establecido en el art.1.1, en relación con el art. 10.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre del Defensor del Pueblo Andaluz, para dirigirnos a la Dirección General de Personas Mayores y Pensiones No Contributivas, de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, a fin de darles traslado de la problemática descrita para que sea conocedora de la misma y al objeto de esclarecer los hechos referidos que devienen de la actuación de una Administración Pública, que afectan a los derechos que se derivan para la ciudadanía del art. 103.1 de la Constitución Española y del art.133 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, solicitando que se nos facilite información al respecto a la mayor brevedad, de conformidad con lo establecido en el art. 18.1 de nuestra Ley reguladora.

26-09-2019 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO

Con fecha 13 de septiembre de 2019 recibimos respuesta de la Viceconsejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, a la Resolución formulada que, tras su valoración, consideramos aceptada, por lo que procedemos a dar por concluidas nuestras actuaciones en el presente expediente de queja.

No obstante, en relación con la sugerencia de la citada Viceconsejería de dar traslado al Defensor del Pueblo de las Cortes Generales de la situación existente respecto a la gestión de las PNC, a nivel estatal, a fin de que pudiera instar la “necesaria reforma legislativa que conlleve la modificación del procedimiento de control anual” de estas prestaciones, así como “la necesidad de disponer de un sistema único de gestión informática de prestaciones” y “de cruces coordinado a nivel nacional para la agilización de los procedimientos de revisiones anuales y revisiones de oficio”, asumimos con el mayor interés la propuesta planteada, procederemos a dar traslado de las mismas a la Institución estatal y a trabajar, coordinadamente con la misma, para que se puedan hacer efectivas con prontitud.